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Detenciones y palizas tras las manifestaciones en Honduras

Amnistía Internacional ha recibido insistentes informes según los cuales la policía, tras disolver el pasado martes 22 de septiembre una multitudinaria manifestación frente a la embajada de Brasil, golpeó a numerosos manifestantes y ha estado practicando detenciones por centenares en toda la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Los informes indican también que se han producido violaciones de derechos humanos similares en todo el país. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, se ha producido un fuerte aumento de las palizas policiales y de las detenciones masivas de manifestantes, así como de los actos de intimidación contra defensores y defensoras de derechos humanos desde el regreso el lunes a Honduras del presidente Manuel Zelaya Rosales, expulsado del país mediante golpe de Estado el pasado junio.

Amnistía Internacional ha advertido de que los derechos fundamentales y el Estado de derecho corren grave peligro en este país centroamericano.

“La situación en Honduras sólo puede ser calificada de alarmante —ha declarado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional—. Los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, la suspensión de medios de comunicación, las palizas a manifestantes por la policía y los informes cada vez más numerosos de detenciones masivas indican que los derechos humanos y el Estado de derecho en Honduras corren grave peligro.”

Según informes recibidos por la organización, el martes por la mañana, alrededor de 15 policías dispararon botes de gas lacrimógeno contra el edificio de la destacada organización de derechos humanos Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), donde había unas 100 personas, mujeres y menores incluidos.

Muchas de ellas habían acudido a las oficinas para denunciar abusos cometidos por la policía durante la disolución de una manifestación celebrada ese mismo día frente a la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde está refugiado el presidente hondureño destituido, Manuel Zelaya.

La información recibida por Amnistía Internacional señala que decenas de manifestantes fueron trasladados el martes por la noche a centros de detención no autorizados de la capital. Aunque la mayoría de los detenidos están ya en libertad, las detenciones arbitrarias masivas podrían hacer que los detenidos fueran vulnerables a abusos contra los derechos humanos como malos tratos, tortura o desaparición forzada.

Amnistía Internacional ha documentado los límites impuestos a la libertad de expresión desde el golpe de Estado, que incluyen el cierre de medios de comunicación, la confiscación de material y malos tratos a periodistas y operadores de cámara que informaban de los sucesos.

Radio Globo y el Canal 36 de la televisión sufrieron ayer cortes de luz o interrupciones constantes de sus transmisiones que les impidieron emitir.

“La única vía de avance es que las autoridades de facto pongan fin a la política de represión y violencia y respeten los derechos a la libertad de expresión y de asociación —prosiguió Susan Lee—. También instamos a la comunidad internacional a que busque una solución con urgencia, antes de que Honduras se hunda aún más en una crisis de derechos humanos.”