En respuesta a la convocatoria de organizaciones sociales de todo Perú de nuevas movilizaciones en Lima, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Amnistía Internacional pide a la presidenta Dina Boluarte y a sus ministros y ministras que manden un mensaje claro a las fuerzas de seguridad en todo el país de que su deber es facilitar y proteger el derecho a la protesta, y que no se tolerará el uso excesivo de la fuerza contra las personas manifestantes. Durante los últimos meses, la policía y el ejército han hecho uso ilegítimo de la fuerza en reiteradas ocasiones, lo que le ha costado la vida a decenas de personas. Estas espantosas escenas de represión del Estado no deben repetirse. Las autoridades deben garantizar que en ningún caso se emplean balas ni perdigones de plomo para responder a las protestas. En el caso de gas lacrimógeno, los agentes encargados de hacer cumplir la ley sólo deben recurrir a este en casos totalmente excepcionales, cuando sea estrictamente necesario, para un objetivo legítimo, de manera legal y proporcionada.”
Durante los últimos meses, miles de personas han tomado las calles para protestar. Las autoridades han respondido con fuerza letal y con un uso excesivo de fuerza menos letal, con el objetivo de silenciar y castigar a las personas que se manifiestan, en particular a las de comunidades indígenas y campesinas. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, 49 manifestantes perdieron la vida, 11 personas murieron en el contexto de los bloqueos de carretera y cientos resultaron gravemente heridas.
Estas espantosas escenas de represión del Estado no deben repetirse
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
En mayo, Amnistía Internacional publicó un informe que documentaba 25 de esas muertes y que concluyó que 20 de ellas serían ejecuciones extrajudiciales. Hasta la fecha, no se han presentado cargos contra ningún funcionario público por los delitos cometidos.
Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, ha afirmado: “Cualquier persona debería tener la libertad de hacer que se escuche su voz. Las autoridades de Perú deben garantizar los derechos a la libertad de expresión y de reunión, y abstenerse de difundir desinformación o de estigmatizar a quienes deciden ejercer estos derechos. No debe haber más personas muertas ni heridas en el marco de las movilizaciones.”
Ninguna persona debe morir en el contexto de la represión estatal o por salir a protestar. La organización reitera a las autoridades peruanas que el uso de la fuerza pública debe ser proporcional y necesario, lo cual incluye el uso del gas lacrimógeno, empleado de manera excesiva, innecesaria e ilegítima durante las últimas manifestaciones en Perú.