La reciente muerte de un manifestante en Turquía y las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y otros malos tratos a manifestantes deben investigarse, ha afirmado hoy (22 de octubre de 2008) Amnistía Internacional, mientras continúan las protestas en la ciudad meridional de Adana y en la oriental de Doðubeyazýt.
Las informaciones según las cuales el líder encarcelado del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) Abdullah Öcalan había sido objeto de malos tratos a manos de guardias penitenciarios han desencadenado desde el 17 de octubre manifestaciones en provincias de todo el sur y el este de Turquía, así como en Estambul. En algunos casos. después de que la policía hiciera uso de la fuerza para impedir que se celebrasen las manifestaciones, las protestas se hicieron violentas y hubo lanzamiento de piedras y de cócteles molotov contra la policía y daños a propiedades.
La policía utilizó balas de plástico y munición real para dispersar a los manifestantes. Uno de ellos, de nombre Ahmet Özhan, murió en la ciudad de Doðubeyazýt, en el este de Turquía, y muchos más permanecen hospitalizados con heridas de bala y otras lesiones, algunos de ellos en estado crítico. Muchos de los heridos son niños. Los informes indican que de 62 personas hospitalizadas, siete eran agentes de policía.
Según la Asociación Turca de Derechos Humanos, en la actualidad hay más de 200 personas detenidas en relación con las manifestaciones. Al menos hay un menor de edad recluido en un centro de detención para adultos.
Amnistía Internacional reconoce las dificultades que afrontan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando actúan en manifestaciones violentas, así como que las autoridades turcas tienen la obligación, en virtud del derecho internacional, de proporcionar seguridad a personas y propiedades. No obstante, las autoridades turcas deben cumplir estas obligaciones con arreglo a las normas internacionales, y en concreto con el principio de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo deberán emplear la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida necesaria para desempeñar legítimamente sus tareas.
“Las autoridades turcas deben garantizar que la policía no hace un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. También deben investigar sin dilación y de forma exhaustiva e imparcial la muerte de Ahmet Özhan y las denuncias de malos tratos contra otros manifestantes”, ha declarado Andrew Gardner, investigador de Turquía de Amnistía Internacional.
Las normas internacionales exigen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilicen en lo posible medios no violentos antes de recurrir al uso proporcional de la fuerza y de las armas de fuego, que sólo deben emplearse cuando otros medios resulten ineficaces. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar armas de fuego sólo cuando medios menos peligrosos resulten ineficaces y únicamente en la medida mínima necesaria, en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves.
Amnistía Internacional pide también a las autoridades que garanticen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las autoridades responsables de las detenciones respetan la prohibición absoluta de la tortura y de otros malos tratos.
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