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Atrapadas por la violencia: Las mujeres en Irak

Rand ‘Abd al-Qader, de 17 años, murió en Basora el 16 de marzo de 2008. Fue asesinada por su padre, con la ayuda, al parecer, de dos de sus hermanos, por haber entablado amistad con un soldado británico destacado en la ciudad.

‘Abdel Qader ‘Ali, que admite haber matado a su hija, fue interrogado en una comisaría de policía local. Dijo a un periódico británico que los agentes comprendieron sus motivos y lo dejaron en libertad al cabo de dos horas. Aún no se han presentado cargos contra él ni ha sido juzgado.

Leila Hussein, madre de Rand ‘Abd al-Qader, denunció el asesinato y abandonó a su esposo, aunque esto significaba tener que vivir oculta. Lo hizo con ayuda de una organización local de mujeres.

El 17 de mayo de 2008 mataron también a Leila Hussein. Disparando contra ella en la calle, en Basora, así como contra dos mujeres que la acompañaban y que resultaron heridas. Las autoridades no han identificado a los responsables.

Estos dos casos ilustran la situación de las mujeres en Irak, incluida la región semiautónoma de Kurdistán. Las mujeres soportan discriminación y violencia sistemáticas, dirigidas específicamente contra ellas debido a su género.

En la calle sufren agresiones de hombres de muy diverso ideario político, pero todos con la voluntad común de imponer el uso del velo y la segregación y la discriminación en razón del género. Los grupos armados islamistas se han atribuido agresiones contra mujeres y han intentado justificarlas señalando que las víctimas no se comportaban del modo en que ellos consideran que debe hacerlo una mujer.

Asimismo, como en muchos otros países, las mujeres sufren también violencia a manos de sus padres, hermanos y otros familiares, particularmente si pretenden decidir por sí mismas cómo hacer su vida.

Licencia para matar ‘Abdel Qader ‘Ali es uno de los muchos hombres que han cometido delitos violentos contra mujeres en Irak y que nunca han sido llevados ante la justicia porque las autoridades no están dispuestas a realizar las debidas investigaciones ni a castigar a los culpables.

Seis años después del derrocamiento del presidente Sadam Husein, los legisladores iraquíes no han reformado aún leyes que, en la práctica, aprueban e incluso facilitan la violencia contra mujeres y niñas. El Código Penal, por ejemplo, dispone que el hombre declarado culpable de asesinato que alegue como circunstancia atenuante haber matado por “motivos de honor” puede ser condenado a sólo seis meses de prisión.

La legislación permite también que, en la práctica, los hombres utilicen la violencia contra sus esposas. Se permite el “ejercicio del derecho legal” a quedar exento de responsabilidad penal en caso del “castigo de una mujer por su esposo, el castigo por padres y profesores de menores bajo su autoridad dentro de ciertos límites prescritos por el derecho islámico [Sahri’a], por ley o costumbre”.

Debido a ello es frecuente que la policía no detenga a los hombres acusados de ejercer violencia contra mujeres de su familia, y en las raras ocasiones en que lo hace y el detenido es juzgado ante un tribunal, el juez puede imponerle un condena leve, incluso si ha asesinado a la mujer. Esta práctica transmite un terrible mensaje a todas las mujeres de Irak: pueden matarlas y golpearlas con impunidad.

En la región de Kurdistán, el Gobierno Regional de Kurdisdán ha tomado, no obstante, algunas medidas positivas en los últimos años. La Ley 14 de 2002 reformó el Código Penal iraquí para eliminar la disposición relativa a los “motivos de honor” en caso de delitos contra mujeres bajo la jurisdicción del Gobierno Regional de Kurdistán, y se han creado unidades especiales dentro de la policía para abordar la violencia contra la mujeres.

Medidas concretas necesarias Amnistía Internacional ha manifestado que las autoridades iraquíes deben reformar toda la legislación que discrimine a las mujeres y que, como ocurre en el caso del gobierno iraquí, permita alegar como atenuante “motivos de honor” en causas por delitos violentos contra mujeres; establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas para garantizar que se realizan con prontitud investigaciones exhaustivas de los delitos de violencia contra mujeres, y poner a los responsables a disposición judicial.