Egipto: Varias influencers de TikTok procesadas son sobrevivientes de violencia sexual y abusos en Internet

Las autoridades egipcias deben poner fin de inmediato a su campaña represiva contra las influencers de TikTok procesadas por cargos absurdos de “indecencia” y "ofender principios y valores familiares»; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Varias de las influencers de redes sociales que están sufriendo las nuevas tácticas represivas de las autoridades mediante el control del ciberespacio para dominar el cuerpo y la conducta de las mujeres y debilitar su capacidad de ganarse la vida de manera independiente denunciaron en su día agresiones sexuales, violaciones de su derecho a la intimidad y abusos en Internet.

En lugar de controlar a las mujeres en Internet, el gobierno debería dar prioridad a la investigación de los casos generalizados de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas en Egipto y adoptar medidas efectivas para combatir la discriminación basada en el género tanto en la legislación como en la práctica.
Lynn Maalouf

Desde abril de 2020, las autoridades egipcias han detenido a 10 mujeres influencers de TikTok y las han sometido a juicio por infringir la draconiana legislación de delitos informáticos y otras disposiciones jurídicas excesivamente imprecisas que están relacionadas con la “decencia” y la “incitación a la inmoralidad”. Todas las procesadas tienen un gran número de seguidores en redes sociales, desde cientos de miles hasta varios millones. Cuatro de las mujeres fueron condenadas a penas de entre dos y tres años de prisión y al pago de elevadas multas, mientras que las otras seis están en espera de juicio.

A través de entrevistas con abogados y familiares y del examen de la instrucción de la causa y de documentación judicial en cinco casos, Amnistía Internacional ha descubierto nuevos detalles estremecedores.

“En un caso terrible, una influencer apareció en directo en Internet con hematomas en el rostro pidiendo al Estado que procesara a los hombres a los que acusaba de haberla violado. Fue detenida junto con sus presuntos agresores, y sus declaraciones se utilizaron para acusarla de ‘incitar al libertinaje’ y ‘ofender principios y valores familiares’”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora en funciones de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“En lugar de controlar a las mujeres en Internet, el gobierno debería dar prioridad a la investigación de los casos generalizados de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas en Egipto y adoptar medidas efectivas para combatir la discriminación basada en el género tanto en la legislación como en la práctica.”

En al menos dos casos más, los tribunales usaron como “prueba” contra las mujeres fotografías privadas que se habían filtrado para chantajearlas, a pesar de que ellas habían denunciado previamente los abusos a la policía.

El 29 de abril de 2020, poco después de las primeras detenciones de influencers de TikTok, la fiscalía emitió una declaración para "reafirmar su compromiso de seguir combatiendo los vergonzosos delitos que ofenden los principios y valores de nuestra sociedad", y el 2 de mayo volvió a advertir de que Egipto estaba protegiendo la “nueva ciberfrontera [...] atacada por las fuerzas del mal".

Procesadas por “ofender valores familiares” o “mostrar encantos”

Desde junio, los tribunales egipcios han condenado a las artistas de redes sociales Manar Samy y Sama El-Masry a tres años de prisión, y a Hanin Hossam y Mawada el-Adham a dos años de prisión, por los imprecisos cargos de “ofender principios y valores familiares” e incitar a la “indecencia” y al “libertinaje”. Está previsto celebrar sus vistas de apelación en las próximas semanas. Otras seis mujeres están en espera de juicio por cargos parecidos.

Las autoridades egipcias deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las influencers de TikTok y retirar los indignantes cargos en su contra. Asimismo deben anular o reformar toda legislación que, en nombre de la “moralidad” o la “decencia”, restringe la autonomía corporal, el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión y de creencias.
Lynn Maalouf

A tenor de los expedientes de caso, las sentencias y las declaraciones de las defensas, se está castigando a estas mujeres por su manera de vestir, de “influir” en la opinión pública y en los medios sociales, y de ganar dinero a través de Internet. Se han visto sentadas en el banquillo a raíz de las denuncias presentadas por hombres supuestamente ofendidos por su conducta y de las investigaciones realizadas por el Departamento de Moralidad del Ministerio del Interior.

En un caso, los tribunales usaron como prueba una fotografía en traje de baño de Sama El-Masry, bailarina de danza del vientre, para condenarla por publicar fotos y vídeos "mostrando sus encantos" y adoptar "expresiones y movimientos sexualmente provocativos".

“Las autoridades egipcias deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las influencers de TikTok y retirar los indignantes cargos en su contra. Asimismo deben anular o reformar toda legislación que, en nombre de la ‘moralidad’ o la ‘decencia’, restringe la autonomía corporal, el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión y de creencias”, ha dicho Lynn Maalouf.

“Penalizar a las mujeres por ejercer sus derechos no sólo contraviene el derecho internacional, sino que además perpetúa una cultura de desigualdad y de violencia contra las mujeres.”

