Irán 2017/2018

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Irán 2017/2018

Las autoridades reprimieron con dureza el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica y de religión o creencias, y encarcelaron a decenas de personas que manifestaron su disidencia. Los juicios eran sistemáticamente injustos. La tortura y otros malos tratos eran práctica generalizada y quedaban impunes. Se aplicaron penas crueles, como flagelación y amputación. La discriminación y la violencia basadas en el género, las opiniones políticas, las creencias religiosas, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género eran generalizadas y contaban con el respaldo de las autoridades. Se ejecutó a centenares de personas, algunas en público, y había miles condenadas a muerte; muchas eran menores de 18 años en el momento del delito.

Información general

En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó el mandato de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán; las autoridades iraníes continuaron negando la entrada en el país de ésta y de otros expertos de la ONU.

En mayo, el presidente Ruhaní fue reelegido para un segundo mandato tras un proceso electoral que discriminó a cientos de candidatos y candidatas al excluirlos por su género, creencias religiosas y opiniones políticas. El nombramiento de personas presuntamente implicadas en violaciones graves de derechos humanos para ocupar cargos ministeriales suscitó críticas públicas.

La UE e Irán se esforzaron por reanudar el diálogo bilateral en materia de derechos humanos mientras varios defensores y defensoras de estos derechos cumplían penas de prisión impuestas por comunicarse con funcionarios de la UE y de la ONU. Otros gobiernos —como los de Australia, Suecia y Suiza— iniciaron también diálogos bilaterales de derechos humanos con Irán.

Al final de diciembre, miles de iraníes salieron a la calle para protestar contra la pobreza, la corrupción y la represión política, en las primeras manifestaciones de tal envergadura convocadas contra el sistema desde 2009.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades seguían reprimiendo con dureza el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, encarcelando por cargos falsos relacionados con la seguridad nacional a decenas de personas que expresaban críticas de forma pacífica. Entre las personas objeto de la represión había disidentes políticos pacíficos, periodistas, profesionales de medios de comunicación en línea, estudiantes, cineastas, artistas musicales y escritores y escritoras, así como defensores y defensoras de los derechos humanos —como activistas de los derechos de las mujeres, de los derechos de las minorías y ecologistas—, sindicalistas, activistas contra la pena de muerte, profesionales del derecho y personas que buscaban verdad, justicia y reparación por las ejecuciones y desapariciones forzadas masivas de la década de 1980.

Muchos presos y presas de conciencia se declararon en huelga de hambre para protestar por su encarcelamiento injusto.

Las autoridades detuvieron a cientos de personas tras las manifestaciones contra el sistema que comenzaron a convocarse en todo el país al final de diciembre. Se recibieron informes de que las fuerzas de seguridad habían usado armas de fuego y fuerza excesiva contra manifestantes desarmados, causando muertos y heridos. El 31 de diciembre, el ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación bloqueó el acceso a Instagram y a la popular aplicación de mensajería Telegram, empleados por activistas para promover y apoyar las protestas.

Las autoridades judiciales habían ejercido durante el año una presión persistente sobre el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación para pedir que Telegram trasladase sus servidores a Irán y cerrase decenas de miles de canales que, según la judicatura, “amenazaban la seguridad nacional” o “insultaban valores religiosos”. Telegram dijo que había rechazado ambas peticiones.

Otros sitios populares de redes sociales, como Facebook, Twitter y YouTube, seguían bloqueados.

Antes de las elecciones presidenciales de mayo tuvo lugar una nueva oleada de duros interrogatorios y detenciones arbitrarias de periodistas y profesionales de medios de comunicación en línea. Las personas que usaban Telegram recibieron penas de prisión especialmente severas, en algunos casos de más de 10 años.

La libertad de expresión musical continuaba sujeta a restricciones. Las mujeres no podían cantar en público, y las autoridades seguían cancelando muchos conciertos. En agosto, varios centenares de artistas pidieron al presidente Ruhaní que pusiera fin a estas restricciones.

Las autoridades continuaron haciendo redadas violentas en fiestas privadas mixtas, en las que detuvieron a centenares de jóvenes a quienes en muchos casos impusieron penas de flagelación.

Se seguían censurando los medios de comunicación de todas las modalidades e interfiriendo canales extranjeros de televisión por satélite. Las autoridades judiciales intensificaron el acoso de periodistas que trabajaban en el servicio en persa de la BBC, congelando los bienes de 152 periodistas o experiodistas de la emisora y prohibiéndoles hacer transacciones económicas.

