En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que las autoridades kurdas han llevado a cabo una ola de ataques y derribado las viviendas de cientos de personas de origen árabe a quienes han expulsado de Kirkuk en venganza, al parecer, por un ataque lanzado el 21 de octubre por el grupo armado autodenominado Estado Islámico.
En el informe ‘Where are we supposed to go?’: Destruction and forced displacement in Kirkuk se destaca cómo cientos de personas residentes de origen árabe suní, incluidas muchas que huyeron de los combates y la inseguridad existentes en las gobernaciones cercanas, han sido expulsadas de Kirkuk. Muchas han recibido órdenes de regresar a su lugar de origen o han sido confinadas en campos tras sospecharse que habían ayudado al Estado Islámico a coordinar el ataque.
“Es innegable que las autoridades de Kirkuk tienen ante sí una grave amenaza para la seguridad, pero eso no justifica la demolición de las viviendas de la gente ni el desplazamiento forzado de la población residente árabe. Muchas de las personas afectadas ya se habían visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia en la que se encuentra sumido el país. Ahora se ven obligadas a desplazarse o a quedarse sin casa una vez más”, ha dicho Lynn Maalouf, directora adjunta de Investigación de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut.
Es innegable que las autoridades de Kirkuk tienen ante sí una grave amenaza para la seguridad, pero eso no justifica la demolición de las viviendas de la gente ni el desplazamiento forzado de la población residente árabe.
Lynn Maalouf, directora adjunta de investigación de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África
Tras el ataque sorpresa que el Estado Islámico lanzó en ocho lugares diferentes de Kirkuk el 21 de octubre, muchas personas dijeron que les habían ordenado abandonar la zona y les habían confiscado sus documentos de identidad. Se calcula que entre la población afectada hay unas 250 familias que ya habían sido desplazadas de otras gobernaciones iraquíes y habían buscado protección y refugio en Kirkuk.
Al menos 190 familias de los pueblos de Qotan y Qoshkaya, en el distrito de Dibis (gobernación de Kirkuk), también han sido desplazadas forzosamente por las fuerzas peshmerga y asayish kurdas. La mayoría fueron trasladadas a campos para personas desplazadas internamente o buscaron refugio en casas de familiares en los pueblos cercanos. El 21 de octubre, las fuerzas del Estado Islámico habían atacado una central eléctrica en Dibis y matado a 12 guardias y empleados.
“Desalojar y desplazar a la fuerza a la población árabe suní que reside en Kirkuk es ilegítimo y cruel. Las autoridades kurdas deben poner fin de inmediato a la destrucción ilegítima de bienes civiles y al desplazamiento forzado”, ha afirmado Lynn Maalouf.
“La destrucción premeditada realizada sin que exista necesidad militar es un crimen de guerra. Ordenar el desplazamiento de civiles —a menos que sea necesario por su propia seguridad o por motivos de necesidad militar imperiosa— también es un crimen de guerra.”
Desalojar y desplazar a la fuerza a la población árabe suní que reside en Kirkuk es ilegítimo y cruel. Las autoridades kurdas deben poner fin de inmediato a la destrucción ilegítima de bienes civiles y al desplazamiento forzado.
Lynn Maalouf, directora adjunta de investigación de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África
El informe, basado en entrevistas con líderes comunitarios, personas internamente desplazadas, residentes, activistas y políticos locales, está respaldado por pruebas fotográficas de la destrucción y declaraciones de altos cargos.
“Muhayman”, cuyo nombre se ha modificado para proteger su identidad, es un hombre de 40 años que tiene 10 hijos y procede de un pueblo situado al suroeste de Kirkuk. Las fuerzas kurdas lo han obligado a desplazarse en dos ocasiones: la primera vez fue en 2015 y la más reciente, el 25 de octubre de 2016. Muhayman contó a Amnistía Internacional cómo unos hombres con uniforme militar llegaron a la zona de Manshiya del barrio de Wahed Huzairan en la ciudad de Kirkuk y ordenaron a los habitantes que se marcharan a la mañana siguiente. A primera hora del día siguiente los desalojaron a la fuerza, y unas excavadoras demolieron las viviendas a altas horas de la noche.
