Las personas normales y corrientes que, en Corea del Norte, son descubiertas utilizando teléfonos móviles para ponerse en contacto con seres queridos que han huido al extranjero, corren peligro de ser enviadas a campos penitenciarios para presos políticos o a otros centros de detención mientras el gobierno intensifica su control absoluto del uso que la ciudadanía hace de la tecnología de la comunicación. Así lo ha revelado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
No hay nada que pueda justificar el encarcelamiento de personas por tratar de satisfacer una necesidad humana fundamental: el contacto con su familia y sus amistades.
Arnold Fang, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental
Connection Denied: Restrictions on Mobile Phones and Outside Information in North Korea documenta la intensificación de los controles, la represión y la intimidación de la población desde que Kim Jung-un llegó al poder en 2011.
“Con el fin de mantener su control absoluto y sistemático, las autoridades norcoreanas están atacando a quienes utilizan teléfonos móviles para contactar con su familia en el extranjero”, ha manifestado Arnold Fang, investigador sobre Asia Oriental de Amnistía Internacional.
“Kim Jong-un engaña cuando justifica esa represión como una medida necesaria para detener lo que denomina ‘el virus del capitalismo’. No hay nada que pueda justificar el encarcelamiento de personas por tratar de satisfacer una necesidad humana fundamental: el contacto con su familia y sus amistades.”
La frontera digital es el último frente de batalla de los intentos del gobierno norcoreano por aislar a su ciudadanía y ocultar la información sobre la atroz situación de los derechos humanos en el país.
Las personas que, en Corea del Norte, utilizan el popular servicio telefónico nacional, que cuenta con más de tres millones de suscriptores, tienen bloqueadas las llamadas internacionales. A Internet sólo pueden acceder extranjeros y unos pocos ciudadanos seleccionados. Algunos norcoreanos pueden acceder a una red informática cerrada, que únicamente proporciona conexión a correo electrónico y sitios web nacionales.
La mayoría de las personas que huyen de Corea del Norte no tienen medio de contactar con sus familias en el país, lo que deja a las dos partes con la incertidumbre de si sus familiares están vivos o muertos, están siendo investigados por las autoridades o están encarcelados.
“El control absoluto de las comunicaciones es un arma clave en los intentos de las autoridades de ocultar los detalles sobre la penosa situación de los derechos humanos en el país. La ciudadanía de Corea del Norte no sólo se ve privada de la oportunidad de conocer el mundo exterior, sino que se ve imposibilitada de contar al mundo la situación de negación casi total de los derechos humanos en que vive”, ha manifestado Arnold Fang.
Los agentes de seguridad llevan en la mano un dispositivo con forma de antena en el que parpadean luces rojas. Según dijeron, era un dispositivo de detección. Cuando vinieron a detenerme, se quitaron la chaqueta y llevaban unos cables eléctricos alrededor del cuerpo.
Eun-mi, en la cuarentena de edad, abandonó Corea del Norte en 2014.
Pese a los riesgos, muchas personas se están aprovechando de la floreciente economía privada informal norcoreana, en la que los comerciantes introducen de contrabando, especialmente desde la vecina China, comida, ropa y otros productos. Existe un creciente comercio ilegal de teléfonos móviles y tarjetas SIM importados, llamados comúnmente “teléfonos móviles chinos”, independientemente de su marca, que permiten a los norcoreanos que viven cerca de la frontera acceder a redes móviles chinas y comunicarse directamente con personas fuera del país.
Una solución arriesgada
El acceso a las redes de telefonía móvil chinas constituye una solución arriesgada para quienes desean comunicarse con su familia en el extranjero, las personas que desean escapar del país y los comerciantes que quieren ganarse la vida.
“Los norcoreanos tienen que llegar a extremos desesperados, con un gran peligro personal, para mantener una breve conversación telefónica con sus seres queridos. Es indignante que la gente pueda enfrentarse a cargos injustos simplemente por hablar con sus familiares en el extranjero”, ha manifestado Arnold Fang.
Hablar por teléfono con personas fuera de Corea del Norte no es ilegal en sí, pero el comercio privado de dispositivos de comunicación procedentes de otros países es contrario a la ley. Las personas que llaman desde “teléfonos móviles chinos” pueden enfrentarse a cargos penales, incluido el de traición, si se ponen en contacto con alguien en Corea del Sur o en otros países clasificados como enemigos. También pueden enfrentarse a cargos más leves como intermediación o comercio ilegal.
Vigilancia reforzada
El informe muestra que Pyongyang ha incrementado su capacidad tecnológica para controlar y reprimir a las personas, en un intento de bloquear el contacto con el mundo exterior en la era digital. Ese incremento incluye la importación de modernos dispositivos de vigilancia y detección, y el uso de bloqueadores de señal cerca de la frontera china.
Eun-mi, una mujer de entre 40 y 50 años que salió de Corea del Norte en 2014, fue detenida en una ocasión por utilizar un “teléfono móvil chino”. Contó a Amnistía Internacional: “La Oficina 27 del Departamento de Seguridad del Estado tiene un dispositivo de vigilancia, y los agentes llevan en la mano un dispositivo con forma de antena en el que parpadean luces rojas. Según dijeron, era un dispositivo de detección. Cuando los agentes de la Oficina 27 vinieron a detenerme, se quitaron la chaqueta y llevaban unos cables eléctricos alrededor del cuerpo”.
Bak-moon, que antes de abandonar Corea del Norte era ingeniero, recordaba haber oído hablar de equipos de vigilancia importados más avanzados que pueden reconocer el contenido de las comunicaciones. Dijo a Amnistía Internacional: “Pueden determinar con precisión la posición de los teléfonos móviles”.
