El mes pasado, en El Salvador, una joven quedaba en libertad tras pasar casi 10 años en prisión. Carmen Guadalupe Vásquez Aldana sólo tenía 18 años cuando fue condenada a cumplir 30 años de prisión en 2008. ¿Su delito? Haber sufrido un aborto espontáneo. La legislación sobre el aborto de El Salvador está entre las más draconianas del mundo. Penaliza el aborto en todos los supuestos, incluso cuando peligra la vida o la salud de la embarazada y en los casos de violación. Mujeres y niñas no pueden acceder al aborto ni siquiera cuando la continuación del embarazo comporta riesgo para su vida o cuando el feto no es viable.
Las consecuencias para las embarazadas que desafían la ley e intentan acceder a un aborto clandestino e inseguro pueden ser terribles: la Organización Mundial de la Salud informó en 2008 de que el 9 por ciento de las muertes maternas en Centroamérica se deben a estas prácticas.
En general, las salvadoreñas con mayor nivel adquisitivo pagan servicios privados o viajan al extranjero para recibir asistencia médica adecuada. Lo habitual es que las víctimas de la ley sean pacientes de los dispensarios públicos del país, cuyo personal médico, por temor a ser procesado, llama a la policía cuando una mujer llega con dolores.
Eso fue lo que le pasó a la Srta. Vásquez, cuyo abogado, Dennis Muñoz, ha calificado la política sobre el aborto de “caza de brujas contra las mujeres pobres”.
El Salvador es un país sumamente conservador, donde la influencia de la iglesia católica se extiende a la toma de decisiones políticas. En la década de 1990, en los inestables años de reconstrucción del país tras un decenio de guerra civil, la iglesia dirigió una campaña que tuvo como consecuencia la prohibición absoluta en 1998.
Actualmente, el poder eclesiástico actúa junto a un grupo de presión bien financiado y relacionado que hace campaña contra el derecho al aborto y a una prensa a la que le falta tiempo para calificar de delincuentes a mujeres que han sufrido abortos espontáneos. Los escasos políticos que han criticado la prohibición han sufrido una reacción adversa de la opinión pública.
La Srta. Vásquez se quedó embarazada debido a una violación. Al sufrir un aborto espontáneo y ser ingresada en un hospital de San Salvador, la capital, sus médicos la acusaron de haber puesto fin al embarazo intencionadamente.
A pesar de las endebles pruebas en su contra, fue declarada culpable de homicidio agravado y condenada a prisión. Su caso dista de ser aislado. Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, grupo de defensa radicado en El Salvador, 129 mujeres fueron procesadas en el país entre 2000 y 2011 por delitos relacionados con el aborto. De ellas, 23 fueron declaradas culpables de someterse a un aborto ilegal; 26 fueron declaradas culpables de homicidio.
La Srta. Vásquez es una de las 17 mujeres (“las 17”) que fueron condenadas entre 1999 y 2011 a penas de hasta 40 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo, la mayoría por el cargo de homicidio agravado. (Aunque no hay datos estadísticos oficiales disponibles, Amnistía Internacional calcula que al menos cinco mujeres más se encuentran actualmente en espera de sentencia por cargos parecidos relacionados con el embarazo.)
En abril, “las 17” pasaron a ocupar el centro de una campaña global cuando, tras años de esfuerzo y una vez agotadas todas las demás vías legales, sus abogados solicitaron el indulto presidencial. El año pasado visité la cárcel de Ilopango, centro penitenciario para mujeres en el extrarradio de San Salvador donde están encarceladas la mayoría de “las 17”, incluida la Srta. Vásquez.
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Como es característico de las cárceles de El Salvador, Ilopango es un lugar miserable y atestado: la superpoblación, según algunos cálculos, es de casi el 1.000 por ciento. Alrededor de 40 mujeres duermen en una celda; un guardia de la prisión me contó que allí viven más de 100 niños de menos de cinco años con sus madres. En enero, la Asamblea Legislativa de El Salvador concedió el indulto a la Srta. Vásquez basándose en que se había vulnerado el debido proceso en su juicio original. En los próximos meses se presentarán otros casos.
Aunque la victoria de la Srta. Vásquez resulta alentadora, muchos prevén una reacción negativa de la Asamblea. (Aunque El Salvador no ha hecho ninguna declaración oficial, se ha insinuado a Amnistía Internacional que no se concederán más indultos.)
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y activistas como Morena Herrera, quien, junto a Colectiva Feminista –organización con sede en El Salvador– lleva años luchando contra la prohibición del aborto, están estudiando posibles vías legales para que sean liberadas las demás mujeres del grupo de “las 17” si sus peticiones de indulto son rechazadas.
Una posibilidad sería elevar sus casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Amnistía Internacional presentará en breve una petición con más de 200.000 firmas al presidente, Salvador Sánchez Cerén, para pedirle que revoque la legislación sobre el aborto.
Otros cinco países de Latinoamérica establecen parecidas prohibiciones sobre el aborto: Chile, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.
Chile está tomando medidas para reformar su legislación: En enero, la presidenta Michelle Bachelet presentó ante el Congreso chileno un proyecto de ley que autorizaría el aborto si existe riesgo para la vida de la embarazada, cuando el feto no va a sobrevivir o en los casos de violación. Si se aprueba, se habrá revocado la prohibición total del aborto en el país, en vigor desde 1989. Y, en diciembre, la República Dominicana despenalizó el aborto en los supuestos de violación, incesto, anomalías del feto y peligro para la vida de la madre.
Es de esperar que estas medidas ejerzan presión sobre los legisladores salvadoreños para que reconsideren y rectifiquen la represiva prohibición del aborto en su país.
La exoneración de la Srta. Vásquez es un triunfo en la prolongada lucha por los derechos de las mujeres en Latinoamérica, pero aún queda mucho por hacer. El Salvador debe poner fin a la abusiva práctica de penalizar las decisiones y la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y poner en libertad a aquellas de “las 17” que permanecen injustamente encarceladas por haber sufrido un aborto espontáneo. Su pesadilla debe terminar cuanto antes. Erika Guevara Rosas dirige el Programa de Amnistía Internacional para América.