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Fracaso de una ley para proteger a las mujeres mexicanas

A los dos años de su aprobación, una ley para proteger a las mujeres en México no ha tenido ningún impacto. Esta circunstancia pone en peligro la seguridad de muchas mexicanas. En el segundo aniversario de la aprobación de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en la mayoría de las 32 entidades federativas mexicanas la ley no se ha aplicado debidamente. “Existe una clara y lamentable falta de compromiso a nivel estatal para poner en práctica la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia –dijo Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional–. En la práctica, esta falta de compromiso significa que la seguridad y la vida de miles de mujeres está en peligro.” Pese a que la ley se aprobó hace dos años, dos estados todavía no la han aprobado: Guanajuato y Oaxaca. De las 30 entidades que han aprobado la ley, pocos han cumplido con algunas de sus principales normas: Solo cinco han cumplido con la obligación de establecer procedimientos reglamentarios –esenciales para convertir la ley en más que papel–. Solo 20 tienen un sistema de coordinación de agencias para la prevención de violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley. Estos sistemas no han hecho públicos sus progresos para erradicar la violencia contra las mujeres ni sus estrategias para lograrlo. Solo dos nuevos refugios para víctimas de violencia doméstica están siendo construidos por autoridades estatales –uno en Durango y uno en Sonora– a pesar que la ley establece claramente que los estados deben “impulsar la creación de refugios para las víctimas.” Según información recibida por Amnistía Internacional, en México existen 60 refugios para mujeres victimas de violencia. El número de refugios, sin embargo, continúa siendo absolutamente inadecuado en relación a la demanda. Organizaciones de mujeres en estados como Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Morelos y Sonora  han destacado los altos niveles de violencia contra las mujeres y la ineficacia oficial para prevenirla y sancionarla. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades mexicanas que creen y apliquen protocolos de investigación penal que deberían ser utilizados por los agentes del ministerio público, la policía y los peritos al conocer la denuncia de una mujer que ha sufrido abusos. Estos protocolos deben incluir la obligación de proveer medidas de protección suficientes y efectivas para  garantizar la seguridad de la mujer denunciante y de su familia. “El gobierno federal, por medio de INMUJERES, ha priorizado la harmonización de la legislación estatal con normas nacionales e internacionales. Se trata de un paso necesario, pero es evidente que los avances por parte de la gran mayoría de los gobiernos estatales para poner en práctica medidas que mejoren el acceso a la justicia y la seguridad de la Ley General han sido muy limitado y hasta nulos”, dijo Kerrie Howard. “Si no se cumplen los requisitos básicos de la ley federal a nivel estatal, la ley no será más que papel –dijo Kerrie Howard–. Las mujeres en México merecen mucho más que eso y cada una de las autoridades tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que el problema de la violencia contra las mujeres se aborda de manera efectiva.”