Resumen

La ruptura de relaciones con Qatar decidida por varios de sus vecinos regionales comportó someterlo a restricciones arbitrarias que desembocaron en violaciones de derechos humanos. El gobierno continuó restringiendo indebidamente la libertad de expresión. Se tomaron medidas para mejorar el acceso a una indemnización de los trabajadores y trabajadoras migrantes víctimas de abusos. El gobierno se comprometió a revisar su legislación y a reformar el sistema de patrocinio en el marco de un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Después de años de demoras, se protegieron por primera vez los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras domésticos migrantes, aunque la nueva ley presentaba deficiencias. La discriminación de las mujeres seguía estando arraigada en la ley y en la práctica. Los tribunales impusieron condenas a muerte; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.

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