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El informe del gobierno mexicano a la ONU no refleja la situación real de los derechos humanos

Según Amnistía Internacional, un informe del gobierno mexicano sobre el estado de los derechos humanos en el país no refleja la realidad sobre el terreno. Presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el informe no se reconoce la frecuente falta de aplicación o impacto de las políticas del gobierno mexicano, como tampoco se reconoce el empeoramiento del clima de derechos humanos en muchas partes del país México es uno de los 16 países que se someterá a examen en el contexto del cuarto periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, del Consejo de derechos Humanos, que se inauguró en Ginebra el pasado lunes 4 de febrero. El examen de México está previsto para el día 10. “La lista de reformas e iniciativas positivas que enumera el informe del gobierno es una buena noticia –ha manifestado Kerrie Howard, director adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional–. El problema es que no se da información sobre los progresos para impedir que sigan cometiéndose violaciones de derechos humanos y para poner fin a la impunidad.” Amnistía Internacional ha presentado una serie de informes alternativos con ocasión de la ronda actual de exámenes en los que detalla motivos de preocupación claves en materia de derechos humanos en 12 de los 16 países objeto de estudio. En su informe sobre México, la organización señala lo siguiente: hasta el momento, México no ha reconocido explícitamente en su Constitución la categoría de los tratados internacionales de derechos humanos; las autoridades aún no han hecho rendir cuentas a nadie por el centenar de homicidios y las 700 desapariciones forzadas que tuvieron lugar entre las décadas de 1960 y 1980; los agentes de la policía federal, estatal y municipal de México implicados en violaciones graves de derechos humanos –como tortura, violación y homicidio ilegítimo–, especialmente las cometidas durante los disturbios civiles en San Salvador Atenco y la ciudad de Oaxaca en 2006, no han comparecido ante la justicia; el sistema de justicia militar sigue juzgando casos de violaciones de derechos humanos pese a que las normas internacionales de derechos humanos insisten en que estos casos deben ser juzgados por tribunales civiles; el número de informes sobre abusos tales como detención arbitraria, tortura, malos tratos, violencia sexual y homicidios ilegítimos a manos de agentes de seguridad ha aumentado durante las operaciones emprendidas para combatir a las bandas criminales violentas; los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente los de zonas rurales, sufren a menudo persecución, y en ocasiones detención prolongada, por cargos penales falsos o de motivación política; las comunidades indígenas o que sufren cualquier otro tipo de marginación son a menudo víctimas de acoso por oponerse a proyectos de desarrollo que afectan a sus medios de vida; los migrantes irregulares que atraviesan México son sometidos sistemáticamente a malos tratos por agentes del Estado, y a violencia sexual y de otro tipo por bandas criminales; pese a los avances en la legislación para proteger a las mujeres frente a la violencia, su aplicación es tenue. Los índices de denuncia, procesamiento y condena de los responsables de violencia intrafamiliar, violación e incluso homicidios de mujeres siguen siendo extremadamente bajos. Dos años después de la adopción, en 2007, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dos estados todavía no habían introducido siquiera la legislación necesaria para ponerla en vigor; la pobreza y la marginación siguen privando a muchas comunidades rurales, especialmente indígenas, del derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho al desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades e intereses. “Amnistía Internacional reconoce que el informe de México destaca la invitación abierta a los mecanismos internacionales de derechos humanos –declaró Kerry Howard– y, dado el papel fundamental del país en el diseño del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la organización confía en que el gobierno aprovechará esta oportunidad para redoblar sus esfuerzos de abordar los problemas de derechos humanos en México.” El examen periódico universal (EPU) es el primer mecanismo de que dispone la ONU para estudiar sistemáticamente la actuación en materia de derechos humanos de los 192 Estados miembros de la ONU. Entre 2008 y 2011, cada año se someterán a examen 48 países, 16 en cada uno de los tres periodos de sesiones anuales del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. Entre los gobiernos que el Consejo de Derechos Humanos tiene previsto examinar este mes figuran China, Cuba, Alemania, México, Nigeria, la Federación Rusa y Arabia Saudí. El actual periodo de sesiones del EPU se prolongará hasta el 13 de febrero.