Con ella, decenas de millones de personas quedan a merced de un sistema poco transparente, que prácticamente no rinde cuentas y que está por encima de la ley.
Nicholas Bequelin, director de Amnistía Internacional para Asia Oriental
Tras haberse difundido hoy la noticia de que la Asamblea Nacional Popular china ha aprobado la Ley de Supervisión, el director de Amnistía Internacional para el Asia Oriental, Nicholas Bequelin, ha declarado lo siguiente:
“La nueva Ley de Supervisión constituye una amenaza, desde dentro del sistema, para los derechos humanos en China. Con ella, decenas de millones de personas quedan a merced de un sistema poco transparente, que prácticamente no rinde cuentas y que está por encima de la ley. Se deja a un lado a las instituciones judiciales, creando un nuevo sistema paralelo que gestiona exclusivamente por el Partido Comunista Chino, y que carece de mecanismos externos de control.
Esta ley vacía de contenido el sistema judicial chino. En virtud de ella, quedan permitidas las detenciones arbitrarias en régimen de incomunicación durante largos periodos y sin necesidad de una verdadera supervisión, con lo que aumenta el peligro de tortura y de ‘confesiones’ forzadas.
Según el nuevo sistema, los organismos de supervisión pueden detener e interrogar a personas del Partido Comunista y de la administración pública, es decir, casi a cualquiera que trabaje, directa o indirectamente, para el gobierno. Podrá detenerse sin cargos, durante periodos de hasta seis meses, sin informar a las familias y sin ningún proceso legal a jueces, docentes universitarios y personal de empresas estatales, que tampoco tendrán garantizado el acceso a abogados.”
Información complementaria
El sistema conocido como Liuzhi (retención bajo custodia) va a reemplazar al muy criticado e informal sistema Shuanggui, que regula en la actualidad la disciplina interna en el Partido Comunista Chino.
En noviembre de 2017, el gobierno chino publicó el anteproyecto de Ley de Supervisión, que fue sometido a consulta. En la información que Amnistía Internacional remitió formalmente al respecto, la organización instaba al gobierno chino a retirar el anteproyecto y reformarlo para armonizarlo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la Ley de Supervisión aprobada ahora por la Asamblea Nacional Popular (órgano legislativo chino), presenta los mismos motivos de preocupación, aunque con ligeros retoques.
Días antes de que la Asamblea Nacional Popular aprobara la Ley de Supervisión, aprobó también una enmienda constitucional que permitía la creación de la Comisión de Supervisión, de ámbito nacional. Así, de conformidad con la Constitución la Comisión de Supervisión se encuentra por encima del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía General.