La resolución que ha dado a conocer hoy el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la que manifiesta que las duras leyes sobre el aborto de Irlanda habían violado los derechos humanos de una ciudadana irlandesa, es otro recordatorio más de la acuciante necesidad de una reforma, ha declarado Amnistía Internacional.
Aunque expresamos nuestra satisfacción por esta resolución, es indignante que las mujeres tengan que acudir a la ONU para que se respeten sus derechos humanos.
Gauri Van Gulik, directora adjunta para Europa de Amnistía Internacional
El Comité de Derechos Humanos ha ordenado a Irlanda que repare el perjuicio causado a Siobhán Whelan, que se vio obligada a viajar a Reino Unido para someterse a un aborto en 2010, lo que incluye la reforma de sus leyes sobre el aborto para impedir que se cometan violaciones similares de los derechos de otras mujeres.
“Este es el segundo caso en un año en que la ONU declara lo manifiestamente lejos que están las leyes sobre el aborto de Irlanda de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Aunque expresamos nuestra satisfacción por esta resolución, es indignante que las mujeres tengan que acudir a la ONU para que se respeten sus derechos humanos. ¿Cuántas mujeres más tendrán que sufrir antes de que el gobierno irlandés abra los ojos?”, ha afirmado Gauri Van Gulik, directora adjunta para Europa de Amnistía Internacional.
“La mayoría de las personas de Irlandaconsidera que la prohibición casi total del aborto es cruel, inhumana y discriminatoria. Ya es hora de que el gobierno les permita expresarse organizando un referéndum al respecto.”
El Comité de Derechos Humanos declaró que las leyes sobre el aborto de Irlanda habían violado los derechos de Siobhán Whelan, incluidos el de no ser sometida a un trato cruel, inhumano o degradante, y los relativos a la privacidad y la igualdad. Según el Comité, Irlanda sometió a Whelan a un “alto grado de angustia psicológica” y la criminalización del aborto en Irlanda le causó vergüenza y estigmatización.
El sufrimiento de Whelan, manifestó el Comité, se vio agravado por los obstáculos que ésta se encontró para recibir la información que necesitaba, pues los profesionales de la salud no le facilitaron información clara y detallada, alterando así la provisión de atención médica.
La resolución que se ha conocido hoy llega apenas unas semanas después de que la Asamblea de la Ciudadanía, foro público convocado por el gobierno para estudiar varias cuestiones, incluidas las leyes sobre el aborto de Irlanda, recomendara la eliminación de la Octava Enmienda de la Constitución, que concede al feto el mismo derecho a la vida que a la mujer.
Según la Constitución irlandesa, la Octava Enmienda sólo puede ser derogada mediante un referéndum popular.
La Asamblea recomendó el aborto a petición de la mujer como mínimo en las primeras fases del embarazo y en un amplio abanico de circunstancias en las fases posteriores. Sus recomendaciones cumplirían los requisitos mínimos del derecho internacional de los derechos humanos y garantizarían un marco para el aborto que asegura el acceso sin riesgos y oportuno a éste a todas las mujeres y niñas, tanto en la ley como en la práctica.
Sin embargo, Amnistía Internacional pide también que se despenalice totalmente el aborto para cumplir plenamente el derecho y las normas internacionales de los derechos humanos.
“Miles de mujeres y niñas se ven obligadas a viajar al extranjero cada año para someterse a un aborto, son tratadas como delincuentes y quedan traumatizadas por la vergüenza y la estigmatización a consecuencia de estas leyes.”
Gauri Van Gulik, directora adjunta para Europa de Amnistía Internacional
La resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU se hace eco de la decisión que adoptó en junio de 2016 en el caso de Amanda Mellet. En noviembre de 2016, el gobierno irlandés accedió a pagar una indemnización y a facilitar atención psicológica a Mellet, a quien también se había negado el aborto a pesar de haber recibido un diagnóstico de anomalía fetal mortal.
“Miles de mujeres y niñas se ven obligadas a viajar al extranjero cada año para someterse a un aborto, son tratadas como delincuentes y quedan traumatizadas por la vergüenza y la estigmatización a consecuencia de estas leyes”, ha afirmado Gauri Van Gulik.
“El gobierno irlandés debe prestar atención a la resolución que se ha dado a conocer hoy y comprometerse a respetar los derechos de las mujeres ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de derogar la Octava Enmienda en un referéndum.”
Información complementaria
En su informe de 2015 She is Not a Criminal: the impact of Ireland’s abortion law, Amnistía Internacional documentó las terribles experiencias que sufren las mujeres y niñas en Irlanda debido a las restrictivas leyes sobre el aborto y concluía que la legislación irlandesa que limita el acceso al aborto causa múltiples violaciones de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
La información presentada por Amnistía Internacional a la Asamblea de la Ciudadanía resume los perjuicios y las violaciones de derechos humanos que causan la criminalización y la prohibición del aborto en Irlanda. Pueden consultar el documento (en inglés) aquí. (PDF)
Según la encuesta de Red C, llevada a cabo de forma independiente por Amnistía Internacional Irlanda, el 80% de la ciudadanía irlandesa sabe que las mujeres y niñas tienen el derecho humano de acceder al aborto y el 87% está a favor de ampliar dicho acceso.