Irán 2019
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Irán 2019

Las autoridades reprimieron con dureza el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Las fuerzas de seguridad emplearon medios letales de manera ilegítima para sofocar las protestas, mataron a cientos de personas y detuvieron arbitrariamente a miles de manifestantes. Las autoridades detuvieron de forma arbitraria a más de 200 defensores y defensoras de los derechos humanos y en muchos casos les impusieron penas de cárcel y flagelación. Una nueva ley permitió a las mujeres iraníes casadas con extranjeros transmitir la nacionalidad iraní a sus hijos e hijas, pero las mujeres seguían sufriendo discriminación, y las autoridades intensificaron la represión contra las defensoras de los derechos de las mujeres que hacían campaña contra la legislación relativa al uso obligatorio del velo. Las minorías étnicas y religiosas sufrían una arraigada discriminación. La tortura y otros malos tratos, incluso mediante la negación de atención médica, seguían siendo generalizados y sistemáticos, y se cometían con impunidad. Se aplicaban penas judiciales crueles, inhumanas y degradantes. Decenas de personas, varias de las cuales eran menores de 18 años en el momento del delito, fueron ejecutadas, a veces en público. Se vulneró de forma sistemática el derecho a un juicio justo. Las autoridades iraníes persistieron en cometer el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada al ocultar sistemáticamente la suerte y el paradero de varios miles de personas que habían sido ejecutadas extrajudicialmente y en secreto en la década de 1980 por su disidencia política.

Información general

Las inundaciones repentinas que tuvieron lugar en marzo y abril afectaron a millones de personas y se saldaron con la muerte de al menos 77 y el desplazamiento de miles, según fuentes oficiales. Las autoridades recibieron críticas por no destinar suficientes recursos a la asistencia humanitaria y la reconstrucción.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos continuaron afectando negativamente a la economía de Irán, con consecuencias perjudiciales para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

Irán proporcionó apoyo militar a fuerzas gubernamentales y milicias en los conflictos armados de Siria e Irak.

El país continuó cerrado para los organismos independientes de observación de los derechos humanos. Amnistía Internacional y múltiples órganos de derechos humanos de la ONU —incluido el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán, cuyo mandato renovó en marzo el Consejo de Derechos Humanos— no pudieron visitar el país.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades reprimieron con dureza el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.

Las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza innecesaria o excesiva para dispersar protestas y detuvieron arbitrariamente a personas que se manifestaban de manera pacífica.

En noviembre, las fuerzas de seguridad sofocaron protestas en todo el país y mataron a más de 300 personas, incluidos niños y niñas, según fuentes fidedignas. Muchas de las víctimas murieron a consecuencia de heridas de bala en órganos vitales. Se detuvo arbitrariamente a miles de manifestantes, que en muchos casos sufrieron desaparición forzada y tortura u otros malos tratos, como puñetazos, patadas, latigazos y golpes. Las autoridades implementaron un cierre casi total de Internet durante las protestas para impedir que la gente compartiera imágenes y vídeos del uso de medios letales por parte de las fuerzas de seguridad.[1]

Se detuvo arbitrariamente a cientos de personas más en relación con el ejercicio pacífico de sus derechos, generalmente por cargos falsos relacionados con la seguridad nacional. Al menos 240 eran defensores y defensoras de los derechos humanos y entre ellas figuraban abogados y abogadas, activistas de los derechos laborales, ambientales, de los derechos de las minorías o de los derechos de las mujeres, así como personas que hacían campaña contra la pena de muerte o que buscaban la verdad, justicia y reparación por las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas masivas de la década de 1980. Se sometió a interrogatorio y otras formas de hostigamiento a varios familiares de defensores y defensoras de los derechos humanos. Entre las personas detenidas arbitrariamente figuraban también trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación y miembros de la disidencia política.

Seguían estando prohibidos los grupos de derechos humanos y de la sociedad civil independientes. Se seguían censurando los medios de comunicación de todo tipo e interfiriendo canales extranjeros de televisión por satélite.

Las autoridades hicieron redadas en fiestas privadas mixtas, en las que detuvieron a decenas de hombres y mujeres y los acusaron de quebrantar “la moral pública”, imponiéndoles penas de flagelación, entre otras.

