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Túnez: El Parlamento no debe impedir que se prorrogue el mandato de la Comisión de la Verdad

El 24 de marzo se celebrará una polémica votación en el Parlamento tunecino sobre la prórroga del mandato de la Comisión de la Verdad y la Dignidad hasta el término de 2018. Aunque la ley por la que se creó la Comisión confería a ésta la facultad de prorrogar su mandato hasta un año, los parlamentarios insistieron en someter la decisión a votación, en un aparente intento de impedir la prórroga.

El trabajo de la Comisión de la Verdad y la Dignidad se ha visto obstaculizado por la negación del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa a cooperar con las peticiones de información, incluido el acceso a los archivos oficiales, y a responder a citaciones.

“Es prácticamente imposible que la Comisión de la Verdad y la Dignidad finalice su trabajo en los próximos dos meses, motivo por el cual sus integrantes decidieron que necesitaban más tiempo. La ley obliga a los parlamentarios a respetar la decisión independiente de la Comisión de prorrogar su mandato”, ha dicho Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Decenas de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos han puesto su confianza en la Comisión de la Verdad y la Dignidad para ejercer su derecho a la verdad y la justicia por crímenes que han permanecido impunes durante décadas. En lugar de tratar de bloquear el trabajo de la Comisión, los parlamentarios deberían centrarse en ver la manera de facilitar y apoyar el pleno cumplimiento de su mandato, garantizando para ello la cooperación de los organismos estatales en las investigaciones.”

El 6 de marzo, Sihem Bensedrine, presidenta de la Comisión de la Verdad y la Dignidad, anunció que la Comisión había decidido prorrogar su trabajo por siete meses a partir del 31 de mayo, fecha en que termina su mandato inicial. La Ley Orgánica sobre el Establecimiento y la Organización de la Justicia Transicional, en virtud de la cual se crea la Comisión, dispone claramente en su artículo 18 que el mandato de la Comisión puede prorrogarse una vez por un año mediante “una decisión motivada de la Comisión que se presentará al Parlamento”.

Sin embargo, algunos parlamentarios cuestionaron la prórroga afirmando que exigía una votación en el Parlamento, y el 8 de marzo la presidencia de la cámara decidió que se votaría el día 24 del mismo mes.

Uno de los motivos que alegó la Comisión para su decisión de prorrogar su mandato fue la falta de cooperación de órganos del gobierno como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

“Los organismos estatales, en concreto los ministerios de Interior y Defensa, están obstaculizando la labor de la Comisión de la Verdad y la Dignidad al no responder a las preguntas que ésta les formula o no permitirle acceder a los archivos estatales, incluidos los archivos de tribunales militares y los de la policía secreta. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que estos organismos responden cabalmente a las peticiones de información y a las citaciones de sus funcionarios.”

La Comisión de la Verdad y la Dignidad está habilitada para remitir directamente los casos que ha investigado a los tribunales de lo penal. El 2 de marzo, la Comisión remitió el primer caso de desaparición forzada a las salas de justicia especializadas, pero la unidad de investigación de la Comisión ha estado investigando cientos de casos más de víctimas de violaciones tales como muerte bajo custodia, tortura y detención secreta y arbitraria, y necesita más tiempo para remitirlos a los tribunales, y también para terminar de elaborar su informe final.

“La verdadera prueba de fuego del proceso de justicia transicional de Túnez será hacer efectivo el derecho a interponer recursos de las víctimas que han esperado décadas para conseguir la verdad y la justicia, y que estos juicios se lleven a cabo de forma imparcial, transparente e inclusiva.”

Información complementaria

Desde que comenzó a funcionar, en 2014, la Comisión de la Verdad y la Dignidad ha celebrado sesiones en todo Túnez y ha recibido más de 62.000 casos de abusos contra los derechos humanos. La Comisión se creó en virtud de la Ley Orgánica sobre el Establecimiento y la Organización de la Justicia Transicional de diciembre de 2013. El mandato de la Comisión es descubrir la verdad sobre los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos que se perpetraron entre 1955 y 2013. Otras funciones de su mandato son el arbitraje en casos de delitos económicos, la creación y administración de un programa de reparaciones individuales y colectivas, la elaboración de recomendaciones para garantizar que no se repitan delitos cometidos en el pasado y la reforma de las instituciones del Estado implicadas en la perpetración de violaciones de derechos humanos, lo que incluye proponer que se verifiquen los antecedentes de miembros de instituciones del Estado.