Amnistía Internacional lleva al gobierno británico ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vigilancia masiva

Photo: David Goddard/Getty Images.

Amnistía Internacional, Liberty y Privacy International han anunciado hoy que han llevado al gobierno británico ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sus prácticas de vigilancia masiva indiscriminada.

El recurso judicial está basad en documentos difundidos por el denunciante Edward Snowden, que revelan que las prácticas de vigilancia masiva han adquirido proporciones enormes.

Se ha permitido totalmente que persistan las prácticas de vigilancia del gobierno británico y que lo hagan a una escala sin precedente, con graves consecuencias para la privacidad y la libertad de expresión de las personas
Nick Williams, asesor jurídico de Amnistía Internacional

"Se ha permitido totalmente que persistan las prácticas de vigilancia del gobierno británico y que lo hagan a una escala sin precedente, con graves consecuencias para la privacidad y la libertad de expresión de las personas –ha manifestado Nick Williams, asesor jurídico de Amnistía Internacional–. Nadie está por encima de la ley, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene ahora la oportunidad de dejarlo claro.”

Las organizaciones presentaron su demanda conjunta ante el Tribunal de Estrasburgo la semana pasada, tras determinar el Tribunal de Poderes de Investigación (IPT), que tiene jurisdicción sobre la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ), el MI5 y el MI6, que el régimen jurídico británico aplicable a las prácticas de vigilancia masiva del gobierno era compatible con los derechos humanos.

EL Tribunal de Poderes de Investigación mantuvo, no obstante, en secreto partes considerables del procedimiento.

“Es absurdo que se haya permito al gobierno basarse en la existencia de políticas y procedimientos secretos, examinados con el Tribunal a puerta cerrada, para demostrar que es transparente legalmente”, ha señalado Nick Williams.

Agotadas todas las vías jurídicas en el Reino Unido y en medio de crecientes señales de que la postura jurídica del gobierno se está deshaciendo, las organizaciones presentaron la demanda conjunta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“La vigilancia masiva es una violación de nuestros derechos fundamentales –ha afirmado Carly Nyst, directora de asuntos jurídicos de Privacy International–. Interceptar millones de comunicaciones todos los días y recibir en secreto millones más de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos por la puerta trasera es innecesario y desproporcionado.”

“Mientras que el Tribunal de Poderes de Investigación se ha puesto del lado de la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno y en contra de los derechos de millones de personas, el máximo tribunal de derechos humanos de Europa tiene un consolidado historial en lo que respecta a garantizar que las agencias de inteligencia cumplan el derecho de los derechos humanos. Esperamos que el Tribunal Europeo mantenga esta tradición y que se haga rendir finalmente cuentas a la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno por su espionaje sin control de las comunicaciones del mundo.”

En la demanda conjunta se afirma que el derecho interno británico, que es la legislación aplicable a la interceptación de comunicaciones por las agencias de inteligencia de Reino Unido y a sus prácticas de intercambio de inteligencia con Estados Unidos, es contrario al derecho humano a la privacidad, a la libertad de expresión y a no sufrir discriminación, que está garantizado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“El gobierno afirma constantemente: ‘Confíen en nosotros, actuamos en interés de la seguridad nacional’. Pero la seguridad nacional y los derechos human0s fundamentales no son mutuamente excluyentes”, ha explicado Nick Williams.

“Al cumplir con su deber de proteger a la ciudadanía, el gobierno no debe hacer dejación de sus demás obligaciones para con los derechos humanos, y ha de permitirnos someterlo a escrutinio público y pedirle cuentas.”

En un informe del 12 de marzo, el Comité de Inteligencia y Seguridad, comisión parlamentaria británica facultada para supervisar los servicios de inteligencia del país, se hizo eco de la preocupación de Amnistía Internacional por la falta de transparencia de la legislación vigente y propuso una revisión esencial del marco jurídico existente.

No obstante, el Comité defendió también el programa de vigilancia masiva de la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno por considerarlo un instrumento legítimo de recopilación de inteligencia. Amnistía Internacional no está de acuerdo con ello, pues entiende que la vigilancia masiva indiscriminada constituye una violación del derecho humano a la privacidad y a la libertad de expresión, pues es intrínsecamente desproporcionada.

El programa de vigilancia masiva de la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno, TEMPORA, da al gobierno acceso a enormes cantidades de datos sobre millones de personas.

“Ha sido gracias únicamente a las revelaciones de Snowden y a la escasa información que los demás demandantes y nosotros hemos podido sonsacar al gobierno que sabemos siquiera en qué andan metidos los servicios de inteligencia”, ha manifestado James Welch, director de asuntos jurídicos de Liberty.

“El Tribunal de Poderes de Investigación cree que hay salvaguardias suficientes para protegernos de la violación a escala industrial de nuestra privacidad. Estamos de acuerdo, y esperamos que el Tribunal Europeo deje finalmente claro a nuestros servicios de seguridad que no pueden actuar en completo secreto.”

“Esta vigilancia masiva a escala industrial hace que a las organizaciones como Amnistía Internacional nos resulte cada vez más difícil realizar nuestro trabajo de derechos humanos. Es esencial que podamos solicitar y recibir información de interés público de nuestras fuentes confidenciales sin injerencias del gobierno”, ha añadido Nick Williams.

Deficiencias jurídicas

Durante los 12 meses de litigio entre el gobierno y las ONG se han puesto de manifiesto significativas deficiencias del régimen jurídico del Reino Unido, entre ellas:

  • ”Disposiciones” anteriormente secretas, que permiten a los servicios de inteligencia británicos tener acceso a datos masivos de organismos de inteligencia extranjeros, como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sin orden judicial siempre que a las agencias del gobierno no les sea ·”técnicamente factible” obtenerlos por sí mismas.
  • La legislación británica permite también a los servicios de inteligencia solicitar órdenes judiciales generales que autorizan la vigilancia masiva indiscriminada, aprobadas por el ministro de Asuntos Exteriores y de carácter renovable.
  • El gobierno británico considera justificable la vigilancia masiva de todo usuario de Google, Facebook, Twitter y YouTube del país, aunque no haya ninguna sospecha de que el usuario esté implicado en algún delito, redefiniendo en secreto su uso británico como “comunicaciones externas”.
  • El nuevo recurso judicial se presenta tras las novedades que se han producido en demandas interpuestas por Amnistía Internacional y que representan reveses decisivos a la postura jurídica del gobierno británico, a saber:
  • El 18 de febrero, el gobierno británico admitió que el régimen que regula la interceptación, obtención y uso de material sujeto al secreto profesional viola la Ley de Derechos Humanos.