Ante la información verosímil recibida por Amnistía Internacional de que el Tribunal Supremo de Arabia Saudí ha confirmado en secreto sendas condenas a muerte impuestas a dos varones jóvenes que tenían menos de 18 años cuando cometieron los delitos que se les imputan, sin notificarlo a sus familias ni a sus abogados, Dana Ahmed, investigadora de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio, ha declarado:
“Abdullah al Derazi y Jalal Labbad fueron declarados culpables de cargos de terrorismo por su participación en protestas contra el gobierno en juicios manifiestamente injustos que se basaron principalmente en confesiones obtenidas bajo tortura. Las autoridades los han condenado a muerte incumpliendo sus propias promesas de acabar con el uso de la pena capital en casos de personas que fueran menores de edad cuando cometieron los delitos de los que se las acusa. Los jóvenes podrían ser ejecutados en cualquier momento una vez que el rey ratifique sus condenas, puesto que han agotado ya todos los recursos legales nacionales”.
“Pedimos al rey que se abstenga de ratificar las condenas a muerte de estos jóvenes y a las autoridades competentes que anulen dichas condenas para acabar con esta parodia de la justicia. Las autoridades deben asimismo abrir una investigación sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos de los procesados, de los que hay constancia en la documentación judicial que ha estudiado Amnistía Internacional, que incluyen palizas brutales, violencia sexual y electrocución, y que el tribunal no ha investigado.”
Información complementaria
En mayo de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí dijo en un carta a Amnistía Internacional que “se ha[bía] abolido completamente la aplicación de la pena de muerte a personas menores de edad por delitos punibles con un castigo facultativo de la ley islámica”. Según la ley islámica, no es preceptiva la pena de muerte para estos delitos, de los que han sido declarados culpables ambos jóvenes.
El 16 de octubre de 2023, un experto de la ONU expresó preocupación por la ejecución inminente de Abdullah al Derazi y pidió a las autoridades saudíes que considerasen la posibilidad de adoptar una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte y llevar a cabo una revisión sistemática de todos los casos de pena capital, sobre todo los relativos a menores de edad.
La Convención sobre los Derechos del Niño, que ha ratificado Arabia Saudí, prohíbe estrictamente el uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del delito.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada o del método de ejecución utilizado por el Estado.
Arabia Saudí es uno de los principales verdugos del mundo. Entre enero y octubre de 2023, las autoridades saudíes han ejecutado ya a 112 personas. En 2022, el reino de Arabia Saudí ejecutó a 196 personas, la cifra anual de ejecuciones más elevada registrada por Amnistía Internacional en el país en los últimos 30 años.