Facebook, Telegram, Twitter y YouTube continuaron bloqueados. Las autoridades citaron para interrogarlas a personas con cuentas de Instagram muy seguidas, como figuras del mundo de la moda, la música y la danza, y, en algunos casos, las detuvieron y se hicieron con sus cuentas.

En abril, el fiscal general de Irán anunció que la publicación de “noticias falsas” relacionadas con las inundaciones era una cuestión de seguridad nacional. Posteriormente, la ciberpolicía iraní anunció la detención de 24 personas usuarias de redes sociales en la provincia de Juzestán por “difundir noticias tergiversadas y rumores” y “perturbar la opinión pública” en relación con las inundaciones.

Abogados y abogadas de derechos humanos

Las autoridades reprimieron a abogados y abogadas de derechos humanos, a quienes en algunos casos se llevó a juicio por su labor pacífica de derechos humanos, incluida la defensa de clientes que afrontaban cargos falsos relacionados con la seguridad nacional. En marzo, la abogada Nasrin Sotoudeh fue condenada a 33 años y 6 meses de prisión y a recibir 148 latigazos. Tenía que cumplir 12 años del total de la pena, además de otros 5 años impuestos en otra causa.[2] En junio, el abogado Amirsalar Davoudi fue condenado a 29 años y 3 meses de prisión, de los que tenía que cumplir 15 años, y a recibir 111 latigazos.

Trabajadores y trabajadoras y activistas de los derechos laborales

Durante el año, miles de trabajadores y trabajadoras protagonizaron manifestaciones pacíficas y huelgas en protesta por el impago de salarios y pensiones, las malas condiciones laborales y el bajo nivel de vida, la precariedad del empleo como consecuencia de la privatización de empresas del sector público y otros motivos de queja. Las autoridades detuvieron a decenas por cargos relacionados con la seguridad nacional e impusieron penas de prisión y flagelación a más de una veintena.

Durante el Día Internacional del Trabajo, las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza innecesaria para dispersar una manifestación pacífica en Teherán y golpearon y detuvieron arbitrariamente a decenas de trabajadores y trabajadoras. Entre estas personas figuraban las activistas de los derechos laborales Atefeh Rangiz y Neda Naji, que fueron condenadas a cinco años y cinco años y medio de prisión, respectivamente, por participar en la protesta.

En septiembre, los activistas de los derechos laborales encarcelados Sepideh Gholian y Esmail Bakhshi fueron condenados, respectivamente, a 18 años y 13 años y medio y 74 latigazos, en relación con su participación en protestas pacíficas contra la empresa azucarera Haft Tappeh por el impago de salarios en la provincia de Juzestán y con declaraciones públicas en las que habían afirmado haber sido objeto de tortura bajo custodia. La televisión estatal emitió sus “confesiones” forzadas meses antes del juicio.[3] En diciembre, la pena impuesta a Sepideh Gholian se redujo a cinco años de prisión, y la de Esmail Bakhshi, a cinco años de prisión y 74 latigazos.

El gobierno seguía prohibiendo los sindicatos independientes.

Ambientalistas

Se detuvo a decenas de ambientalistas. Se condenó a ocho conservacionistas a entre 4 y 10 años de prisión en relación con sus actividades, entre las que figuraba estudiar la fauna en peligro de extinción en Irán. Habían sido declarados culpables de cargos como “cooperar con Estados hostiles contra la República Islámica”.

Trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación

Se enjuició a periodistas y se les impusieron penas de prisión, de flagelación o de ambas clases en relación con su trabajo.

En junio, el periodista Masoud Kazemi fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión y se le prohibió ejercer el periodismo durante dos años en relación con unas publicaciones en redes sociales en las que había denunciado la corrupción del gobierno.

En mayo, la periodista Marzieh Amiri fue detenida mientras cubría la manifestación del Día Internacional del Trabajo. En agosto fue condenada a 10 años y 6 meses de prisión y a recibir 148 latigazos —pena reducida en apelación a 5 años de prisión— por cargos como “difusión de propaganda contra el sistema”.

En octubre, la Guardia Revolucionaria anunció que había detenido a Rouhollah Zam, editor de AmadNews, popular canal de una aplicación de mensajería al que las autoridades acusaban de haber incitado a las protestas de diciembre de 2017 y enero de 2018. La televisión estatal iraní emitió su “confesión” en un vídeo propagandístico días después de la detención.

Disidencia política

Las autoridades detuvieron al menos a 16 personas que, en julio, habían firmado cartas abiertas en las que se pedían cambios fundamentales en el sistema político del país; algunas de ellas fueron acusadas de “insultar al líder supremo”.

Los disidentes políticos Mehdi Karroubi, Mir Hossein Mousavi y Zahra Rahnavard continuaron bajo arresto domiciliario sin cargos ni juicio.

Derechos de las mujeres

En mayo, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que reformaba el Código Civil para permitir a las mujeres iraníes casadas con extranjeros transmitir la nacionalidad iraní a sus hijos e hijas. La nueva ley entró en vigor tras ser ratificada en octubre por el Consejo de Guardianes. No obstante, mientras que a los hijos e hijas de hombres iraníes se les concedía la nacionalidad iraní automáticamente, la nueva ley exigía a las mujeres solicitar la ciudadanía para los suyos, que debían además someterse a un control de seguridad del Ministerio de Inteligencia antes de obtenerla.

Más en general, las mujeres continuaron sufriendo discriminación arraigada en la legislación penal y de familia, especialmente en relación con el matrimonio, el divorcio, el empleo, la herencia y el desempeño de cargos políticos. Las autoridades no penalizaban la violencia de género contra las mujeres y las niñas, ni siquiera la violencia de género en el ámbito familiar y el matrimonio precoz y forzado, que seguían siendo prácticas generalizadas. El poder judicial suavizó un proyecto de ley de larga data que estaba examinando y que tenía por objeto proteger a las mujeres frente a la violencia, y lo remitió al comité de proyectos de ley del gobierno para que lo revisara en septiembre.

Las autoridades intensificaron la represión de las defensoras de los derechos de las mujeres que hacían campaña contra la discriminatoria legislación sobre el uso obligatorio del velo, y condenaron a algunas de ellas a prisión y flagelación por cargos que incluían “incitar a la corrupción y la prostitución y facilitarlas” animando a no llevar velo. En julio se impusieron sendas penas de 16 años de prisión a Yasaman Aryani y Monireh Arabshahi y una de 23 años y medio a Mojgan Keshavarz. Las tres debían cumplir 10 años de condena. En septiembre, las autoridades detuvieron a tres familiares de la destacada periodista y activista iraní residente en Estados Unidos Masih Alinejad en represalia por su activismo contra el uso obligatorio del velo. En abril, la policía citó por mensaje de texto a mujeres que presuntamente se habían quitado el hiyab para conducir a fin de entregarles una notificación oficial advirtiéndoles de que se les confiscaría el vehículo si lo volvían a hacer.

Las autoridades continuaron imponiendo a las mujeres la discriminatoria prohibición de entrar en estadios de fútbol durante la celebración de partidos locales y deteniendo y acusando de delitos a quienes la incumplían. En octubre, permitieron a 3.500 mujeres asistir a un partido de clasificación para la Copa Mundial en el Estadio Nacional. Esta autorización se emitió tras la muerte de Sahar Khodayari, quien se había prendido fuego a las puertas del tribunal que la estaba juzgando por cargos relacionados con el intento de entrar en un estadio.[4]

Discriminación: minorías étnicas

Las minorías étnicas —árabe ahwazí, turca azerbaiyana, baluchi, kurda y turcomana, entre otras— sufrían una arraigada discriminación que limitaba su acceso a la educación, al empleo y a una vivienda adecuada. El abandono económico de las regiones pobladas por minorías exacerbaba su pobreza y marginación. El persa continuó siendo el único idioma de enseñanza en la educación primaria y secundaria.

Las personas pertenecientes a minorías que denunciaban violaciones de sus derechos eran sometidas a detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, juicio injusto y encarcelamiento. Los organismos de inteligencia y seguridad acusaban a menudo a activistas de derechos de las minorías de apoyar “corrientes separatistas” que amenazaban la integridad territorial de Irán.

El activista de los derechos de la minoría turca azerbaiyana Abbas Lesani fue condenado a 15 años de prisión en octubre, por cargos que incluían “difusión de propaganda contra el sistema”, en relación con su labor de activismo. Debía cumplir 10 años de condena.

Se denunció la detención arbitraria de decenas de árabes ahwazíes que prestaban servicios voluntarios de ayuda humanitaria para socorrer a las víctimas de las inundaciones de Ahvaz en relación con su labor.

Las autoridades utilizaron las protestas de noviembre para atacar a minorías étnicas y detener a decenas de personas árabes ahwazíes, turcas azerbaiyanas, baluchis y kurdas, entre las que figuraban activistas de los derechos de las minorías.

Libertad de religión o de creencias

La libertad de religión o de creencias se vulneraba de forma sistemática en la ley y en la práctica. Las autoridades continuaron imponiendo a las personas ateas y de todas las religiones códigos de conducta pública basados en una interpretación estricta del islam chií. Sólo se permitía ocupar cargos políticos clave a los musulmanes chiíes. Se siguió violando el derecho a cambiar o abjurar de religión. Las personas que se declaraban ateas seguían estando expuestas a sufrir detención arbitraria, tortura y pena de muerte por “apostasía”.

Continuaron los ataques generalizados y sistemáticos contra la minoría perseguida bahaí, con detenciones arbitrarias y encarcelamiento, cierre forzoso de negocios, confiscación de bienes y prohibición de trabajar en el sector público. A decenas de estudiantes bahaíes se les negaba el acceso a las universidades mediante su expulsión por practicar su fe de manera pacífica.

Otras minorías religiosas no reconocidas en la Constitución, como la yaresaní (Ahl e Haq) y la comunidad Erfan e Halgheh, sufrían persecución por practicar su fe y eran sistemáticamente discriminadas.

Decenas de derviches gonabadi permanecían en prisión por cargos que incluían “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”, en relación con una protesta pacífica sofocada de manera violenta en 2018.

Decenas de personas de religión cristiana, incluidas conversas, fueron sometidas a hostigamiento, detención arbitraria y penas de prisión por practicar su fe. Continuaron los registros de casas iglesia.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos, incluida la reclusión prolongada en régimen de aislamiento, seguían siendo prácticas generalizadas y sistemáticas, especialmente durante los interrogatorios. Las autoridades nunca investigaban los casos de tortura ni exigían rendición de cuentas a los responsables.

La tortura pudo haber causado o propiciado la muerte bajo custodia de varias personas. En septiembre se informó a la familia de Javad Khosravanian de que éste había muerto bajo custodia varios días después de su detención en Khorrambid, comarca de la provincia de Fars. Según la información recibida, se encontraba bien y estaba sano antes de la detención. El director del departamento de justicia de la provincia ordenó una investigación sobre su muerte. Se tuvo noticia de que varias personas habían muerto bajo custodia tras ser detenidas durante las protestas de noviembre.

Se negó deliberadamente atención médica adecuada a presos y presas de conciencia, a menudo como castigo. El defensor de los derechos humanos Arash Sadeghi continuó siendo sometido a tortura al negarle tratamiento para el cáncer. Como nueva medida punitiva, las autoridades obligaron a los presos y presas de conciencia de la prisión de Evín, en Teherán, a pagar la atención médica que recibían fuera de la cárcel y restringieron enormemente el derecho de visita de familiares.

Las condiciones de reclusión en muchas cárceles y centros de detención seguían siendo crueles e inhumanas, e incluían hacinamiento, limitación del agua caliente, alimentación inadecuada, falta de camas, mala ventilación y plagas de insectos.

El Código Penal Islámico continuaba previendo castigos corporales judiciales constitutivos de tortura, entre ellos flagelación, ceguera y amputación. Decenas de personas fueron condenadas a flagelación por robo y agresión, así como por actos que, según el derecho internacional de los derechos humanos, no debían constituir delito. Tales actos incluían participar en protestas pacíficas, mantener relaciones extramatrimoniales, asistir a fiestas mixtas y beber alcohol. En julio, el cantante kurdo Peyman Mirzazadeh recibió 100 latigazos tras ser declarado culpable de cargos que incluían “beber alcohol”. En octubre se amputó una mano a una persona recluida en una prisión de Sari, provincia de Mazandarán, por robo.

Pena de muerte

Decenas de personas fueron ejecutadas tras juicios injustos, a veces en público. Algunas eran menores de 18 años en el momento del delito.

Se mantuvo la pena de muerte por conductas protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, tales como las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y las relaciones extramatrimoniales, así como para ciertos delitos definidos de manera imprecisa, como “insultos al Profeta”, “enemistad con Dios” y “propagar la corrupción en la tierra”.

El Código Penal Islámico continuaba contemplando la ejecución por lapidación.

Juicios injustos

Se vulneró de forma sistemática el derecho a un juicio justo.

Se retransmitieron por la televisión pública “confesiones” forzadas obtenidas mediante tortura y otros malos tratos, y fueron utilizadas por los tribunales para dictar sentencias condenatorias. En agosto, el ex preso Mazyar Ebrahimi afirmó que las autoridades del Ministerio de Inteligencia lo habían detenido a él y a otras personas en 2012 en relación con el homicidio de varios científicos nucleares iraníes y los habían torturado reiteradamente para obtener “confesiones” que se emitieron en la televisión pública. Posteriormente, el diputado Mahmoud Sadeghi presentó un proyecto de ley que penalizaba la grabación y emisión de confesiones forzadas y que era poco probable que se aprobara. En noviembre, los medios de comunicación públicos retransmitieron las “confesiones” forzadas de personas detenidas durante las protestas que habían tenido lugar en todo el país ese mismo mes.

Se negaba a las personas juzgadas ante tribunales especiales que conocían de casos de corrupción económica el derecho a recurrir las penas si éstas eran de prisión y sólo se les concedían 10 días para hacerlo si eran condenas a muerte. En julio, el poder judicial anunció que, desde su creación a mediados de 2018, estos tribunales habían dictado 978 sentencias, incluidas 9 condenas a muerte y 161 penas de flagelación.

Las autoridades continuaron negando el acceso a asistencia letrada independiente durante la etapa de instrucción a personas que afrontaban determinados cargos, entre ellos los relacionados con la seguridad nacional. A algunas personas se les negó el acceso a su abogado incluso durante el juicio.

Crímenes persistentes de lesa humanidad

Las autoridades iraníes persistieron en cometer el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada al ocultar sistemáticamente la suerte y el paradero de varios miles de disidentes políticos sometidos a desaparición forzada durante una oleada de ejecuciones extrajudiciales masivas y secretas llevada a cabo entre julio y septiembre de 1988. El sufrimiento constante infligido a los familiares de las víctimas vulneraba la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.

Muchas de las autoridades sospechosas de implicación en las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales masivas de 1988, incluidas personas vinculadas a las “comisiones de la muerte”, continuaban ocupando cargos de poder.[4] Alireza Avaei seguía siendo ministro de Justicia; en marzo, Ebrahim Raisi fue nombrado presidente de la Magistratura, y, en julio, Mostafa Pour Mohammadi, consejero del presidente de la Magistratura de Irán y ex ministro de Justicia, amenazó a personas que abogaban en favor de la verdad y la rendición de cuentas con procesarlas por “terrorismo” y “connivencia” con los enemigos de Irán.


[1] Irán: Miles de personas detenidas y en peligro de tortura en escalofriante represión después de protestas (noticia, 16 de diciembre)

[2] Irán: Indignante condena a 33 años de prisión y 148 latigazos para la defensora de los derechos de las mujeres Nasrin Sotoudeh (noticia, 11 de marzo)

[3] Irán: Se debe poner fin a los abusos contra activista encarcelada. Sepideh Gholian y Esmail Bakhshi (MDE 13/1295/2019)

[4] Irán: Impactante muerte de aficionada al fútbol que se prendió fuego revela impacto del desprecio hacia los derechos de las mujeres (noticia, 10 de septiembre )

[5] Iran: Shocking statements by senior official highlight impunity for 1988 prison massacres (MDE 13/0815/2019)