En repuesta al anuncio de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) de la apertura de una investigación de los homicidios cometidos durante la mortífera “guerra contra la droga” del gobierno de Filipinas y de los perpetrados en Ciudad de Dávao por el presunto Escuadrón de la Muerte de Dávao entre 2011 y 2016, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, manifestó:
“Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI de autorizar una investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la terrible ‘guerra contra la droga’. Miles de personas han sido asesinadas por la policía y milicias alineadas con el gobierno, y los asesinos han gozado de casi plena impunidad.”
“El anuncio de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI envía un mensaje claro a quienes cometieron y orquestaron estos crímenes de que no eludirán la rendición de cuentas. Nadie está por encima de la ley. El gobierno de Duterte debe poner fin de inmediato al ciclo de homicidios, retirar de las filas de la policía a los partícipes y poner a disposición judicial a todos los presuntos responsables de crímenes.”
“Durante décadas, Filipinas ha sufrido la lacra de una cultura generalizada de impunidad, pero la situación ha empeorado durante la administración de Duterte con los homicidios de miles de personas presuntamente relacionadas con las drogas cometidos de forma generalizada y sistemática desde 2016. Esta investigación por fin ofrece a las víctimas una oportunidad de obtener justicia.”
A lo largo del año pasado se ha producido un aumento de las violaciones de derechos humanos en Filipinas, incluidas oleadas de homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias y reclusión de activistas de defensores y defensoras de los derechos humanos. Recientemente dos abogados murieron a manos de hombres no identificados: a Rex Fernández lo mataron a tiros en la ciudad de Cebú el 26 de agosto de 2021, mientras que a Juan Macababbad lo mataron el 15 de septiembre de 2021 en Cotabato del Sur. Fernández era miembro fundador de la Unión Nacional de Abogados y Abogadas Populares, en la que también Macababbad tenía un alto cargo.
“Ahora que Filipinas se prepara para sus próximas elecciones presidenciales en 2022, el anuncio de la CPI llega en un momento decisivo. Los derechos humanos deben estar en el centro de los debates cuando Filipinas elija a sus próximos dirigentes.”
En este momento es fundamental que la comunidad internacional dé un paso adelante. Debe apoyar la investigación de la CPI y dar a la ONU el mandato de llevar a cabo una investigación exhaustiva de la situación profundamente inquietante de los derechos humanos en el país.”
Información complementaria
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI anunció el 15 de septiembre de 2021 que ha autorizado a la Fiscalía a abrir una investigación de los delitos contra la humanidad, incluidos los asesinatos cometidos en el contexto de la mortífera “guerra contra la droga” bajo la administración del presidente Duterte, y los cometidos en la ciudad de Dávao por el presunto Escuadrón de la Muerte de Dávao entre 2011 y 2016.
Desde que empezó a gobernar Duterte, en junio de 2016, miles de personas, en su mayoría de comunidades pobres y marginadas, han sido asesinadas —por la policía o por individuos armados presuntamente vinculados a la policía— en la “guerra a las drogas” emprendida por el gobierno.
Amnistía Internacional ha publicado importantes investigaciones donde se detallan ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía y sus superiores. La organización ha determinado que estos homicidios alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad. Los homicidios continúan imparables.
A pesar de la condena de la comunidad internacional y de los grupos de derechos humanos locales e internacionales, el presidente Duterte sigue animando a matar de forma expresa y ha prometido inmunidad a la policía. En lugar de comparecer ante la justicia, los jefes de policía implicados obtienen ascensos.
Aunque el gobierno de Filipinas tiene el deber primordial de investigar eficazmente las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad, no lo ha hecho en repetidas ocasiones.
Amnistía Internacional y otros grupos de la sociedad civil han repetidamente su preocupación por el hecho de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no aborde la situación, y el mensaje tan peligroso que esto transmite.