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Aumenta la amenaza contra la libertad de expresión en Afganistán

Cada vez son mayores las amenazas contra la libertad de expresión en Afganistán, y periodistas y personal de los medios de comunicación están ahora expuestos a sufrir violencia e intimidación de fuerzas gubernamentales y antigubernamentales. El martes 10 de marzo, el periodista Jawed “Jojo” Ahmed murió abatido por disparos mientras conducía por la ciudad de Kandahar, al sur del país. Ahmed, que desarrollaba gran parte de su trabajo con medios internacionales, había permanecido recluido durante casi un año en la base aérea estadounidense de Bagram, tras su detención en octubre de 2007. El presidente Karzai condenó el homicidio de Ahmed, que calificó de “brutal”, y lo atribuyó a los talibanes, y manifestó que “no puede sabotear el avance hacia la democracia y la libertad de prensa en Afganistán”. El portavoz de los talibanes negó la implicación del grupo. Nadie más ha reivindicado el asesinato. “El gobierno afgano debe mostrar que puede proteger y apoyar a los periodistas, y que así lo hará, especialmente ante las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebrarán en los próximos meses”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. El homicidio de Ahmed se produjo cuando había transcurrido un mes desde que el Tribunal Supremo confirmara en secreto la condena a 20 años de prisión dictada contra el estudiante y periodista Perwiz Kambakhsh por cargos de blasfemia. Mohammad Afzal Nooristani, abogado de Kambakhsh, contó a Amnistía Internacional que se había enterado por casualidad de que el Tribunal Supremo ya había emitido un fallo sobre la causa cuando el sábado 7 de marzo acudió al Tribunal para entregar la declaración de la defensa. Un funcionario del juzgado le denegó el permiso para entrar o hablar con los jueces. Le comunicaron que el caso estaba cerrado y que se había confirmado la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones el 21 de octubre de 2008. Kambakhsh había sido condenado a muerte por blasfemia en enero de 2008. Fue declarado culpable de descargar material de internet que cuestionaba la situación de las mujeres en el islam, de añadir algunos comentarios y de distribuirlo en la Universidad de Balkh. Él niega los cargos y afirma que lo obligaron a hacer una “confesión”. Un Tribunal de Apelación de Kabul anuló la condena a muerte el 21 de octubre de 2008 y la conmutó por 20 años de prisión. El caso fue posteriormente remitido al Tribunal Supremo. “Si el presidente Karzai se toma en serio la defensa de la libertad de expresión, debe conceder el indulto inmediato e incondicional para Kambakhsh”, ha afirmado Sam Zarifi. “El gobierno afgano debe demostrar su compromiso de mantener la ley y el orden y ampliar el Estado de derecho procesando a las personas contra las que existan denuncias fiables de haber cometido abusos graves contra los derechos humanos y de participar en actividades delictivas, incluidas las que ejercen altos cargos en el gobierno.” “La intervención internacional se justificó a menudo aludiendo a la promoción de los derechos humanos y al fin de las políticas represivas. Por lo tanto, los gobiernos extranjeros que ofrecen ayuda y asistencia militar a Afganistán deben colaborar para que se garantice el respeto por los derechos humanos del pueblo afgano”, ha manifestado Sam Zarifi.