El ejecutivo de la UE no hace nada para impedir que mujeres romaníes embarazadas y bebés pierdan su hogar en Italia

El ejecutivo de la UE no hace nada para impedir que mujeres romaníes embarazadas y bebés pierdan su hogar en Italia

Recientes demoliciones ilegales de asentamientos romaníes llevadas a cabo en Italia han dejado sin hogar a decenas de personas extremadamente vulnerables, entre ellas mujeres embarazadas y bebés de sólo meses, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras una nueva investigación sobre el terreno. Las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas por las autoridades italianas se documentaron días antes de que la Comisión Europea, el poder ejecutivo de la UE, dejara una vez más de sancionar a Italia por discriminar a la población romaní.

Muchas personas romaníes del asentamiento de Germagnano no se atreven a salir de sus viviendas, ni siquiera para ir al médico, porque temen que cuando vuelvan las hayan demolido.
John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional

La organización ha realizado recientemente visitas a asentamientos y ha entrevistado a familias cuyos hogares han sido destruidos y que han sido víctimas de desalojo forzoso en los últimos meses. Una de estas personas es una mujer embarazada de siete meses, que perdió su hogar hace dos semanas, cuando fue destruido por las excavadoras en el asentamiento informal de Germagnano, en Turín. De acuerdo con la información disponible, en otro caso la demolición de la vivienda comenzó habiendo un niño de nueve años dormido en ella. Según testigos, se salvó porque su madre pidió a gritos a la excavadora que parara.

Junto con el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, Amnistía Internacional pide a la Comisión Europea que entable de una vez acciones legales contra Italia para impedir que continúen los desalojos forzosos y la segregación.

“Muchas personas romaníes del asentamiento de Germagnano no se atreven a salir de sus viviendas, ni siquiera para ir al médico, porque temen que cuando vuelvan las hayan demolido. El miedo a perder sus hogares es permanente, porque vayan donde vayan pende constantemente sobre ellas la amenaza de desalojo forzoso. Su situación se repite en decenas de asentamientos de toda Italia. Es hora ya de que la UE pida cuentas a Italia y haga justicia a las personas romaníes que sufren segregación y discriminación”, ha afirmado Fotis Filippou, director adjunto para Europa de Amnistía Internacional.

El 14 de junio, el Colegio de Comisarios celebró su reunión mensual para determinar si entablar procedimientos de infracción contra Estados que incumplen la legislación de la UE. Una vez más no se decidió nada contra Italia pese a los indicios abrumadores de violaciones de derechos contra la población romaní presentados al poder ejecutivo de la UE por organizaciones de derechos humanos. En abril, el Financial Times reveló que hasta entonces se había bloqueado tal decisión “para evitar una bronca pública perjudicial”.

Junto con el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, Amnistía Internacional pide a la Comisión Europea que entable de una vez acciones legales contra Italia para impedir que continúen los desalojos forzosos y la segregación.
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En septiembre de 2012, la Comisión Europea inició una fase o procedimiento “piloto” de infracción contra Italia por el trato que dispensaba a la población romaní, en virtud de la Directiva sobre Igualdad de Trato, alegando desalojos forzosos, segregación en campos monoétnicos y discriminación en el acceso a la vivienda. En ese momento había ya indicios abrumadores. Pero, a pesar de haber aparecido desde entonces más indicios aún, cinco años después no se ha iniciado todavía ningún procedimiento de infracción.

En los últimos meses, muchas personas romaníes del asentamiento informal de Germagnano, en Turín, han perdido su hogar como consecuencia de los desalojos forzosos llevados a cabo por las autoridades locales.

Tras dictar un decreto de confiscación de los terrenos ocupados que ha sido ratificado judicialmente, las autoridades afirman que sólo se han demolido viviendas abandonadas. Sin embargo, Amnistía Internacional ha documentado una situación muy distinta. En un caso, un niño de 17 años explicó que, hacía tres meses, una mañana lo despertaron y le dijeron que se llevara todas sus cosas en seguida, antes de que demolieran su casa. Sin aviso adecuado, verdadera consulta ni alternativas, como dispone el derecho internacional, las personas desalojadas carecen ahora de hogar, y tienen que vivir hacinadas en centros, con amigos y parientes o en alternativas improvisadas, como tiendas de campaña. Amnistía Internacional ha documentado casos similares en los que han perdido su hogar personas con discapacidad, niños y niñas y familias con bebés.

Italia tiene un largo historial de desalojos forzosos y segregación en campos de personas romaníes. Germagnano parece estar siguiendo el mismo camino que el asentamiento de Gianturco, en Nápoles, demolido tras el desalojo forzoso de las familias que vivían allí el 7 de abril de este año. Un total de 130 personas adultas y niños y niñas romaníes fueron instalados en el campo segregado de Via del Risopo, mientras que a varios centenares más no se les ofreció ninguna alternativa.

El 7 de abril del 2017, la Associazione 21 Luglio publicó su condenatorio informe anual, que reveló que 28.000 personas romaníes habían sido sometidas a desalojo forzoso, segregadas en campos u obligadas a soportar otras condiciones de vivienda de emergencia en todo el país.

Las estadísticas ponen en evidencia las numerosas violaciones del derecho a la vivienda cometidas contra las comunidades romaníes. En todo el país, 18.000 personas viven en 149 campos para romaníes de 88 localidades distintas, y alrededor de 10.000 viven en asentamientos informales y son a menudo víctimas de los reiterados desalojos forzosos ordenados por las autoridades. Sólo en 2016, las autoridades italianas llevaron a cabo 250 desalojos forzosos de romaníes.

“Italia infringe a diario la Directiva sobre Igualdad de Trato de la UE al someter a desalojos forzosos a romaníes sin ofrecer alojamiento alternativo adecuado, sumiéndoles en un entorno amenazador, hostil y degradante. Hace mucho tiempo que debería haberse iniciado un procedimiento de infracción contra Italia. ¿Qué más hace falta para que la Comisión Europea reaccione, tome nota y haga algo?”, ha manifestado el presidente del Centro Europeo de Derechos de los Romaníes.

Hace mucho tiempo que debería haberse iniciado un procedimiento de infracción contra Italia. ¿Qué más hace falta para que la Comisión Europea reaccione, tome nota y haga algo?
Ðorđe Jovanović