Las autoridades de Bahréin deben conmutar inmediatamente las condenas a muerte impuestas a dos hombres que corren riesgo inminente de ejecución, ha declarado hoy Amnistía Internacional, advirtiendo de que la dura respuesta a las protestas contra tres ejecuciones llevadas a cabo mediante pelotón de fusilamiento el 15 de enero podría sumir al país en una crisis de derechos humanos.
Amnistía Internacional insta a las autoridades bahreiníes a que conmuten inmediatamente las condenas a muerte de Mohamad Ramadhan y Husain Ali Moosa, impuestas en diciembre de 2014 tras un atentado con explosivos cometido en febrero de ese año en el pueblo de Al Deir en el que murió un policía. Ninguno de los condenados tuvo acceso a un abogado durante su interrogatorio. Mohamed Ramadhan dijo que los interrogadores del Departamento de Investigación Criminal lo habían sometido a incomunicación y le habían infligido golpes y descargas eléctricas en un infructuoso intento de obtener una confesión forzada. Hussain Ali Moosa afirmó, por su parte, que su “confesión”, en la que incriminaba a Mohamed Ramadhan, fue obtenida tras colgarlo del techo por las extremidades y golpearlo reiteradamente durante varios días. La fiscalía general de Bahréin rechazó las denuncias de tortura sin ordenar una investigación, y la “confesión” de Hussain Ali Moosa se utilizó para declarar culpables a ambos hombres.
“Además de conmutar estas condenas a muerte, las autoridades de Bahréin deben decretar inmediatamente una moratoria oficial de las ejecuciones. La pena de muerte es el castigo cruel e inhumano por antonomasia, y no tiene cabida en un país que afirma estar comprometido con los derechos humanos”, declaró Lynn Maalouf, directora adjunta de Investigación en la oficina regional de Beirut de Amnistía Internacional.
Las autoridades de Bahréin deben asimismo adoptar medidas inmediatas para impedir que el país quede sumido en una crisis de derechos humanos después de las protestas desencadenadas por la ejecución de tres hombres mediante fusilamiento el 15 de enero. Las autoridades han respondido con el uso de fuerza excesiva y la imposición de restricciones arbitrarias crecientes a los medios de comunicación, ha declarado hoy Amnistía Internacional. La organización ha advertido también de que otros dos condenados a la pena capital,Mohamed Ramadhan Issa Ali Hussain y Hussain Ali Moosa Hussain Mohamed, corren asimismo riesgo inminente de ser ejecutados.
“Bahréin está en plena ebullición. Los centenares de bahreiníes que han salido a la calle a protestar por estas escandalosas ejecuciones, que se llevaron a cabo en medio de denuncias de tortura y después de juicios injustos, se han encontrado con el uso excesivo de la fuerza de las fuerzas de seguridad, así como con la escalada de las medidas de represión en curso contra la libertad de expresión”, prosiguió Lynn Maalouf.
“Instamos a las autoridades de Bahréin a que respeten el derecho de reunión pacífica y a que ordenen a las fuerzas de seguridad que se abstengan del uso de fuerza excesiva contra los manifestantes. El uso arbitrario y abusivo de la fuerza por la policía y las medidas draconianas contra la libertad de expresión sólo agravarán un deterioro ya peligroso de la situación de los derechos humanos.”
Centenares de personas salieron a la calle para protestar por las ejecuciones el 15 de enero de Ali Abdulshaheed al Sankis, Sami Mirza Mshaima y Abbas Jamil Taher Mhammad al Samea, condenados en un juicio injusto en relación con la muerte en marzo de 2014 de tres policías.
Testigos presenciales de Bahréin dijeron a Amnistía Internacional que aunque algunas de las protestas habían sido pacíficas, otras se tornaron violentas. Las mayores protestas estallaron en Sanabis, localidad natal de los tres ejecutados, y fueron seguidas de grandes protestas en los pueblos de Duraz, Sitra y Al Daih, a las que respondieron las fuerzas de seguridad con el uso de gas lacrimógeno y escopetas de perdigones. Testigos presenciales dijeron a Amnistía Internacional que habían visto a agentes de seguridad en Sanabis lanzando gas lacrimógeno directamente a los manifestantes, causando heridos. En Duraz, numerosos manifestantes resultaron heridos por los perdigones de las fuerzas de seguridad.
Un testigo presencial dijo a Amnistía Internacional que los agentes amenazaron a los manifestantes con “ejecutarlos como a los tres hombres”. Al menos dos policías y decenas de manifestantes resultaron asimismo heridos en los enfrentamientos, y se incendió un edificio municipal de Shamalia, al sur de la capital, Manama.
Munir Mshaima, hermano de Sami Mshaima, uno de los tres ejecutados, fue detenido junto al cementerio de Al Mahouz inmediatamente después del funeral de su hermano e interrogado por “insultar al rey” durante la ceremonia. Quedó en libertad al día siguiente.
El 16 de enero, el Ministerio de Información ordenó la suspensión de la edición en Internet del periódico independiente Al Wasat debido a sus “reiteradas emisiones incitando a la discordia en la sociedad y al espíritu de sedición, perturbación de la unidad nacional que afecta a la paz pública.”
Información complementaria
Las autoridades de Bahréin intensificaron su represión de la libertad de expresión y de asociación en 2016. Encarcelaron al destacado defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab y disolvieron el principal partido de oposición, Al Wefaq, cuyo secretario general, Sheikh Ali Salman fue condenado a nueve años de prisión y a cuyo líder espiritual Sheikh Issa Qassem le fue retirada arbitrariamente la nacionalidad.
El Tribunal de Casación de Bahréin confirmó el 9 de enero las condenas a muerte de Ali Abdulshaheed al Sankis, Sami Mirza Mshaima y Abbas Jamil Taher Mhammad al Samea. Asimismo, confirmó las condenas a cadena perpetua de otros siete hombres y la revocación de la nacionalidad de ocho de ellos. Los 10 habían sido declarados culpables, en un juicio injusto, del homicidio de tres policías acaecido en marzo de 2014.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida.
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