“Las fuerzas peshmerga me expulsaron de mi propio pueblo, así que construí una casa aquí […]. Ahora nos hemos vuelto a quedar sin casa, y vivimos todos en la de mi hermano. ¿A dónde pretenden que vayamos?”
Las fuerzas peshmerga me expulsaron de mi propio pueblo, así que construí una casa aquí […]. Ahora nos hemos vuelto a quedar sin casa, y vivimos todos en la de mi hermano. ¿A dónde pretenden que vayamos?
“Muhayman”, residente desplazado Kirkuk
El barrio, en el que había cientos de casas, fue arrasado por completo, y ahora solamente quedan en pie unas 10, según afirmó Muhayman.
“Ahmed” es un habitante de la ciudad de Kirkuk cuya casa fue demolida el 25 de octubre. Describió las escenas caóticas que se habían producido cuando los residentes se apresuraban a poner a salvo sus pertenencias mientras los tractores y las excavadoras entraban en el barrio. Y afirmó que uno de sus vecinos estaba tan angustiado que se suicidó de un tiro tras la demolición de su casa. Otras personas residentes entrevistadas por Amnistía Internacional corroboraron esta información.
Un hombre que había huido de Diyala a Kirkuk con su familia en agosto de 2014 afirmó que las fuerzas de seguridad lo habían culpado abiertamente del ataque del Estado Islámico.
“Nosotros entregamos mártires para luchar contra el Dáesh [acrónimo del Estado Islámico en árabe], y tú traes a sus miembros aquí y los escondes en estas casas”, le habían dicho.
Se vio obligado a regresar a Diyala junto con sus familiares a pesar de que allí hay una bien documentada constante de homicidios ilegítimos y secuestros de árabes suníes a manos de las milicias.
El gobernador de Kirkuk se ha comprometido públicamente a no devolver a las personas internamente desplazadas a zonas que todavía están controladas por el Estado Islámico o donde continúan los enfrentamientos como, por ejemplo, Mosul y las áreas circundantes. El derecho y las normas internacionales establecen que el retorno de las personas desplazadas a sus hogares debe ser voluntario.
Amnistía Internacional ha documentado los reiterados desplazamientos forzados y destrucciones de viviendas y pueblos árabes llevados a cabo por las fuerzas peshmerga, que siguen impidiendo que los habitantes de los pueblos árabes y la población árabe que reside en ciudades mixtas árabes y kurdas regresen a sus hogares.
En lugar de incumplir el derecho internacional al desarraigar a la población civil de sus hogares, las autoridades iraquíes y kurdas deberían ofrecer protección a las personas que ya han sido desplazadas o buscan refugio frente a los enfrentamientos.
Lynn Maalouf, directora adjunta de investigación de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África
“En lugar de incumplir el derecho internacional al desarraigar a la población civil de sus hogares, las autoridades iraquíes y kurdas deberían ofrecer protección a las personas que ya han sido desplazadas o buscan refugio frente a los enfrentamientos. También deberían facilitar el retorno sin riesgos y voluntario de quienes desean regresar a su hogar”, ha dicho Lynn Maalouf.
Información complementaria
Kirkuk lleva bajo el control de facto del Gobierno Regional del Kurdistán desde que las fuerzas gubernamentales iraquíes se retiraran del norte de Irak en junio de 2014, cuando el Estado Islámico tomó grandes extensiones del país.
Desde entonces, los intentos de devolver a su lugar de origen a la población de origen árabe suní internamente desplazada y a la que residía antes del ataque del Estado Islámico del 21 de octubre no han dejado de intensificarse.