La respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19 supuso la supresión casi completa de la libertad de circulación, tanto dentro como fuera del país. La escasez generalizada de medicinas y alimentos repercutió negativamente en el derecho a la salud. Otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, siguieron sometidos a graves limitaciones. El gobierno incrementó su participación en foros internacionales, enviando representantes a actos globales, en especial a los relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales.
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