A Amnistía Internacional le preocupan los intentos de algunos sectores del sistema de justicia penal de Brasil de criminalizar a los activistas en favor del derecho a la tierra, socavando su lucha en favor de la reforma agraria y violando sus derechos humanos fundamentales.
El origen de esta preocupación es una serie de medidas judiciales inventadas contra activistas en favor del derecho a la tierra en varios estados. En Rio Grande do Sul, fiscales y policía militar han arremetido contra el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), presentando cargos penales falsos contra ellos y llevando a cabo desalojos de tierras irregulares y abusivos. En el estado de Pará, unas sentencias jurídicamente impugnables, que pretendían socavar su trabajo, han puesto en peligro a los activistas en favor del derecho a la tierra, mientras quienes los amenazan y los matan continúan impunes.
“El boom agrícola de Brasil no debe producirse a costa de los derechos de las personas más vulnerables o de quienes las defienden”, ha dicho Tim Cahill, investigador sobre Brasil de Amnistía Internacional.
“Las autoridades federales y estatales de Brasil tienen la obligación de proteger los derechos de todos los brasileños, incluido el derecho a alimentación, agua y vivienda adecuadas.”
En Rio Grande do Sul, fiscales estatales y federales con el apoyo de la policía militar se han embarcado en una campaña cuya intención declarada es ilegalizar el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra. La campaña se ha caracterizado por la presentación de cargos penales contra miembros del MST, impugnaciones legales cuestionables y desalojos irregulares de los campamentos del Movimiento.
La policía militar estatal y los fiscales de Rio Grande do Sul han efectuado reiteradamente denuncias sin fundamento contra el MST, acusándolo, entre otras cosas, de ser una banda criminal, una organización paramilitar y una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, no han presentado ninguna prueba creíble que sustente estas acusaciones. Es más, una investigación previa de la policía federal sobre acusaciones similares vertidas por terratenientes contra el MST no encontró pruebas que las apoyaran.
Los desalojos de los campamentos del MST, aunque se han basado en órdenes judiciales, a menudo han se han efectuado con uso excesivo de la fuerza, violando así las normas mínimas que establecen el derecho a una vivienda adecuada y a no ser víctima de desalojo forzoso (como dispone el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC). El Estado tampoco ha tomado todas las medidas adecuadas para garantizar que las familias desalojadas no quedan sin techo ni son vulnerables a la violación de otros derechos humanos y que disponen de un lugar alternativo donde vivir y de acceso a tierras productivas (como dispone el párrafo 16 de la Observación general número 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
El 17 de junio, la policía militar desalojó a varias familias del MST que llevaban tres años instaladas en tierras que les habían cedido terratenientes locales en el municipio de Carazinho. Los agentes obligaron a varias familias a dejar el campamento y destruyeron cosechas, viviendas, una escuela, una iglesia y una guardería, además de dispersar el ganado. Las familias han tenido que acampar al lado de una gran carretera.
En el estado amazónico de Pará un tribunal federal condenó el 12 de junio a José Batista Gonçalves Afonso, abogado de la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica, a dos años y cinco meses de cárcel por organizar la ocupación por parte del MST de un edificio oficial y retener a unos funcionarios contra su voluntad, aunque se encontraba en el edificio negociando con los funcionarios en el momento en que el lugar fue invadido.
Los otros acusados en este mismo caso fueron multados o condenados a realizar trabajos comunitarios. Sólo en el caso de José Batista la condena fue de cárcel, aunque el juez reconoció en la sentencia que el abogado no controlaba a los manifestantes. Esto incrementa la sospecha de que el fallo pretendía socavar la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos en el estado. El abogado ha recurrido la sentencia en libertad.
En los últimos meses se han producido varios incidentes más que ponen de manifiesto la presión a la que se ven sometidos quienes luchan en favor de los derechos de las personas sin tierra en todo Brasil. En mayo, un tribunal del estado de Pará anuló la condena de un campesino acusado de ordenar el asesinato de la hermana Dorothy Stang, destacada defensora del medio ambiente y de los sin tierra. Varios destacados expertos legales y miembros del gobierno federal cuestionaron el fundamento legal del fallo.
Ese mismo mes, familias sin tierra del estado de Paraná fueron atacadas por unos hombres armados contratados que utilizaban un camión acorazado especialmente adaptado. Varios de estos hombres, empleados de la empresa de seguridad privada NF Segurança, ya habían sido acusados de participar en el asesinato de un dirigente del MST en una finca propiedad de la multinacional Syngenta en octubre de 2007. Más de un año después, una investigación de la policía federal concluyó que el personal y los directivos habían cometido diversas irregularidades. Sin embargo, NF Segurança sigue operando como empresa de seguridad, ya que ni el organismo regulador de la policía federal ni los fiscales federales han llevado a cabo el seguimiento de estas acusaciones.
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