Tratada como delincuente tras denunciar violación

La influencer Menna Abdelaziz, de 18 años, apareció en directo en Instagram el 22 de mayo para pedir ayuda. Tenía hematomas en el rostro y decía que había sido violada, golpeada, y grabada sin su consentimiento.

Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que anteriormente había intentado denunciar estos delitos en la comisaría de policía de Talbiya, en El Cairo, pero los agentes la habían remitido a otra comisaría porque los hechos habían tenido lugar en otra jurisdicción.

Penalizar a las mujeres por ejercer sus derechos no sólo contraviene el derecho internacional, sino que además perpetúa una cultura de desigualdad y de violencia contra las mujeres.
Lynn Maalouf

El 26 de mayo, las fuerzas de seguridad detuvieron a Menna Abdelaziz y a los seis hombres acusados de agredirla. Según la defensa de Menna, la fiscalía estuvo interrogándola durante casi ocho horas y se basó en declaraciones de las procesadas para acusarla de “ofender principios y valores familiares” e “incitar al libertinaje”.

La fiscalía criticó a las sobrevivientes de violencia sexual por “compartir” públicamente sus relatos de “atentado al pudor” en lugar de informar privadamente a las fuerzas de seguridad.

Menna Abdelaziz se encuentra actualmente en un albergue estatal para sobrevivientes de violencia y continúa sometida a investigación. Amnistía ya había expresado preocupación en relación con el funcionamiento de estos centros, incluida la imposición de restricciones a la libertad de circulación.

"Procesar a una víctima de agresión sexual que pide ayuda públicamente es un escándalo y una injusticia que puede disuadir a otras mujeres de hablar abiertamente de estos casos y denunciarlos. En su lugar, las autoridades deberían garantizar que las mujeres que han sufrido una agresión sexual disponen de recursos adecuados y oportunos, como acceso a atención médica y psicológica, y llevar a cabo investigaciones imparciales y exhaustivas sobre los delitos cometidos contra ellas”, ha dicho Lynn Maalouf.

Usar fotos privadas filtradas como "prueba"

El 15 de mayo, las fuerzas de seguridad arrestaron a la influencer Mawada el-Adham y la fiscalía ordenó su detención por varios cargos, entre ellos el de "ofender principios y valores familiares". Según el expediente de su caso, que ha podido ver Amnistía Internacional, la fiscalía presentó 17 fotografías que calificó de "indecentes" como prueba contra ella. Mawada el-Adham adujo que esas fotografías habían sido filtradas de su teléfono después de que se lo robaran en mayo de 2019. Aunque ella había denunciado el robo y la filtración de las fotos en su momento, la policía se limitó a preguntarle por qué se había fotografiado de esa manera, en lugar de investigar.

De igual modo, la fiscalía presentó fotos privadas como pruebas contra la actriz y modelo Manar Samy ante el tribunal. Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que en 2018 había presentado una denuncia contra su ex marido, al que acusaba de publicar fotos íntimas realizadas cuando estaban casados con la intención de chantajearla y obtener la custodia de la hija que tenían en común. El 29 de julio de 2020 fue condenada a tres años de prisión y una multa de 300.000 libras egipcias (unos 19.000 dólares estadounidenses). Actualmente está en libertad bajo fianza.

La osadía de ganarse la vida en Internet

La investigación de Amnistía Internacional indica que los procesamientos de estas mujeres estaban en parte relacionados con su popularidad en las redes sociales y su capacidad para ganarse la vida de forma independiente a través de TikTok y otras plataformas de redes sociales.

Por ejemplo, el examen de la sentencia de Hanin Hossam revela que el tribunal la amonestó por ganar "popularidad en las plataformas de redes sociales e influir en niñas pequeñas”. Hanin Hossam se enfrenta además a cargos de implicación en "trata de seres humanos" en relación con un vídeo publicado en Instagram en el que animaba a mujeres mayores de 18 años a publicar vídeos suyos en la aplicación Likee, que reporta beneficios en función del número de visitas. Amnistía Internacional examinó el vídeo y no encontró indicios verosímiles de que se hubiera cometido algún delito internacionalmente reconocido.

La defensa de Manar Samy dijo a Amnistía Internacional que su orden de detención estaba basada en la denuncia presentada por un abogado que calificaba sus vídeos de baile de “indecentes” y dirigidos a “llamar la atención y ganar dinero”.

La fiscalía afirmó en una declaración que unas circunstancias sociales difíciles habían llevado a Menna Abdelaziz, “con su falta de experiencia y competencia y su débil personalidad, a buscar la fama por cualquier medio".

Información complementaria

Las mujeres que defienden los derechos humanos en Egipto llevan años reclamando una reforma integral de las leyes y prácticas para abordar la violencia sexual y de género, que incluya garantías de confidencialidad y de seguridad de sobrevivientes y testigos para que se atrevan a denunciar la violencia sexual. El 8 de julio, el gobierno egipcio aprobó una enmienda de procedimiento que permite a la fiscalía omitir la identidad y datos personales de las sobrevivientes de sus expedientes en los casos de violencia sexual.