La libertad de circulación y el derecho a la información siguieron siendo objeto de férreas restricciones por el cierre de las fronteras. El gobierno anunció su victoria contra la COVID-19, pero no hubo indicios de administración de vacunas. Se sometió a la población, incluidos niños y niñas, a trabajos forzosos, y algunas personas fueron obligadas a ocupar puestos de trabajo designados por el Estado. Se creía que los campos penitenciarios para presos y presas políticos todavía seguían operativos. Hubo informes de tortura y otros malos tratos a las personas detenidas.
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