Un destacado defensor de los derechos humanos ha sido absuelto de los cargos que se le habían imputado en relación con un mensaje de texto que presuntamente había enviado a amigos y familiares. Iwanggin Sabar Olif, miembro de la organización papú ELSHAM (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia, Instituto para el Estudio y la Defensa de los Derechos Humanos), se enfrentaba a una pena de hasta seis años de cárcel.
En el mensaje se pedía a la gente que tuviera cuidado porque el presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, había ordenado aplicar, junto con el ejército, un programa mortal para “erradicar” (membasmikan) a la población papú con el envenenamiento de los alimentos y otras acciones violentas. Sin embargo, Iwanggin Sabar Olif siempre negó haber escrito o enviado ese mensaje, e incluso haberlo recibido.
Fue acusado en aplicación del artículo 160 del Código Penal de Indonesia (KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), que sanciona “a toda persona que, verbalmente o por escrito, incite en público a cometer un acto punible, un acto violento contra la autoridad pública o cualquier otra desobediencia”.
Este artículo se ha utilizado en el pasado contra defensores de los derechos humanos de diferentes lugares de Indonesia, como Aceh, Java, Kalimantan Oriental y Maluku, para reprimir la libertad de expresión y reunión.
No obstante, el Tribunal de Distrito de Jayapura, en la provincia de Papúa, absolvió a Iwanggin Sabar Olif de todos los cargos el jueves 29.
La decisión del tribunal se produce casi dos semanas después de que el Tribunal Superior de Papúa ampliara la pena de prisión impuesta a 11 manifestantes –por el simple hecho de haber mostrado una bandera prohibida– que habían apelado contra su condena.
Amnistía Internacional acogió con satisfacción la absolución de Iwanggin Sabar Olif, pero instó al gobierno indonesio a que garantice que no se seguirá utilizando el artículo 160 para menoscabar el derecho a la libertad de expresión.
“Iwanggin Sabar Olif no debía haber sido detenido jamás. Su detención desde octubre de 2007 hasta enero de 2008 y su posterior juicio han durado más de 15 meses –ha declarado Donna Guest, de Amnistía Internacional–, lo que le ha impedido realizar su trabajo legítimo como defensor de los derechos humanos en Papúa.”
“Como dijo la entonces representante especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani, en su informe, tras la visita que hizo en junio de 2007 a Indonesia, deben establecerse procedimientos para impedir el procesamiento de defensores de los derechos humanos con objeto de someterlos a hostigamiento por realizar actividades que son una parte legítima de su función de defensa de los derechos humanos.”