Resumen

Personas refugiadas de nacionalidad ucraniana se enfrentaron a actitudes xenófobas y dificultades económicas. En enero entró en vigor una definición jurídica de la violación basada en el consentimiento. Las mujeres romaníes sometidas a esterilización forzada vieron ampliada la posibilidad de reclamar una indemnización. Se aprobó una fórmula jurídica de unión de parejas del mismo sexo, aunque sin concederles plenos derechos matrimoniales y parentales. Continuaba la segregación escolar de niños y niñas romaníes. El gobierno no aprobó una ley que estableciera un marco normativo en materia climática. Las ONG se enfrentaron a reiteradas amenazas y ataques políticos. Continuaron las transferencias irresponsables de armas.