Si al menos pudiera oír las voces de mamá y papá una vez más. Si pudiera saber con certeza que estaban vivos, moriría feliz.
Choi Ji-woo emprendió un peligroso viaje a las montañas para llamar a sus padres.
Además de la sofisticada tecnología moderna, la vigilancia cotidiana de unas personas a otras es generalizada. Jong-hee, que salió de Corea del Norte en 2014, contó: “Todos vigilaban a todos. En los barrios, y en los lugares de trabajo, la gente se vigilaba mutuamente”.
Extorsión y detención
Cualquier persona a la que descubran haciendo una llamada internacional con un “teléfono móvil chino” se arriesga a ser enviada a un centro reformatorio, o incluso a un campo penitenciario para presos políticos. Para quienes carecen de contactos influyentes en el gobierno, la única esperanza de evitar la cárcel es sobornar a los funcionarios. Las personas entrevistadas dijeron a Amnistía Internacional que la petición de sobornos parece ser a menudo el motivo real de algunas detenciones.
So-kyung, una mujer norcoreana que ahora vive en Japón, habló a Amnistía Internacional de ese peligro: “Si el caso es grave, te envían al campo penitenciario para presos políticos, donde te espera una larga condena. En un caso más leve, te envían a un centro reformatorio con una pena de cárcel de entre uno y dos años. Sin embargo, la mayoría de la gente sale mediante un soborno”.
Elevado precio
En un intento de evitar ser detectada cuando llama al extranjero, la gente mantiene conversaciones cortas, usa pseudónimos y se va a zonas apartadas y montañosas. Esto reduce la probabilidad de que se bloquee la llamada y de que los agentes de seguridad localicen a quienes utilizan los teléfonos.
La manera más habitual para que las personas que están en el extranjero se pongan en contacto con sus seres queridos en Corea del Norte que no poseen un “teléfono móvil chino” consiste en pagar a alguien que sí lo posea –un intermediario– para concertar una llamada. Este sistema de intermediarios surgió de la necesidad de los norcoreanos que han huido al extranjero de enviar dinero a sus familias en Corea del Norte, pero también sirve como canal de comunicación, a cambio de un precio.
El coste es elevado. Los intermediarios que participan en la realización de una llamada pueden llegar a cobrar el 30 por ciento de comisión de una transferencia mínima de 1.000 dólares estadounidenses en efectivo. Y, puesto que los agentes de seguridad norcoreanos tratan de interceptar el dinero que se envía a la familia, no hay garantías de que los fondos lleguen finalmente a su destinatario.
Choi Ji-woo recordaba cuando un intermediario llegó a su casa en Corea del Norte afirmando tener una carta de su padre. En la carta, el padre le pedía que siguiera las instrucciones del intermediario para que pudieran hablar por teléfono. Meses antes, unos agentes de seguridad del Estado le habían dicho a Ji-woo que sus padres habían muerto tratando de salir del país. En realidad, habían conseguido escapar a Corea del Sur, pero no tenían otra manera de hacérselo saber a su hija.
Ji-woo realizó un peligroso viaje con el intermediario a las montañas, con el deseo desesperado de poder hablar con sus padres por teléfono: “A veces caminábamos toda la noche para cruzar un monte. No había forma de rodearlo, y había que hacerlo de noche, no por el día. No podíamos usar linterna, y era noche cerrada. No veía un palmo delante de mí. Si al menos pudiera oír las voces de mamá y papá una vez más. Si pudiera saber con certeza que estaban vivos, moriría feliz. Cuando el intermediario hizo la llamada y oí la voz de mi padre, pensé: ‘¡Está vivo, está vivo!’.”
Los familiares que viven en el extranjero también pueden enviar a escondidas teléfonos móviles y tarjetas SIM chinos a sus familias en Corea del Norte, que corren un riesgo al recibir estos artículos. Esa práctica normalmente incluye pagar un soborno a los soldados de la frontera. Ahora que se está intensificando la seguridad en los puestos fronterizos, el coste de estos sobornos ha aumentado, y puede alcanzar los 500 dólares estadounidenses.
“Las autoridades norcoreanas deben poner fin a los represivos controles contra quienes desean ponerse en contacto con el mundo exterior. Esta violación generalizada del derecho a expresarse libremente y recibir información, incluso a través de las fronteras, contribuye directamente a mantener la terrible privación de los derechos humanos en el país”, ha manifestado Arnold Fang.
Amnistía Internacional pide al gobierno norcoreano que levante todas las restricciones injustificadas de la libertad de expresión y permita el flujo sin trabas de información entre las personas que están en Corea del Norte y el resto del mundo.
Esto incluye permitir a la ciudadanía norcoreana acceso completo y sin censura a Internet y a los servicios internacionales de telefonía móvil. Además, las autoridades deben cesar toda vigilancia e interferencia de las comunicaciones que sea innecesaria y que no tenga ni un destinatario específico ni una finalidad legítima.
En 2014, la comisión de investigación de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Corea del Norte concluyó que la gravedad, la magnitud y la naturaleza de las violaciones de derechos humanos en el país no tienen equivalente en el mundo moderno. Esas violaciones incluían la negación casi total del derecho a la libertad de opinión, expresión, información y asociación. Estas conclusiones intensificaron la presión internacional sobre Corea del Norte, y la penosa situación de los derechos humanos en el país fue debatida posteriormente tanto en la Asamblea General de las Naciones Unidas como en el Consejo de Seguridad de la ONU.