Resumen

Centenares de mujeres que habían sido sometidas a esterilización forzada seguían sin recibir indemnización plena. Se incorporó a la legislación una definición de la violación basada en el consentimiento. El Tribunal Constitucional abolió la esterilización como requisito para el reconocimiento legal de la identidad de género. El Parlamento no concluyó el proceso de aprobación de una ley por la que se habría creado una oficina del Defensor del Pueblo para la Infancia. Continuaron las transferencias irresponsables de armas. La mayoría de las personas refugiadas ucranianas que trabajaban en el país estaban sobrecualificadas para su puesto. Las políticas enfocadas a la acción climática aún eran insuficientes.