Resumen

Las autoridades anunciaron nuevas reformas para proteger mejor los derechos de la población trabajadora migrante, pero, debido a la deficiente aplicación de reformas anteriores, las personas migrantes generalmente no estaban protegidas en la práctica frente a la explotación y los abusos laborales. Los trabajadores y trabajadoras migrantes que intentaban obtener justicia en conflictos laborales relacionados con el impago de los salarios esperaban durante meses la tramitación de sus casos, y cientos de ellos acabaron viéndose obligados a volver a casa sin haberlos cobrado. La libertad de expresión estaba sujeta a restricciones indebidas, y las mujeres sufrían discriminación en la legislación y en la práctica. Varios cientos de miembros del clan Al Ghufran de la tribu Al Murra, una de las mayores de Qatar, continuaban siendo apátridas. Las leyes qataríes seguían discriminando a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Los tribunales continuaron imponiendo condenas a muerte, pero no se tuvo noticia de ejecuciones.

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