Por Hiroka Shoji, investigador sobre Asia Oriental
Hace hoy exactamente un año, Hakamada Iwao, de 78 años, salía del Centro de Detención de Tokio después de que un tribunal de distrito japonés lo dejase en libertad temporalmente y dispusiese la celebración de un nuevo juicio. Hakamada es el preso que más años ha pasado en espera de ejecución: más de la mitad de su vida. Su sentencia condenatoria se basó en una “confesión” que hizo tras ser torturado repetidamente y el tribunal determinó que las pruebas que se habían usado para condenarlo podrían ser falsas.
Sin embargo, pese a que este caso tan destacado ha hecho flaquear la confianza de la gente en el sistema judicial y penitenciario de Japón, apenas ha cambiado nada. El sistema de justicia penal japonés sigue adoleciendo de profundas deficiencias y las condiciones de los presos condenados a muerte son inhumanas.
Reclusión en régimen de aislamiento
Cuando el 27 de marzo del año pasado Hakamada surgió del centro penitenciario ante los focos de los medios de comunicación, lo que captaron las cámaras de los periodistas no fue una imagen de júbilo, sino el retrato de un anciano ligeramente encorvado con una expresión vacía. Tras pasar más de 45 años confinado en la soledad de una celda de 5 metros cuadrados, Hakamada abandonó la prisión con un trastorno mental. Su discurso es incoherente y a menudo se retrae sobre sí mismo. Otras veces le dan arrebatos de furia.
Hakamada ya empezó a dar muestras de trastorno mental y de comportamiento en 1980, cuando el Tribunal Supremo confirmó su condena a muerte. Su abogado afirmó que era difícil comunicarse con él, por lo que las reuniones que mantenían eran infructuosas. Las conversaciones con su hermana, Hideko, y las cartas que escribía también ponían de manifiesto la existencia de un trastorno mental.
En Japón, los presos condenados a muerte permanecen apartados del mundo exterior, lo cual, además de la reclusión en régimen de aislamiento, también se traduce en un contacto escaso con la familia. Hakamada vivió en tales condiciones no sólo años, sino decenios.
Se pasó por alto la salud mental
Hakamada no es el único recluso que ha desarrollado una enfermedad mental mientras estaba recluido en espera de ejecución. Matsumoto Kenji, en espera de ejecución desde 1993, también perdió la cordura mental mientras estaba recluido, a lo que hay que añadir una discapacidad intelectual de nacimiento.
Al igual que Hakamada, Matsumoto empezó a dar muestras de pensamiento irracional tras ser encarcelado. En 2008, un simpatizante de la causa de Matsumoto recibió una carta suya en la que afirmaba que el primer ministro japonés y el presidente de Estados Unidos le habían concedido un premio monetario, hechos que no habían ocurrido. Los abogados de Matsumoto afirman que, debido a su trastorno mental, no es capaz de entender ni de participar en los procedimientos judiciales de su caso, ni puede ayudarlos a preparar los recursos en su defensa.
El derecho y las normas internacionales estipulan claramente que la pena de muerte no debe aplicarse a personas con discapacidades mentales o intelectuales. Sin embargo, Japón no tiene salvaguardias efectivas para impedir que esto ocurra, por lo que se condena igualmente a presos que, como Matsumoto, tienen discapacidades intelectuales previas. Por otra parte, no se han modificado las condiciones penitenciarias que han causado tanto daño a la salud mental de Hakamada y Matsumoto.
ES NECESARIO UN CAMBIO
En una declaración pública hecha tras su puesta en libertad, Hakamada dijo lo siguiente: “Es absolutamente inaceptable que el Estado mate a su pueblo”.
Su caso suscita interrogantes de peso. Por ejemplo, ¿puede justificarse de alguna manera el aislamiento de una persona en una celda minúscula durante decenios? ¿Garantiza el sistema de justicia penal japonés en su estado actual que los juicios se celebran con las debidas garantías y que no se extraen confesiones forzadas? Y si existe siempre el riesgo de ejecutar a una persona inocente, ¿habrá alguna vez salvaguardias suficientes? La experiencia de la gran mayoría de los países del mundo pone de manifiesto que la respuesta es no.
En el año transcurrido desde su liberación, Hakamada ha dado muestras de mejora. Ahora que vive en Shizuoka (Japón) con su hermana Hideko, se ha vuelto más receptivo a hablar con ella. De vez en cuando incluso surge una sonrisa.
La causa todavía está en manos del tribunal superior, a la espera de que se dicte un fallo sobre la celebración de un nuevo juicio, pero, por el momento, Hakamada ha vuelto a casa. Sin duda, es necesario reformar el sistema de justicia y mejorar las condiciones de los presos condenados a muerte, pero el cambio primordial ha de ser la erradicación de la pena de muerte. Espero que las reformas que se emprendan en Japón no lleguen demasiado tarde para Matsumoto y otras personas que, como él, están condenados a muerte.
A partir del 1 de abril podrán consultarse las cifras que maneja Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en 2014. Hagan clic aquí para obtener más información acerca del trabajo de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte.