Asistimos con horror a los terribles acontecimientos que se están produciendo en Rafá, la zona más poblada de Gaza, donde se han refugiado como último recurso 1,5 millones de personas, de las que más de medio millón son niños y niñas. Si Israel lanza la ofensiva terrestre que se propone, morirán miles de civiles más y el actual goteo de ayuda humanitaria podría parar por completo. Si este plan militar no se detiene de inmediato, las consecuencias serán catastróficas.
Los importantes daños en más del 70% de las infraestructuras civiles han reducido a escombros muchas áreas de Gaza, que son ahora inhabitables. La mayoría de los hospitales no funcionan o sólo están parcialmente operativos y totalmente desbordados. Hay escasez de alimentos, agua no contaminada, lugares donde refugiarse y saneamiento. La gente vive en condiciones totalmente inhumanas, en muchos casos a la intemperie. Es increíble que el ejército israelí haya obligado a desplazarse a la mayoría de la población a Rafá —donde ahora se hacinan seis veces más personas que antes— y anuncie después planes de atacar la ciudad.
La estrategia del gobierno israelí de traslado forzoso, sistemático y reiterado de la población civil ha ocasionado el desplazamiento forzoso de más de tres cuartas partes de la población, que en muchos casos se ha visto sin un lugar adecuado donde refugiarse ni un hogar al que regresar. Castigar colectivamente a la población civil negándole techo y alimentación adecuados, agua no contaminada y demás elementos necesarios para su supervivencia, y dificultando los envíos de ayuda humanitaria destinados a mitigar la inanición puede suponer un grave incumplimiento de las obligaciones de una potencia ocupante con arreglo al derecho internacional y constituir crímenes de guerra.
El mes pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió que Israel debía tomar medidas inmediatas y efectivas que permitan la provisión de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente en Gaza. Esto no sólo no ha sucedido, sino que la situación sobre el terreno se ha deteriorado aún más. Los ataques aéreos de Israel en Rafá mataron al menos a un centenar de personas palestinas en un solo día, desafiando tanto los llamamientos internacionales de moderación como, potencialmente, la orden de la CIJ. Hay más de un millón y medio de personas atrapadas en Rafá que no tienen un sitio seguro adonde ir, y muchas de ellas ya han sufrido varios desplazamientos. Todos los espacios israelíes supuestamente seguros se han visto en peligro, una prueba más de que jamás ha habido ningún sitio verdaderamente seguro en Gaza.
Nuestro llamamiento a un alto el fuego inmediato y permanente es más urgente que nunca, ya que el implacable bombardeo y asedio de Israel han diezmado Gaza y han dejado a la población civil palestina malnutrida, en riesgo de hambruna y plagada de enfermedades, al tiempo que se bloquean los intentos de aliviar su sufrimiento. La ofensiva del ejército israelí ha hecho que para nuestro colectivo de organismos resulte prácticamente imposible llevar a cabo de manera significativa y eficaz el trabajo humanitario, comprometiendo no sólo la seguridad, sino también los principios mismos que guían nuestras iniciativas humanitarias. Rafá ha sido el principal punto de entrada de ayuda y por tanto su bombardeo impedirá la llegada de cualquier asistencia.
El silencio de poderosos Estados, y en ocasiones su apoyo material al ejército de Israel, señalan una inquietante complicidad en el agravamiento de la crisis de Gaza. Sea mediante la transferencia de armas, la obstrucción diplomática de resoluciones o el silencio, su consecuencia en la práctica ha sido garantizar la impunidad de Israel. La desgarradora situación en Gaza subraya la necesidad urgente de que los gobiernos de todo el mundo dejen de suministrar las armas y municiones que se utilizan para cometer estas atrocidades. Pedimos también un alto el fuego permanente para proteger las vidas de la población civil y la liberación de rehenes y personas palestinas detenidas ilegítimamente, así como el acceso pleno y sin trabas de la ayuda y el personal de ayuda humanitaria.
Los Estados tienen la responsabilidad legal y moral de proteger a la población civil, impedir los crímenes de guerra y hacer cumplir el derecho internacional. Instamos a todos los Estados a que tengan en cuenta que su inacción o la continuidad de su apoyo no sólo agrava la tragedia, sino que también los implica. Les pedimos que hagan todo lo que esté en su mano para evitar nuevas ofensivas militares y conseguir un alto el fuego permanente e integral en Gaza.
Firmantes:
- Ana Alcalde, secretaria general en funciones, Ayuda en Acción Internacional
- Agnès Callamard, secretaria general, Amnistía Internacional
- Charlotte Slente, secretaria general, Consejo Danés para los Refugiados
- Manuel Patrouillard, presidente ejecutivo, Humanidad e Inclusión
- Amitabh Behar, director ejecutivo, Oxfam Internacional
- Rob Williams, presidente ejecutivo, War Child Alliance
- Faris Arouri, Director, Asociación de Agencias de Desarrollo Internacional