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EE. UU: Preocupación jurídica

, Índice: AMR 51/062/2009

PÚBLICO Índice AI: AMR 51/062/2009
8 de mayo de 2009
Más información (actualización núm. 4) sobre AU 278/08 (AMR 51/112/2008, del 8 de octubre de 2008) y
sus actualizaciones (AMR 51/137/2008, del 12 de noviembre de 2008, AMR 51/013/2009, del 26 de enero
de 2009, y AMR 51/027/2009, del 19 de febrero de 2009) Preocupación jurídica
EE. UU. 17 detenidos uigures recluidos en Guantánamo
Siete meses después de que un juez federal decretara que su detención es ilegal y ordenara su liberación
inmediata en territorio estadounidense, 17 uigures permanecen detenidos de forma indefinida en la base
naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba. Los 17 llevan más de siete años recluidos en la base
sin cargos ni juicio.
El 8 de octubre de 2008, el juez Ricardo Urbina, del tribunal federal de primera instancia del Distrito de
Columbia, había resuelto que la detención de los uigures era ilegal. El gobierno de Bush había admitido que
los uigures no eran “combatientes enemigos” (ni siquiera bajo su propia definición del concepto) y había
autorizado su liberación. El gobierno también había aceptado que no podían ser devueltos a su China natal
porque allí se enfrentarían a un grave peligro de tortura o ejecución, pero no había podido encontrar un país
dispuesto a aceptarlos. Señalando que los años de esfuerzos diplomáticos para encontrar un tercer país que
acogiera a los uigures habían sido infructuosos, que el gobierno no había podido especificar ningún riesgo
específico que los uigures constituyeran para la seguridad, y que en Estados Unidos había personas y
organizaciones dispuestas a proporcionar a los uigures el apoyo que necesitarían tras su liberación, el juez
Urbina ordenó que fueran liberados en territorio estadounidense. El gobierno de Bush apeló contra la orden
del juez Urbina ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Tras tomar posesión de su cargo el 20
de enero, el nuevo gobierno no tomó ninguna medida para retirar esa apelación.
El 18 de febrero, la Corte de Apelaciones, en la resolución Kiyemba v. Obama, decretó que el juez Urbina
había sobrepasado su autoridad. En el caso de los 17 uigures, continuó, “la rama ejecutiva ha determinado
no permitir que estas personas entren en Estados Unidos”. Los abogados de los uigures han apelado ante la
Corte Suprema para que anule la resolución Kiyemba (véase “Información complementaria”).
Estos 17 hombres llevan años sometidos a detención arbitraria e indefinida. En virtud del derecho
internacional de los derechos humanos, tienen derecho no sólo a impugnar la legalidad de su detención y a
que se ordene su liberación si se considera que esa detención es ilegal, sino también a un remedio efectivo
por las violaciones de sus derechos humanos. La liberación inmediata de los detenidos uigures en territorio
estadounidense pondría fin a la violación grave y continuada de sus derechos humanos. Esto no impediría a
las autoridades estadounidenses continuar con sus esfuerzos diplomáticos por encontrar un tercer país que
los acoja, pero la actual ausencia de esa solución ya no debe seguir utilizándose como excusa para negar a
estos hombres el remedio que han pedido, que se les debe, y que les concedió el juez Urbina.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 22 de enero de 2009, el presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva por la que su gobierno se
comprometía a cerrar el centro de detención de Guantánamo en el plazo de un año y a revisar los casos de los
detenidos para determinar qué debía hacerse con ellos. Tres meses y medio después, el nuevo gobierno ha
puesto en libertad a un detenido y no ha acusado a ningún otro. A finales de marzo, los miembros del equipo
ejecutivo de revisión viajaron a Guantánamo para entrevistar a los uigures detenidos, según los informes para
evaluar si podían ser puestos en libertad.
El nuevo gobierno ha tratado de explotar la resolución Kiyemba v. Obama de la Corte de Apelaciones. El
Departamento de Justicia ha alegado que la resolución “cierra la posibilidad de que una orden de un tribunal
obligue al gobierno a trasladar a un detenido a territorio estadounidense”, y eso significa que, para muchos
casos, no habrá mas remedio disponible que “los esfuerzos diplomáticos del gobierno por encontrar un país
receptor adecuado”. Esto equivale a afirmar que el ejecutivo, durante todo el tiempo que tarde en negociar el
