Las autoridades chinas deben terminar con su implacable campaña de detención y tortura de profesionales del derecho y activistas de derechos humanos, ha dicho Amnistía Internacional ante el segundo aniversario del inicio de una campaña de represión sin precedentes lanzada bajo el gobierno del presidente Xi Jinping.
Esta brutal campaña represiva, caracterizada por arrestos arbitrarios, detenciones en régimen de incomunicación, confesiones falsas y tortura y otros malos tratos, debe terminar ya.
Nicholas Bequelin, director regional para Asia Oriental de Amnistía Internacional
Cerca de 250 profesionales del derecho y activistas de derechos humanos han sido víctimas de esta campaña nacional de represión que comenzó el 9 de julio de 2015. Desde entonces, seis han sido condenados por “subvertir el poder del Estado” o “provocar peleas y crear problemas”, mientras que otros tres están en espera de juicio o de sentencia.
“Durante dos años, el gobierno chino ha diezmado metódicamente las filas de profesionales del derecho y activistas de derechos humanos. Esta brutal campaña represiva, caracterizada por arrestos arbitrarios, detenciones en régimen de incomunicación, confesiones falsas y tortura y otros malos tratos, debe terminar ya”, ha afirmado Nicholas Bequelin, director regional para Asia Oriental de Amnistía Internacional.
“Profesionales del derecho y activistas de derechos humanos desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos humanos y del Estado de derecho. El tormento que siguen padeciendo estas personas y sus familias choca frontalmente con la afirmación del gobierno chino de que defiende y hace respetar el Estado de derecho.”
Tortura y malos tratos
La tortura de los profesionales del derecho detenidos sigue siendo un problema sistémico. Un letrado que quedó en libertad en mayo, Xie Yang, dijo a sus abogados que durante los 22 meses que había pasado detenido lo habían golpeado, sometido a largos interrogatorios y privado de agua y de sueño.
La esposa de otro abogado, Li Heping, ha denunciado que, durante su detención, a su marido lo obligaron a tomar medicamentos y lo mantuvieron encadenado hasta 24 horas al día. A Li se le impuso en abril una condena condicional de tres años por “subvertir el poder del Estado”.
Sin rastro
Las detenciones en régimen de incomunicación siguen siendo habituales. El abogado Wang Quanzhang fue detenido por las autoridades chinas en agosto de 2015. A fecha de hoy, a sus familiares aún no se les ha informado de dónde está, en qué estado se encuentra, ni siquiera de si sigue vivo.
En noviembre del año pasado, la policía se llevó a otro destacado abogado de derechos humanos chino, Jiang Tianyong, tras la visita que éste hizo a la esposa de un colega que había sido detenido en la primera oleada represiva.
Durante meses, las autoridades se negaron a facilitar a la familia de Jiang Tianyong información alguna sobre su paradero. En mayo, por fin la policía informó de que lo habían detenido formalmente por “subvertir el poder del Estado”, por lo que puede ser castigado con hasta cadena perpetua. Jiang Tianyong está recluido en el Centro de detención Número 1 de la ciudad de Changsha, en China Central, pero a sus abogados se les sigue impidiendo visitarlo y él sigue en espera de conocer si la fiscalía presentará cargos.
Acoso constante
La detención de la abogada Wang Yu y su familia el 9 de julio de 2015 marcó el comienzo de la campaña de represión del gobierno. Aunque tanto Wang Yu como su marido, Bao Longjun, quedaron en libertad bajo fianza el año pasado, siguen bajo estrecha vigilancia y continúan siendo acosados por las autoridades.
“Las autoridades deben poner fin a este trato a sangre fría de profesionales del derecho y activistas de derechos humanos. Deben detener este suplicio y poner en libertad a los que hayan sido detenidos únicamente por ejercer su actividad y defender los derechos humanos”, ha afirmado Nicholas Bequelin.
La campaña de represión contra abogados y abogadas de derechos humanos forma parte de una operación calculada del gobierno chino para reprimir a la sociedad civil. Hay nuevas leyes o proyectos de ley que dan a las autoridades poderes casi ilimitados para actuar contra las personas y organizaciones que consideren críticas hacia el gobierno y sus políticas.