Japón: 40 años en espera de ejecución

Tras cuatro décadas en espera de ejecución, una reciente decisión judicial brinda la esperanza de un nuevo juicio a Masaru Okunishi.

Un atardecer de marzo de 1961, en el pueblo de Kuzuo, en el centro de Japón, Masaru Okunishi, granjero de unos 35 años, asistía a una reunión en un centro comunitario local.

Entre los congregados aquella noche en el centro comunitario se encontraban la esposa de Okunishi… y también su amante.

Se sirvió a las mujeres vino, que Masaru Okunishi había llevado a la reunión. Los hombres bebieron sake, y todo el mundo brindó por el éxito de la red que estaban creando.

Sin embargo, de repente las cosas se torcieron. Después de beber un vaso o dos, la esposa de Okunishi, su amante y otras tres mujeres empezaron a encontrarse mal. Se llamó urgentemente a un médico, pero las cinco mujeres murieron poco después. Otras doce mujeres enfermaron de gravedad.

A la mañana siguiente, el granjero fue conducido a la comisaría local. Durante cinco días fue sometido a intensos interrogatorios, sin la presencia de un abogado, hasta que, para primeras horas de la mañana del 3 de abril, la policía le extrajo por la fuerza una confesión. Okunishi fue acusado formalmente del asesinato de las cinco mujeres.

Los análisis mostraron que el vino contenía productos químicos agrícolas, pero no se hallaron pruebas que demostraran que Okunishi lo había envenenado. Masaru Okunishi se retractó más tarde de su confesión, diciendo que la había realizado bajo coacción.

En 1964, el Tribunal de Distrito de Tsu absolvió a Okunishi por falta de pruebas. La fiscalía, no obstante, apeló contra la sentencia. El Tribunal Superior de Nagoya revocó la decisión del tribunal inferior y, en 1969, condenó a Okunishi a muerte, decisión confirmada por el Tribunal Supremo en 1972.

Hoy día, Okunishi permanece recluido en régimen de aislamiento en un centro de detención de la ciudad de Nagoya, en el centro de Japón. Ya tiene más de ochenta años, y ha pasado más de 45 bajo custodia, 40 de ellos condenado a muerte. Los tribunales han rechazado seis peticiones de un nuevo juicio.

En abril de 2005, el Tribunal Superior de Nagoya decidió reabrir el juicio, citando para ello nuevas pruebas que podrían demostrar su inocencia.

Sin embargo, tras el recurso presentado por la fiscalía, el Tribunal, en diciembre de 2006, anuló su decisión. Posteriormente, el Tribunal Supremo devolvió el caso al Tribunal Superior de Nagoya, que en octubre de 2011 ordenó que se analizaran las pruebas químicas, y que debe emitir una resolución sobre la petición de un nuevo juicio.

Si el Tribunal opta por un nuevo juicio, Okunishi tiene bastantes probabilidades de ser absuelto, según dijo Kazuko Ito –su abogada desde hace 17 años– a Amnistía Internacional desde Tokio.

Vindicación

Ito, que también es secretaria general de la ONG japonesa Derechos Humanos Ya, considera que el caso de Okunishi es el típico de una persona inocente atrapada en el defectuoso sistema de justicia japonés.

“Lo tuvieron bajo custodia durante 49 horas sin permitirle dormir o descansar lo suficiente. Son condiciones duras. Lo obligaron a confesar, y esa confesión es la única prueba en su contra”, ha manifestado.

Varios condenados a muerte de Japón fueron, al parecer, obligados a “confesar” un crimen durante los interrogatorios policiales. Pese a ello, sólo cuatro condenados a muerte han sido sometidos a un nuevo juicio y liberados en el país.

El sistema de justicia penal de Japón es notoriamente lento, y la mayoría de los sentenciados a muerte se ven condenados a pasar el tiempo que les queda en condiciones inhumanas. A 5 de marzo había 132 personas condenadas a muerte en el país; todas ellas permanecían recluidas en régimen de aislamiento.

Según los informes, algunos presos han sobrevivido al aislamiento a base de somníferos, y muchos sufren trastornos mentales a causa de sus condiciones de reclusión.

¿Y cómo ha conseguido Okunishi mantenerse cuerdo?

“Es un hombre muy fuerte”, ha dicho Ito.

“Lleva muchos años luchando, y su razón de ser es vindicarse. Su determinación le da un motivo para vivir.”

Recibe visitas frecuentes de su hermana menor, pero sus hijos apenas han tenido oportunidad de visitarlo en prisión.

No obstante, Ito conserva el optimismo respecto a la posibilidad de que Okunishi sea absuelto en breve.

“La ejecución de un inocente es el crimen más atroz. Hay que impedir esos crímenes de injusticia, por eso decidí hacerme cargo de este caso”, ha manifestado.

Estudiando la pena de muerte

En Japón no se llevaron a cabo ejecuciones en 2011: fue el primer año sin ejecuciones desde 1992.

En 2010, la ex ministra de Justicia Keiko Chiba nombró un grupo de estudio, dentro del Ministerio, encargado de evaluar la pena de muerte como forma de castigo. También abrió por primera vez a los medios de comunicación la cámara de ejecución del Centro de Detención de Tokio, para generar un debate nacional sobre la pena de muerte.

El ex ministro de Justicia Hideo Hiraoka se negó repetidamente a firmar órdenes de ejecución. Sin embargo, en enero de este año fue sustituido por Toshio Ogawa, quien ha declarado públicamente que el firmar órdenes de ejecución forma parte del cometido del ministro de Justicia.

Las encuestas mostraron que el apoyo público a la pena de muerte aumentó tras el atentado terrorista de 1995 en el metro de Tokio.

“La gente se sentía muy insegura después de aquello, y la actitud ante la delincuencia se hizo cada vez más severa. Resulta muy difícil convencer a la población japonesa de que la pena de muerte es una mala idea. Si matas a alguien, mereces morir: esa es la actitud de la gente corriente”, ha manifestado Kazuko Ito.

Los ejemplos de otros lugares del mundo demuestran que para cambiar la percepción pública de la pena de muerte e informar sobre la realidad de esta pena es fundamental un liderazgo político.

Esta realidad, en Japón y en el resto del mundo, incluye la auténtica brutalidad y arbitrariedad de esta pena, la ausencia de un efecto disuasorio superior al de otras penas, y la imposibilidad de garantizar la ausencia de errores al imponer este castigo irreversible.

Más de dos tercios de los países del mundo han examinado esta realidad y ahora rechazan la pena de muerte en la ley o en la práctica.