El fallo emitido por un tribunal estadounidense, que sienta las bases para la deportación de Estados Unidos de un ex ministro de Defensa salvadoreño por su implicación en casos de violación, tortura y homicidios extrajudiciales cometidos en El Salvador en la década de 1980, constituye una gran victoria para las víctimas, ha declarado a Amnistía Internacional un abogado que participa en la causa. El 23 de febrero de 2012 un juez de inmigración de Florida falló que el ex general Carlos Eugenio Vides Casanova —que lleva viviendo en Estados Unidos desde 1989— podía ser devuelto a El Salvador por su participación en graves abusos contra los derechos humanos cometidos en la década de 1980. Carolyn Patty Blum, asesora jurídica principal del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en California, que representó a varias víctimas de tortura en la causa, dijo a Amnistía Internacional que el fallo del tribunal suponía una importante victoria para sus clientes. “Siempre nos propusimos ir a por los altos mandos, los que ocupaban puestos de autoridad, ya que fueron los artífices de los crímenes de lesa humanidad, de los planes sistemáticos”, ha declarado Carolyn Patty Blum. “En El Salvador se estableció como norma el terrorismo de Estado —no se puede luchar contra eso persiguiendo a subordinados—. Nos centramos en los altos mandos, ya que fueron los que crearon las estructuras que permitieron que se cometiesen violaciones de derechos humanos.” Vides Casanova fue el director general de la Guardia Nacional de El Salvador desde 1979 a 1983, cuando se convirtió en ministro de Defensa, cargo que ocupó hasta 1989. Ese año, él y su predecesor en el cargo de ministro de Defensa de El Salvador, José Guillermo García, —también presunto criminal de guerra— se fueron a vivir a Estados Unidos.Unas 75.000 personas murieron durante la guerra civil de El Salvador, que se prolongó desde 1980 hasta 1992. La población del país fue sometida a abusos generalizados contra los derechos humanos, como asesinatos, desapariciones y torturas.“Este fallo histórico demuestra que no existe un lugar seguro donde personas acusadas de cometer graves violaciones de derechos humanos puedan esconderse”, ha señalado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional. “Cuando Vides Casanova haya vuelto a territorio salvadoreño, las autoridades deben investigar las violaciones de derechos humanos de las que los tribunales estadounidendes lo han declarado responsable, así como otros delitos atroces que se cometieron durante el tiempo que ejerció el mando. Víctimas y sobrevivientes de tortura y homicidios extrajudiciales tienen derecho a que se haga justicia y a saber la verdad sobre lo que les sucedió.”Han sido necesarios años de trabajo jurídico —con algunos contratiempos en el proceso— para que los sobrevivientes de tortura, sus familiares y sus representantes legales llegasen hasta aquí. En una causa civil del año 2000, un tribunal estadounidense declaró que no se podía responsabilizar a Vides Casanova y García de las muertes de las cuatro religiosas estadounidenses. Pero la batalla legal contra los dos ex ministros de Defensa prosiguió.En una segunda causa civil del año 2002, se halló responsables a Vides Casanova y García de la tortura de tres civiles salvadoreños, entre los que se encontraba una mujer embarazada de ocho meses. Se ordenó a los dos ex ministros de Defensa que pagasen la cantidad de 54,6 millones de dólares estadounidenses a los sobrevivientes en concepto de daños y perjuicios.En 2004 se produjo otro momento decisivo, cuando Estados Unidos aprobó una nueva ley antiterrorista que preparaba el terreno para deportar a personas que hubiesen ayudado o participado en torturas u homicidios extrajudiciales. Con esta nueva oportunidad que ofrecía la ley, el Centro de Justicia y Responsabilidad presentó sus casos ante los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, lo que finalmente dio lugar al fallo recientemente emitido contra Vides Casanova. El Centro de Justicia y Responsabilidad tiene además la esperanza de que ahora se produzcan avances en el proceso de deportación de García.
