Los simulacros de consulta violan los derechos de las personas
Realizamos casi 200 entrevistas a personas que nos contaron historias con un mensaje común: las autoridades están vendiendo su tierra sin consultar a la gente. La respuesta del Estado a estas denuncias es el silencio.
Cientos de familias que viven a lo largo de la ruta del canal temen ser obligadas a abandonar sus hogares y perder sus tierras y sus medios de subsistencia.
“Casi todas las personas que vivimos aquí, vivimos de la tierra, sembrando, criando animales, no sabemos hacer otra cosa que laborar la tierra. Por eso nosotros preferimos morirnos aquí, porque si nosotros vamos para una ciudad ¿qué vamos a hacer?”.
La población se ha organizado para defender su territorio frente a los impactos del canal. Varias comunidades campesinas han creado el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía. Exigen la derogación de la Ley 840, que autorizó el desarrollo del canal y los subproyectos asociados. Como consecuencia de ello han sido blanco de hostigamientos y amenazas.
Les digo adiós a mis niños cuando voy a salir y les digo: no sé si regreso.
Una mujer que participa en las protestas contra el proyecto del canal en Nicaragua
Impide que el Estado nicaragüense desaloje forzosamente a familias de sus hogares
Miles de personas en Nicaragua podrían ser desalojadas de sus hogares en cualquier momento para dejar espacio a un enorme canal que dividirá el país en dos.
Esto sucede gracias a un acuerdo secreto, de miles de millones de dólares, firmado en 2013 entre el gobierno nicaragüense y una empresa privada con sede en Hong Kong. Este turbio acuerdo incluía la aprobación de la Ley 840, que podría dar lugar a desalojos forzosos sin consultar siquiera con las personas que podrían verse afectadas. Con su actuación, el Estado de Nicaragua violó el derecho tanto nacional como internacional.
Este acuerdo deja a miles de familias sin más opción que abandonar sus tierras y su modo de vida: su forma básica de supervivencia.
Pero las comunidades están luchando. Pese a las amenazas y el acoso a los que se enfrentan, muchas de las personas afectadas han creado un movimiento en el que reclaman la derogación de la Ley 840.
Si actuamos ahora, todos juntos podemos apoyar a estos grupos en su lucha por conservar sus hogares. Firma la petición y pide al Estado que:
- derogue la Ley 840 para cumplir las normas de derechos humanos e impedir los desalojos forzosos;
- garantice una consulta genuina y efectiva con todas las personas que puedan verse afectadas por la construcción del canal.
Entregaremos estas peticiones al Estado nicaragüense para sumarnos a las voces de quienes ya están luchando por sus derechos en Nicaragua.
Destrucción de comunidades
De este a oeste de Nicaragua, tanto familias campesinas como indígenas de comunidades a lo largo de la ruta del canal anunciada nos contaron que habían vivido en la misma tierra desde hacía generaciones. Se sienten orgullosas de trabajar la tierra y sostener a sus familias.
“Casi todas las personas que vivimos aquí, vivimos de la tierra, sembrando, criando animales, no sabemos hacer otra cosa que laborar la tierra. Por eso nosotros preferimos morirnos aquí, porque si nosotros vamos para una ciudad ¿qué vamos a hacer?”
Nuestra vida es esta tierra. Sin ella, no tenemos nada.
Miembro de una de las familias afectadas.
El Estado nicaragüense no está protegiendo a las comunidades locales
Comunidades que tienen probabilidades de verse afectadas
Recopilamos información en puntos concretos de la ruta anunciada para el canal para mostrar los lugares en los que los medios de subsistencia y las actividades tradicionales locales de la población que vive en ellas podrían verse afectadas.
Es hora de anteponer los derechos de las personas
Continúan circulando rumores sobre la construcción del canal y persiste la falta de transparencia sobre el proyecto. En la medida en que las rutas y zonas afectadas por subproyectos vinculados al canal no están definidas, o no se conocen, la concesión podría dejar a cualquier persona de cualquier lugar del país expuesta al riesgo de perder su hogar. La falta de información y garantía de una consulta genuina significa que existe el riesgo de desalojos forzosos y otras violaciones de derechos humanos.
La única forma de evitar la persistente indiferencia por los derechos de las personas es derogar la ley y establecer un marco normativo que garantice la protección y el respeto efectivos de los derechos humanos de los miles de personas afectadas por este proyecto.