Los refugiados y solicitantes de asilo somalíes que viven en Kenia se encuentran en un callejón sin salida como consecuencia de la represiva campaña contra el terror emprendida por el gobierno, ha manifestado Amnistía Internacional, mientras las fuerzas de seguridad continúan deteniendo a miles de ellos en Nairobi.
El registro de refugiados somalíes en Kenia se encuentra en gran medida interrumpido desde 2011, por lo que muchos con derecho a que se los reconozca como tales no pueden conseguir la documentación consiguiente, sin la cual pueden ser devueltos a Somalia, donde están expuestos a sufrir abusos contra los derechos humanos.
“Millares de refugiados y solicitantes de asilo somalíes viven en una situación imposible: pueden ser detenidos y expulsados por no estar registrados, pero les resulta sumamente difícil hacerlo”, ha explicado Michelle Kagari, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para África. “El gobierno keniano está castigando a los refugiados y los solicitantes de asilo por estar en la tierra de nadie que ha creado jurídicamente, sin tener en absoluto en cuenta sus derechos humanos.” Algunos refugiados somalíes han contado a Amnistía Internacional que se sufren intimidación, palizas y detención ilegal a manos de las fuerzas de seguridad, que durante la semana pasada llevaron a cabo registros casa por casa en los barrios predominantemente somalíes.Ahmed, de 26 años, a quién el 7 de abril llevaron al estadio de fútbol de Kasarani para comprobar su documentación tras detenerlo en su casa, dijo: “Llegaron a mi casa en plena noche y me pidieron los papeles. Tenía el documento de identidad caducado. Dijeron que el documento no era auténtico, y comenzaron a darme golpes y patadas, y luego me llevaron a Kasarani.”
Los solicitantes de asilo no registrados están especialmente expuestos, aunque también se ha detenido arbitrariamente, amenazado y maltratado a personas con la documentación en regla.
Mohamed, detenido el 6 de abril cerca de Eastleigh, zona de Nairobi predominantemente somalí, dijo a Amnistía Internacional: “Me abordaron cuatro policías, que me pidieron el documento de identidad. Les enseñé la tarjeta de refugiado, y dijeron que no valía para nada. Me pidieron 35.000 chelines kenianos (400 dólares estadounidenses). Como no los tenía, me dijeron que era al Shabab y me obligaron a ir con ellos.” Estuvo detenido en el estadio de Kasarani, donde llevan a muchos refugiados para seleccionarlos antes de trasladarlos a una comisaría de policía toda la noche. Lo dejaron en libertad al día siguiente, junto con otras 47 personas, pero ya no tiene documento de identidad.
“Cuando nos llevaron de nuevo a Eastleigh no me devolvieron mi documentación de refugiado. Me dijeron que volviera a Kasarani al día siguiente, pero cuando me presenté, dijeron que volviera otra vez”, explica.
Los refugiados y solicitantes de asilo sin documento de identidad corren el riesgo de ser detenidos. Aunque Mohamed se encuentra en Kenia legalmente, no pude circular libremente por temor a que lo detengan.
“Anoche no dormí. Ya no tengo documento de identidad, así que, si ahora mismo me detienen, no tengo nada que mostrar”, añade.
Operación contra el terrorDesde el 2 de abril, el gobierno keniano está llevando a cabo una operación contra el terror en gran escala, llamada “Rudisha Usalama” (“restablecer la paz”), en el marco de la cual ha detenido a más de 4.000 personas en todo el país, principalmente de la comunidad somalí.
“Este tipo de detenciones generales son discriminatorias y arbitrarias Marginar a comunidades enteras no es el modo de ocuparse de la inseguridad; de hecho, podría agravarla”, ha afirmado Michelle Kagari.
Las medidas represivas del gobierno contra los refugiados se han intensificado desde que, el 26 de marzo, el ministro del Interior de Kenia, Ole Lenku, emitió una directiva por la que se ordenaba a todos los refugiados trasladarse a campos superpoblados y en pésimas condiciones del norte del país. Previamente, en diciembre de 2012, el gobierno había dictado ya órdenes similares, pero el Tribunal Superior las anuló en julio de 2013. El Tribunal señaló que el realojo en los campos era contrario a la dignidad y la libertad de circulación de los refugiados y entrañaba el riesgo de que se los obligara indirectamente a regresar a Somalia. Dijo también que el gobierno keniano no había demostrado que la medida fuera a proteger la seguridad nacional.
Las medidas enérgicas actuales no sólo son contrarias a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, sino que además se aplican ilegalmente.
Ibrahim, anciano somalí de Eastleigh, ha contado a Amnistía Internacional: “El modo en que tratan a la gente consiste en obligarla a regresar a Somalia.”
En un informe de Amnistía Internacional publicado de febrero, No Place Like Home: Returns and Relocations of Somalia’s Displaced, se documenta cómo la falta de respeto de los derechos humanos y las intimidaciones generalizadas están obligando a los refugiados somalíes a marcharse de Kenia.
El 9 de abril, la embajada de Somalia en Nairobi dijo que Kenia había expulsado a 82 somalíes a Mogadiscio. Se espera que en los próximos días sean expulsados muchos más. “Estas expulsiones a una situación inestable en materia de seguridad podrían constituir perfectamente devolución (refoulement)”, ha señalado Michelle Kagari.
“La devolución de personas a lugares donde su vida o sus libertades corran peligro viola el derecho internacional de los refugiados, que Kenia está obligada a respetar.”