En un informe publicado hoy, Amnistía Internacional y el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes (ERRC, por sus siglas en inglés) han afirmado que a los niños y las niñas romaníes de la República Checa se les siguen negando las oportunidades educativas que sí se ofrecen a otros estudiantes, cinco años después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considerase a las autoridades checas culpables de discriminación.“El sistema educativo de la República Checa está incumpliendo sus obligaciones con los menores romaníes, con consecuencias demoledoras para su futuro. Miles de alumnos y alumnas romaníes se encuentran atrapados en escuelas segregadas que apenas les ofrecen oportunidades de ampliar su educación y limitan enormemente sus opciones de encontrar trabajo”, ha manifestado Dezideriu Gergely, director ejecutivo del Centro Europeo de Derechos de los Romaníes.”Lamentablemente, muchos alumnos romaníes de la República Checa están reviviendo hoy en día la experiencia de quienes presentaron la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace más de 10 años”, añadió Gergely.
El informe Five more years of injustice: Segregated education for Roma in the Czech Republic ofrece información sobre el hecho de que sigue habiendo una proporción excesiva de niños y niñas romaníes en clases y escuelas destinadas a menores con discapacidades leves y en escuelas específicas para romaníes. El informe pone de manifiesto las deficiencias del sistema educativo checo, que excluye a los menores romaníes de la educación general integrada.“En los cinco años transcurridos, el gobierno no ha abordado el problema. Esta inacción supone que el gobierno sigue incumpliendo gravemente sus obligaciones. El derecho a la educación sin sufrir discriminación se reconoce en el derecho internacional de los derechos humanos al menos desde 1948. A pesar de eso, y a pesar del fallo dictado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2007, a los niños y las niñas romaníes se les sigue negando el derecho a la educación”, ha afirmado John Dalhuisen, director adjunto del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.En noviembre de 2007, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a la República Checa por violar el derecho de los niños y las niñas romaníes a recibir enseñanza sin sufrir la discriminación que suponía enviarlos a “escuelas especiales” para menores con discapacidades mentales en la que se ofrecía educación de menor calidad.“Aunque el gobierno checo reconoció que se segregaba a los alumnos romaníes en las escuelas, hasta el momento no ha cumplido sus propios planes y compromisos para erradicarla”, ha manifestado Dalhuisen.“El sistema de enseñanza checo sigue permitiendo que sea muy fácil enviar a los alumnos a escuelas ‘prácticas’; esto afecta de modo desproporcionado a los niños y las niñas romaníes, que están presentes en esta corriente educativa en un número muy superior al que les corresponde”, ha declarado Dezideriu Gergely, del ERRC.El informe de Amnistía Internacional y el ERRC se centra en cuatro escuelas de Ostrava conocidas por tener alumnado exclusivamente romaní. Se basa en entrevistas con progenitores romaníes y sus hijos, que actualmente asisten a las mismas escuelas que los demandantes en la causa inicial D.H. and Others v. the Czech Republic.Kristián es hermano de uno de los demandantes en la causa interpuesta ante el Tribunal Europeo. Cuando estaba en cuarto curso en una escuela general de educación primaria (en la que la mayoría del alumnado no era romaní), tuvo problemas para seguir el programa de estudios. Le hicieron pruebas y se diagnosticó que sufría una discapacidad mental leve.El psicólogo le dijo a su madre que debía trasladar a Kristián a una escuela práctica con un programa de estudios reducido porque el niño “era lento”. Ni el psicólogo ni la escuela de enseñanza general ofrecieron medidas de ayuda, como apoyo individual o clases particulares tras la jornada escolar. A su hermano (Julek, ex demandante en la causa D.H. and Others v. the Czech Republic), que considera que Kristián está reviviendo su propia experiencia, le preocupan las consecuencias que esta situación tendrá en el futuro de Kristián.Los hijos de María también fueron demandantes en la misma causa. Sus cuatro hijos asistieron a una escuela especial. Ella no estaba satisfecha con la calidad de la enseñanza que recibían. “Los niños nunca traían deberes ni libros de la escuela. […] Ninguno acabó la enseñanza secundaria, y ahora están todos en el paro y dependen de las prestaciones sociales.” Cuando su nieta Laura llegó a la edad escolar, María quería que fuese a una escuela general mixta: “Quería que Laura fuese al colegio con otros niños y niñas, para que no acabe como mis cuatro hijos”.“Sin acceso a educación de calidad, los romaníes no podrán librarse de la pobreza y la marginación. Si la política educativa checa no se centra en la integración y en la eliminación de la enseñanza segregada y en condiciones desiguales, el círculo vicioso de la discriminación continuará”, ha declarado Dezideriu Gergely. “Las autoridades deben mostrar voluntad política para acabar de inmediato con la segregación escolar. Para empezar, deben aplicar el Plan Nacional de Acción sobre Educación Inclusiva y la Estrategia para Combatir la Exclusión Social, ya vigentes, ya transformar el actual sistema de “escuelas prácticas”. Además, deben garantizar que todas las medidas cumplen las normas internacionales y regionales sobre educación y no discriminación”, ha afirmado Dalhuisen.Notas para periodistasLa causa D.H. and Others v the Czech Republic fue interpuesta por 18 estudiantes romaníes de la región de Ostrava, en la República Checa, que estuvieron representados por el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes. Durante 1996 y 1999, a todos los demandantes se les habían asignado escuelas especiales para niños con dificultades de aprendizaje, en donde recibieron educación de menor calidad basada en un plan de estudios reducido. En 2000 presentaron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que el trato recibido constituía discriminación y conculcaba el artículo 14, conjuntamente con el artículo 2, del Protocolo núm. 1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que se les había negado su derecho a la educación.En una decisión adoptada en febrero de 2006, la sala del Tribunal afirmó que, aunque los demandantes habían presentado argumentos sólidos, no suponían un incumplimiento del Convenio. Tras el recurso presentado por los demandantes, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos adoptó una decisión histórica al fallar a favor de los demandantes y establecer que, al haberles negado su derecho a la educación, habían sufrido discriminación.