La Asociación de Periodistas continuó suspendida.

Decenas de estudiantes seguían teniendo vetado el acceso a la educación superior como represalia por su activismo pacífico, a pesar de la promesa electoral del presidente Ruhaní de levantar la prohibición.

Persistía la prohibición de los sindicatos independientes, y varios sindicalistas fueron encarcelados injustamente. Las fuerzas de seguridad siguieron reprimiendo con violencia protestas pacíficas de trabajadores y trabajadoras, incluso en el Día Internacional del Trabajo.

Decenas de activistas ambientales fueron citados para someterlos a interrogatorio, detenidos y enjuiciados por participar en protestas pacíficas contra la contaminación del aire, la desaparición de lagos, los proyectos de desviación de ríos y las prácticas de vertido de residuos.

Los líderes de la oposición Mehdi Karroubi y Mir Hossein Mousavi, y la esposa de éste, Zahra Rahnavard, llevaban sometidos a arresto domiciliario sin cargos ni juicio desde febrero de 2011.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo frecuentes, especialmente durante los interrogatorios. Era habitual que las personas bajo custodia del Ministerio de Inteligencia y la Guardia Revolucionaria fueran objeto de reclusión prolongada en régimen de aislamiento, lo que constituía tortura.

Las autoridades continuaban absteniéndose por sistema de investigar las denuncias de tortura de las personas acusadas de delitos y de excluir como prueba contra ellas las “confesiones” obtenidas mediante tortura.

Las autoridades seguían privando de atención médica adecuada a las personas recluidas por motivos políticos, en muchas ocasiones como castigo deliberado o para obtener “confesiones”, lo que constituía tortura.

Las personas encarceladas soportaban condiciones de reclusión crueles e inhumanas, como hacinamiento, limitación del agua caliente, alimentación inadecuada, falta de camas, mala ventilación e infestaciones de insectos.

Más de una decena de presos políticos de la prisión de Raja’i Shahr de Karaj emprendieron una prolongada huelga de hambre entre julio y septiembre para protestar por sus duras condiciones de reclusión. Algunos fueron privados de atención médica, recluidos en régimen de aislamiento y acusados de nuevos delitos como represalia.

Penas crueles, inhumanas o degradantes

Las autoridades judiciales continuaron imponiendo y aplicando, a veces en público, penas crueles e inhumanas, que constituían tortura.

Decenas de personas, niños y niñas incluidos, fueron condenadas a recibir hasta 100 latigazos por robo y agresión, así como por actos que, según el derecho internacional, no debían constituir delito, como tener relaciones extramatrimoniales, asistir a fiestas mixtas, comer en público durante el Ramadán o participar en protestas pacíficas.

En enero, el periodista Hossein Movahedi recibió 40 latigazos en Najaf Abad (provincia de Isfahán) después de que un tribunal lo declarase culpable de no informar con precisión del número de motocicletas confiscadas por la policía en la ciudad. En agosto, un tribunal penal de la provincia de Markazi condenó al sindicalista Shapour Ehsanirad a 30 latigazos y seis meses de prisión por participar en una protesta contra condiciones laborales injustas.

En febrero, el Tribunal Supremo confirmó la pena de ceguera que un tribunal penal de la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad había impuesto a una mujer como castigo por haber dejado ciega a otra mujer.

Se impusieron decenas de penas de amputación, que el Tribunal Supremo confirmó posteriormente. En abril, las autoridades judiciales de Shiraz (provincia de Fars) amputaron una mano a Hamid Moinee y, 10 días después, lo ejecutaron. Había sido declarado culpable de asesinato y robo. Se ejecutaron al menos cuatro penas de amputación más por robo.

Las autoridades también aplicaron penas degradantes. En abril, tres hombres acusados de secuestro y otros delitos fueron exhibidos en Dehloran (provincia de Ilam) con las manos atadas y unos recipientes empleados para limpiar retretes colgados alrededor del cuello. Ocho hombres fueron humillados de forma similar en Pakdasht (provincia de Teherán) en julio.

En mayo, un tribunal penal de la capital, Teherán, condenó a una mujer detenida por mantener una relación íntima extramatrimonial a lavar cadáveres durante dos años y a recibir 74 latigazos. El hombre fue condenado a 99 latigazos.

Juicios injustos

Los juicios, incluidos los resueltos con pena de muerte, eran sistemáticamente injustos. No había mecanismos independientes para garantizar la rendición de cuentas dentro de la judicatura. Persistía una profunda preocupación por el hecho de que los jueces, especialmente los que presidían tribunales revolucionarios, fueran nombrados en función de sus opiniones políticas y su afiliación a organismos de inteligencia y carecieran de formación jurídica.

Se incumplían de manera habitual las garantías de juicio justo contenidas en el Código de Procedimiento Penal de 2015, entre ellas las que protegían el derecho a asistencia letrada desde el momento de la detención y durante la investigación. Las autoridades seguían invocando el artículo 48 del Código para impedir que las personas detenidas por razones políticas accedieran a abogados de su elección, a quienes se comunicaba que no figuraban en la lista de letrados aprobados por el presidente de la Magistratura, a pesar de que no se había publicado ninguna lista oficial.

Los juicios, especialmente los celebrados ante los tribunales revolucionarios, seguían siendo a puerta cerrada y muy breves, durando en ocasiones escasos minutos.

Las personas extranjeras y las iraníes con doble nacionalidad continuaban estando expuestas a sufrir detención arbitraria, juicio manifiestamente injusto y largas penas de prisión. Las autoridades afirmaban que estaban combatiendo “proyectos de infiltración” orquestados en el extranjero. En realidad, estas personas eran acusadas en muchas ocasiones de imprecisos delitos contra la seguridad nacional por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de asociación.

Libertad de religión o de creencias

La libertad de religión o de creencias se vulneraba de forma sistemática en la ley y en la práctica. Las autoridades seguían imponiendo códigos de conducta pública basados en una interpretación estricta del islam chií a personas de todas las religiones. Las personas musulmanas no chiíes no podían presentarse a las elecciones presidenciales ni ocupar cargos políticos clave.

Continuaban cometiéndose ataques generalizados y sistemáticos contra la minoría bahaí, como detenciones arbitrarias, largos periodos de prisión, tortura y otros malos tratos, clausura forzosa de negocios, confiscación de bienes, prohibición de trabajar en el sector público y negación de acceso a universidades. Las autoridades incitaban habitualmente al odio y la violencia, calificando a la comunidad bahaí de “herética” y “sucia”. Se agravó el temor de que se cometieran crímenes de odio con impunidad después de que dos hombres que admitieron haber matado a Farang Amiri debido a su fe bahaí quedaran en libertad con fianza en junio.

Otras minorías religiosas no reconocidas en la Constitución, como la yaresaní (Ahl e Haq) sufrían asimismo una discriminación sistemática, especialmente en la educación y el empleo, y eran perseguidas por practicar su fe.

Se siguió violando el derecho a cambiar o abjurar de religión. Se impusieron severas penas de prisión a varias personas conversas al cristianismo, en algunos casos de entre 10 y 15 años. Continuaron los registros de casas iglesia.

Los derviches gonabadi estaban expuestos a ser encarcelados y a sufrir ataques contra sus lugares de culto. Varios de ellos fueron despedidos arbitrariamente del trabajo; otros no pudieron matricularse en la universidad.

Quienes se declaraban ateos seguían estando expuestos a sufrir detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y pena de muerte por “apostasía”.

La comunidad musulmana suní continuaba denunciando discriminación, sobre todo restricciones para hacer las oraciones aparte en las celebraciones del Eid al Fitr y exclusión de los altos cargos.

En contra de lo dispuesto en la legislación iraní, en octubre el Tribunal de Justicia Administrativa suspendió al zoroastriano Sepanta Niknam como miembro del Ayuntamiento de Yazd basándose en una opinión del jefe del Consejo de Guardianes iraní, que dijo que era contrario a la ley islámica permitir que personas no musulmanas gobernasen a musulmanas.

Al menos dos personas fueron condenadas a muerte por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de religión o de creencias (véase infra).

Discriminación: minorías étnicas

Las minorías étnicas, como las comunidades árabe ahwazí, turca azerbaiyana, baluchi, kurda y turcomana, continuaban sufriendo una discriminación arraigada, que restringía su acceso a la educación, al empleo, a una vivienda adecuada y a los cargos políticos.

