“El nuevo proyecto de ley que penalizaría a las ONG que apoyen la migración es un ataque muy preocupante e injustificado a la sociedad civil”, ha declarado Amnistía Internacional.
El incumplimiento de los requisitos estará penado con multas, la suspensión e incluso la disolución de las ONG que trabajen sobre la migración. El paquete legislativo presentado anoche ante el Parlamento exige una autorización de seguridad nacional y un permiso del gobierno para las ONG que “apoyan la migración”.
Los intentos apenas disfrazados de estigmatizar a ciertas ONG se han convertido ahora en un ataque frontal completo que amenaza la misma existencia de organizaciones que hacen una labor crucial en Hungría, incluida Amnistía Internacional.
Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa
“Esta ley daría al gobierno carta blanca para atacar a ONG con el pretexto más débil. En realidad, estas propuestas no tienen nada que ver con la protección de la seguridad nacional o de las fronteras, sino que su objetivo es amordazar a quienes trabajan para ayudar a personas en situación de necesidad y se atreven a alzar la voz”.
En virtud de esta legislación, el gobierno húngaro “identificaría” a las ONG que considere que “apoyan la migración”. La ley exigiría a las ONG que obtengan la autorización del ministro del Interior para llevar a cabo sus funciones básicas. Esta labor incluye hacer actividades de campaña, “influir en los tribunales”, preparar material informativo, organizar redes y reclutar a personas voluntarias con el objetivo de patrocinar, organizar o apoyar por otros medios la entrada y estancia de personas que buscan protección internacional. El ministro del Interior acudiría a los servicios de seguridad nacional para obtener una autorización de seguridad, trámite que podría durar hasta nueve meses.
La proposición de ley exigiría a las organizaciones el pago de un impuesto del 25% sobre todas las cantidades que reciban de otro país destinadas a “apoyar la migración”. De no hacerlo, serían objeto de medidas tan graves que podrían desembocar en la imposición de exorbitantes multas, en la quiebra y en la disolución de la ONG.
Las propuestas son contrarias a la obligación contraída por Hungría en virtud del derecho internacional de proteger el derecho a la libertad de asociación, de expresión y de circulación.
“Pedimos a Hungría que retire este proyecto de ley; ya es hora de que los líderes y las lideresas de la UE, que han mirado desde bastidores cómo cruzaba Hungría la línea roja, tomen de una vez medidas concretas para detener este ataque contra la sociedad civil”, dijo Gauri van Gulik.
Nos opondremos a esta ley discriminatoria y perjudicial en todos los niveles, desde las calles hasta los tribunales, en Hungría y más allá.
Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa
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Información complementaria
No está claro aún si la ley seguirá un trámite normal o acelerado.
En el sitio web de Amnistía Internacional se podrá consultar un análisis más detallado.
La definición de las organizaciones afectadas por esta ley dice (traducción no oficial): “Según esta ley, esas asociaciones y fundaciones se consideran organizaciones que apoyan la migración que están inscritas en Hungría y que patrocinan, organizan o apoyan por otros medios la entrada o estancia de dichas personas nacionales de un tercer país que buscan protección internacional y proceden de un tercer país seguro.”
Las disposiciones de la ley relativas a la seguridad nacional hacen necesario el voto a favor de dos tercios del Parlamento.
Si una organización no recibe la aprobación y continúa con su labor, se podrán tomar contra ella estos tres trámites de procedimiento:
- Se le notifica que debe cumplir la ley y cesar las actividades no autorizadas; mientras tanto, se suspende su número de identificación fiscal.
- Se le impone una multa de hasta 5.800 euros por cada infracción de la ley.
- Si no paga la multa, puede ser disuelta por un tribunal.
El nuevo proyecto legislativo llega después de la entrada en vigor, en junio de 2017, de la Ley de la Transparencia de las Organizaciones Financiadas desde el Extranjero, que obligaba a las organizaciones que reciben fondos de fuera de Hungría a inscribirse de nuevo en el registro y prescribía multas y sanciones penales para las que no lo hicieran. Tras su adopción, varias ONG —Amnistía Internacional Hungría entre ellas— anunciaron que no la cumplirían.