Las autoridades nigerianas mantienen detenidos a los defensores de los derechos humanos Omoyele Sowore y Olawale Bakare en el Departamento de Servicios del Estado en Abuya, y a Agba Jalingo en la prisión de Calabar, en el sur de Nigeria, desde que fueron arrestados en agosto. Afrontan cargos falsos de traición por pedir rendición de cuentas al gobierno. La pena máxima por el delito de traición es la pena de muerte. Deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones.