Desde el 7 de diciembre de 2022, Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas. Miles de personas salieron a protestar a las calles. Sin embargo, las autoridades respondieron con uso de la fuerza letal y uso excesivo de fuerza menos letal con el objetivo de silenciar y castigar a quienes se manifestaban. Este informe analiza el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y militares peruanos en respuesta a las protestas, lo que resultó en graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional y pide al Estado peruano que garantice la rendición de cuentas a los posibles responsables.