regreso del detenido en cuestión a su país de origen o en encontrar un tercer país que lo acoja, puede hacer
caso omiso de la orden de liberación de un detenido del que se haya determinado judicialmente que se
encuentra recluido ilegalmente. Esto priva a los detenidos de su derecho a una revisión judicial significativa, y
priva al tribunal de la autoridad de ordenar, “sin demora”, la liberación de un detenido recluido ilegalmente,
conforme establece el artículo 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; también priva a los
detenidos del derecho a un remedio efectivo por la violación de cualquier derecho consagrado en el Pacto
(artículo 2 del Pacto).
Los abogados de los uigures detenidos han apelado contra la resolución Kiyemba ante la Corte Suprema. Si se
permite que la resolución se mantenga, alegan, se “eviscerará” la resolución Boumediene v. Bush de junio de
2008, en la que la Corte Suprema resolvió que los detenidos de Guantánamo tenían derecho a acceder “sin
demora” a una vista de hábeas corpus para impugnar la legalidad de su detención. Teniendo en cuenta las
señales de que el Departamento de Justicia pretende ampliar su uso de la resolución Kiyemba más allá de los
casos de los uigures, a otros detenidos de Guantánamo, lo que está “en juego”, según afirma la apelación
ante la Corte Suprema, es si Boumediene seguirá siendo una resolución histórica o terminará siendo “una
curiosidad”. Está previsto que el Departamento de Justicia presente su escrito de respuesta sobre el caso de
los uigures antes del 29 de mayo.
El 15 de abril de 2009, en otro caso distinto, una juez federal de primera instancia ordenó la liberación de un
detenido yemení por considerar que su reclusión en Guantánamo era ilegal, pero citó la resolución Kiyemba
alegando que limitaba su facultad de remediar la situación. Los abogados de ese detenido han pedido a la
Corte Suprema que, en la causa Kiyemba, dictaminen de inmediato que los jueces federales están facultados
para ordenar que los detenidos recluidos ilegalmente bajo custodia estadounidense sean puestos en libertad
condicional en territorio de Estados Unidos.
El 7 de mayo de 2009, algunos legisladores del Congreso estadounidense presentaron un proyecto de ley,
denominado “Ley para mantener a los terroristas fuera de Estados Unidos”, destinado a bloquear la liberación
en territorio estadounidense o el traslado a dicho territorio de cualquier detenido de Guantánamo sin el
acuerdo del gobernador y la Cámara de Representantes del estado estadounidense de destino. Otro proyecto
de ley pretende evitar el traslado de detenidos de Guantánamo a centros de detención en Virginia.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:
- pidiendo al gobierno estadounidense, en nombre del humanitarianismo y la justicia, que libere de inmediato
a los 17 detenidos uigures en territorio estadounidense, y que trabaje para garantizar una solución justa,
segura y duradera para estos hombres;
- expresando honda preocupación porque los 17 uigures continúan recluidos en detención indefinida en
Guantánamo, siete meses después de que un juez federal resolviera que su detención es ilegal y ordenara
que fueran liberados en territorio estadounidense;
- aplaudiendo el apoyo que la comunidad local de Estados Unidos ha prometido prestar a los uigures para
ayudarlos a adaptarse a la vida fuera de Guantánamo;
- señalando que el acto de liberar a los uigures en territorio estadounidense enviará una señal positiva a los
gobiernos cuya ayuda está pidiendo Estados Unidos para que acepten a detenidos liberados que no pueden
ser devueltos a sus países de origen.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente
President Barack Obama, The White House, 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington DC 20500, EE. UU.
Correo-e.: president@whitehouse.gov
Fax: + 1 202 456 2461
Tratamiento: Dear Mr President / Sr. Presidente
Fiscal general
Attorney General Eric Holder, US Department of Justice, 950 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC
20530-0001, EE. UU.
Fax: +1 202 307 6777
Correo-e.: AskDOJ@usdoj.gov
Tratamiento: Dear Attorney General / Sr. Fiscal General
Secretario de Defensa
Secretary of Defense Robert Gates, 1400 Defense Pentagon, Washington DC 20301, EE. UU.
Fax: + 1 703 571 8951
Correo-e.: Robert.gates@osd.mil
Tratamiento: Dear Secretary of Defense / Sr. Secretario de Defensa
COPIA A: la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 19 de junio de 2009.

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