En un informe publicado hoy, Amnistía Internacional revela cómo una sociedad ficticia en el corazón de Londres actuó como intermediaria en posibles operaciones de comercio de armas de gran envergadura con Sudán del Sur —un país devastado por la guerra— y otros países, gracias a lagunas legales que han convertido a Reino Unido en un imán para empresas implicadas en transferencias ilícitas de armas.
S-Profit Ltd, una pequeña empresa registrada en Reino Unido, aparece mencionada en documentos comerciales como “proveedora” en un acuerdo de 2014 para suministrar al gobierno de Sudán del Sur armas pequeñas, armas ligeras y munición por valor de, como mínimo, 46 millones de dólares estadounidenses. El informe, From London to Juba: a UK-registered company’s role in one of the largest arms deals to South Sudan, también revela que, desde hace más de ocho años, el gobierno británico ha tenido conocimiento de prácticas similares realizadas en Reino Unido, sin tomar medidas reguladoras efectivas.
“Sudán del Sur está repleta de armas que se han utilizado para matar y mutilar a miles de civiles, provocando la mayor crisis de refugiados de África. El gobierno británico ha apoyado activamente un embargo de armas de la ONU a Sudán del Sur y, sin embargo, mira hacia otro lado cuando se llevan a cabo acuerdos ilegales delante de sus narices”, ha afirmado James Lynch, responsable de Amnistía Internacional para la campaña Armas bajo Control y Derechos Humanos.
“La existencia de lagunas flagrantes en la regulación de las empresas en Reino Unido significa que un traficante de armas ilegales puede constituir —a través de Internet— una empresa en Reino Unido como tapadera de sus actividades con menos controles que para inscribirse en un gimnasio o alquilar un coche. Reino Unido debe revisar urgentemente los procesos de inscripción de sociedades ya que, ahora mismo, ofrece las condiciones perfectas para convertirse en un imán del tipo de transferencias irresponsables de armas que han devastado Sudán del Sur.”
La existencia de lagunas flagrantes en la regulación de las empresas en Reino Unido significa que un traficante de armas ilegales puede constituir —a través de Internet— una empresa en Reino Unido como tapadera de sus actividades con menos controles que para inscribirse en un gimnasio o alquilar un coche.
James Lynch, responsable de Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional
Las armas en cuestión forman parte de un acuerdo de 2014, que no se había divulgado anteriormente, entre una empresa ucraniana de armas de titularidad estatal y una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos para adquirir armas por valor de 169 millones de dólares estadounidenses en nombre de Sudán del Sur. Entre las armas había miles de ametralladoras, morteros, granadas propulsadas por cohetes y millones de piezas de munición.
De ejecutarse, el acuerdo supondría una de las mayores transferencias de armas a Sudán del Sur hechas públicas desde el estallido de los combates en diciembre de 2013.
Amnistía Internacional no ha podido determinar si algunas o todas las armas que figuran en los documentos revisados han sido entregadas a Sudán del Sur. Aun así, una empresa británica estaría infringiendo las leyes de control de las exportaciones de Reino Unido sólo por participar en la negociación de un acuerdo de armas destinadas a Sudán del Sur. La implicación en el suministro de armas a Sudán del Sur de la empresa ucraniana de armas, de titularidad estatal, y de la empresa privada con sede en Emiratos Árabes Unidos también podría estar contraviniendo las obligaciones de Ucrania y Emiratos Árabes Unidos como signatarios del Tratado sobre el Comercio de Armas.
El director de S-Profit, de nacionalidad ucraniana y con residencia fuera de Reino Unido, negó a Amnistía Internacional que la empresa hubiera suministrado material militar a Sudán del Sur, pero no ha respondido a más preguntas como, por ejemplo, si la empresa desempeñó un papel de intermediación.
Al igual que el acuerdo de Sudán del Sur, los documentos que Amnistía Internacional ha podido consultar muestran una secuencia de ofertas comerciales y negociaciones contractuales —algunas de ellas sin concluir— que implican a S-Profit Ltd en el posible suministro de vehículos blindados, armas y aviones a Egipto, Senegal, Malí, Ruanda, Ucrania y Perú, así como a empresas privadas en Serbia, Ucrania, Polonia y Australia. Amnistía Internacional no ha podido identificar ninguna licencia de las autoridades británicas de control de comercio para estas negociaciones o acuerdos.
Mirar hacia otro lado
Amnistía Internacional ha facilitado a las autoridades británicas los documentos e información que ha obtenido. El informe también revela que, desde hace más de ocho años, el gobierno británico ha tenido conocimiento del uso ilegítimo de empresas británicas ficticias por parte de traficantes de armas como vía para para suministrar armas a países que violan los derechos humanos y a destinos sometidos a embargos de armas, entre ellos Siria, Eritrea y Sudán del Sur. Reino Unido no ha realizado ningún cambio normativo para solucionar esta situación.
El gobierno británico tampoco ha adoptado ninguna medida sancionadora significativa contra las empresas implicadas, a pesar de sus competencias conforme a la legislación británica sobre sociedades e insolvencia, diseñada para que el gobierno pueda disolver empresas que actúen de forma ilegítima o fraudulenta.
Lagunas legales
S-Profit Ltd es un caso emblemático de cómo las empresas que quieren operar en la sombra pueden beneficiarse de las lagunas legales del Registro Mercantil, el organismo gubernamental responsable del registro de sociedades. Cualquier persona en el mundo puede constituir una empresa en Reino Unido, a través de Internet, sin tener que presentar ningún documento de identidad.
Al día siguiente de su inscripción en el Registro, las acciones de S-Profit Ltd fueron transferidas a una persona ucraniana con una dirección de su oficina en Reino Unido inexistente y un servicio de “centralita telefónica virtual” para las comunicaciones oficiales.
Esto debería servir como llamada de atención al gobierno de Reino Unido para exigir responsabilidades a las empresas registradas en el país.
James Lynch, responsable de Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional
“Los archivos de S-Profit Ltd no muestran ninguna información sobre su participación en el acuerdo de venta de armas pero lo cierto es que la legislación británica tampoco lo requiere. Este tipo de regulación deficiente menoscaba gravemente otros controles sólidos existentes a nivel nacional, internacional o de la UE que deberían hacer inimaginable cualquier implicación de Reino Unido en transferencias de armas a una zona de guerra como Sudán del Sur”, ha afirmado James Lynch.
“Esto debería servir como llamada de atención al gobierno de Reino Unido para exigir responsabilidades a las empresas registradas en el país. Medidas sencillas, como comprobar la veracidad de los nombres y direcciones y establecer un registro de traficantes de armas, dificultarían que los traficantes de armas extranjeros que contribuyen a abusos graves contra los derechos humanos pudieran establecer sus operaciones en Reino Unido.
“Si todavía no han llegado a Sudán del Sur, estas entregas deben detenerse. Mientras tanto, seguimos pidiendo un embargo de armas total por parte de la ONU en Sudán del Sur, que incluya cualquier, actividad financiera, logística o de intermediación que pudiera facilitar este tipo de transferencias. Sin un embargo, las armas seguirán fluyendo hacia Sudán del Sur y las consecuencias para los civiles continuarán siendo catastróficas.”
Información complementaria
S-Profit es una de las tres empresas mencionadas en los documentos, junto con International Golden Group, empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, y Ukrinmash, empresa estatal ucraniana dedicada a la exportación de armas.
Amnistía Internacional ha documentado en repetidas ocasiones los abusos devastadores contra la población civil en Sudán del Sur desde el principio de la guerra civil en 2013, como hizo recientemente en el informe “Do not remain silent”: Survivors of Sexual violence in South Sudan call for justice and reparations.