Seis hombres suníes de la minoría kurda de Irán podrían ser ahorcados en apenas unas horas, después de su traslado esta mañana por las autoridades iraníes a la sección de cuarentena de la prisión de Jarai Shahr de Karaj, ha declarado Amnistía Internacional al reanudar su llamamiento para salvarles la vida.
Hamed Ahmadi, Jahangir Dehghani, Jamshid Dehghani, Kamal Molaee, Hadi Hosseini y Sediq Mohammadi serán ahorcados, posiblemente mañana mismo, y han iniciado una huelga de hambre de protesta. Todos ellos fueron condenados a muerte por la sala 28 del Tribunal Revolucionario de Teherán, tras ser declarados culpables del delito, redactado de forma imprecisa, de “enemistad con Dios” (moharebeh), a pesar de que todos negaron su participación en actividades armadas o violentas.
Familiares de los presos declararon a Amnistía Internacional que ya están camino de Karaj, a siete horas en coche desde sus domicilios, después de que las autoridades penitenciarias les comunicaran que podían hacer una última visita a sus seres queridos.
“Este terrible último adiós no tiene que ocurrir. Pedimos urgentemente a las autoridades iraníes que detengan la ejecución de estos hombres y anulen su condena a muerte, impuesta tras juicios gravemente injustos”, declaró Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Cuatro de los hombres —Hamed Ahmadi, Jahangir Dehghani, Jamshid Dehghani y Kamal Molaee— están acusados de matar a un destacado líder suní vinculado a las autoridades iraníes en septiembre de 2009, aunque ellos afirman que los detuvieron varios meses antes del homicidio.
En total, hay 33 hombres suníes condenados a muerte actualmente en Irán, incluidos estos seis. Todos sostienen que fueron escogidos únicamente por practicar o promover su fe, como por ejemplo, participando en seminarios religiosos suníes y distribuyendo textos religiosos suníes.
“Las autoridades iraníes llevan demasiado tiempo jugando con la vida de estos presos, causándoles a ellos y a sus familias una angustia inimaginable, con múltiples simulacros de ejecución y ejecuciones aplazadas en el último minuto. Ya es hora de que las autoridades pongan fin a esta práctica cruel y permitan a los presos pedir la revisión judicial de sus casos por el Tribunal Supremo”, añadió Hassiba Hadj Sahraoui.
En junio de 2014, las autoridades iraníes suspendieron la ejecución de cuatro de los hombres tras los llamamientos de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos. Las autoridades prometieron entonces que permitirían que los presos tuvieran acceso a un abogado de su elección si las familias abandonaban una sentada de protesta frente a la cárcel. Sin embargo, siete meses después, las autoridades no han permitido aún a los abogados de los presos que se reúnan con ellos o que accedan siquiera a sus expedientes judiciales.
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades no informaron a los abogados de los seis condenados de que su ejecución está programada para mañana, a pesar de que la legislación iraní exige que se notifique 48 horas antes.
Según los recientes cambios introducidos en el Código Penal iraní, el poder judicial tiene la obligación de revisar los casos de los seis hombres y anular las condenas a muerte si no usaron armas.
Irán sigue siendo el segundo país que más ejecuciones realiza en el mundo, detrás de China. En 2013, según cifras de Amnistía Internacional, las autoridades iraníes reconocieron oficialmente 369 ejecuciones. Sin embargo, fuentes fidedignas han informado de que hubo cientos de ejecuciones más ese año, elevando el posible total a más de 700. La tendencia ha continuado desde entonces, y afecta sobre todo a miembros de las minorías étnicas y religiosas de Irán. Amnistía Internacional dará a conocer el número de condenas a muerte impuestas en Irán y el de ejecuciones realizadas en ese país en un informe que publicará en abril.