La prohibición dictada ayer del Partido Comunista en Ucrania constituye una violación flagrante de la libertad de expresión y asociación, y debe ser anulada de inmediato. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
El Tribunal Administrativo de Distrito de Kiev concedió la petición del ministro de Justicia ucraniano de que se prohibiera el Partido Comunista. El partido ya no podrá funcionar oficialmente ni participar en las elecciones locales.
“La prohibición del Partido Comunista en Ucrania sienta un precedente muy peligroso. Esta decisión supone un retroceso, y no un avance, en el camino de Ucrania hacia la reforma y hacia un mayor respeto por los derechos humanos”, ha manifestado John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Esta decisión supone un retroceso, y no un avance, en el camino de Ucrania hacia la reforma y hacia un mayor respeto por los derechos humanos.
John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional
En virtud de cuatro nuevas leyes adoptadas en mayo de 2015, conocidas colectivamente como leyes de “descomunización”, el exhibir símbolos comunistas o nazis puede dar lugar a procesamiento penal y a hasta diez años de prisión. Además, esta legislación prohíbe explícitamente el uso del término “comunista”. Sin embargo, el Partido Comunista de Ucrania se ha negado a cambiar su nombre, su logo o su carta fundacional.
Las autoridades ucranianas ya trataron de prohibir el Partido Comunista el año pasado. Poco después de que finalizaran las protestas de Euromaidán a principios de 2014, el partido fue acusado de financiar a los separatistas pro rusos del este de Ucrania. El Servicio de Seguridad de Ucrania afirmó haber proporcionado pruebas de ello al Ministerio de Justicia, que en julio de 2014 presentó una moción para prohibir el partido.
Los procedimientos no llegaron a término porque el juez designado para el caso optó por abandonarlo en 2015, alegando presiones de las autoridades, que habían registrado su despacho y habían confiscado archivos relativos al caso.
La decisión de las autoridades ucranianas de prohibir el Partido Comunista exclusivamente por su nombre y por el uso de símbolos de la era soviética viola el derecho a la libertad de expresión y asociación, y sienta un peligroso precedente en la vida política de Ucrania. En 2015 tuvo lugar una oleada de homicidio por motivos políticos que han quedado sin resolver, y se acosó a periodistas y medios de comunicación conocidos por criticar al actual gobierno.
El 16 de septiembre, las autoridades ucranianas publicaron una lista de personas a las que se prohibía entrar en el país, y entre las que se encontraban decenas de periodistas, en su mayoría de Rusia.
“Quienes la promueven, pueden considerar que la decisión de hoy aborda los vestigios dañinos del pasado soviético. Sin embargo, lo que hace es exactamente lo contrario, pues sigue el mismo tipo de medidas draconianas utilizadas para sofocar la disidencia”, ha manifestado John Dalhuisen.
“El poder expresar tu opinión sin miedo a ser procesado, especialmente si dicha opinión es contraria a las mantenidas por quienes ocupan el poder, era uno de los principios que subyacían bajo las protestas de Euromaidán. Eliminar el Partido Comunista va en contra de esos ideales.”