El ininterrumpido abandono económico de las regiones pobladas por minorías consolidaba aún más su pobreza y marginación. En la provincia de Sistán y Baluchistán, los habitantes de muchos pueblos denunciaban falta de acceso a agua, electricidad, escuelas y centros de salud. La empobrecida provincia seguía teniendo índices elevados de analfabetismo entre las niñas y de mortalidad infantil.

El persa continuaba siendo la única lengua de enseñanza en la educación primaria y secundaria, lo que contribuía a que la tasa de abandono escolar fuera más alta en las zonas pobladas por minorías.

Seguía criticándose la ausencia de medidas para garantizar el gobierno autónomo de las minorías.

Los miembros de minorías que denunciaban violaciones de sus derechos estaban expuestos a sufrir detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, juicio manifiestamente injusto, prisión y pena de muerte. Los organismos de inteligencia y seguridad acusaban a menudo a activistas de derechos de las minorías de apoyar “corrientes separatistas” que amenazaban la integridad territorial de Irán.

La guardia de fronteras iraní siguió disparando y matando de forma ilegítima y con total impunidad a decenas de hombres kurdos desarmados conocidos como kulbar que trabajaban como porteadores entre el Kurdistán iraquí y el iraní. En septiembre, las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia protestas que estallaron en Baneh y Sanandaj por la muerte por disparos de dos kulbar y detuvieron a más de una decena de personas.

Hubo una importante presencia policial en la provincia de Kurdistán en septiembre, cuando miembros de la minoría kurda de Irán hicieron concentraciones de apoyo al referéndum por la independencia de la región kurda del norte de Irak. Según los informes, se detuvo a más de una decena de personas.

En junio se desplegaron fuerzas de seguridad en Ahvaz con motivo de la festividad del Eid al Fitr, para impedir concentraciones convocadas en solidaridad con las familias de árabes ahwazíes encarcelados o ejecutados por motivos políticos. Se detuvo arbitrariamente a más de una decena de personas y muchas más fueron citadas para ser interrogadas. Mohammad Ali Amouri, defensor de los derechos humanos árabe ahwazí, seguía condenado a muerte.

Discriminación: mujeres y niñas

Las mujeres seguían sufriendo una arraigada discriminación, tanto en la legislación como en la práctica, en aspectos como el acceso al divorcio, el trabajo, la herencia en condiciones de igualdad y los cargos políticos, así como en el derecho de familia y penal.

Los actos de violencia contra mujeres y niñas, incluidos la violencia en el ámbito familiar y el matrimonio precoz y forzado, eran generalizados y se cometían con impunidad. Las autoridades no penalizaban la violencia de género, sobre la que seguía pendiente un anteproyecto de ley desde 2012. La edad legal para contraer matrimonio para las niñas seguía siendo los 13 años, y sus padres y abuelos podían obtener permiso de los tribunales para que se casaran a una edad aún más temprana.

El Consejo de Guardianes rechazó a las 137 mujeres que se habían inscrito como candidatas a las elecciones presidenciales. A pesar de las demandas de la sociedad civil, el presidente Ruhaní no incluyó a ninguna ministra en su gabinete.

El uso obligatorio del hiyab permitía a la policía y a las fuerzas paramilitares hostigar y detener a mujeres por mostrar mechones de cabello sobresaliendo de él o por llevar mucho maquillaje o ropa ceñida. Se lanzaron campañas de desprestigio y sancionadas por el Estado contra mujeres que luchaban contra el uso obligatorio del hiyab.

El Código Civil de Irán seguía negando a las iraníes casadas con extranjeros el derecho a transmitir su nacionalidad a sus hijos e hijas, derecho del que sí gozaban los iraníes casados con extranjeras.

Las autoridades se resistieron a la constante presión pública en favor de que se permitiera la entrada de las mujeres en los estadios de fútbol.

Las mujeres tenían acceso limitado a métodos anticonceptivos modernos y asequibles, puesto que las autoridades no habían restablecido el presupuesto para programas estatales de planificación familiar, recortado en 2012. El Parlamento aprobó en octubre una ley que imponía severas restricciones a la difusión de información sobre métodos anticonceptivos.

Las autoridades siguieron vigilando y restringiendo los viajes al extranjero de activistas de los derechos de las mujeres. En agosto, Alieh Motalebzadeh fue condenada a tres años de prisión por asistir en Georgia a un taller sobre “empoderamiento de las mujeres y elecciones”.

Discriminación: personas con discapacidad y personas que viven con el VIH

El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad examinó en marzo el historial de Irán en materia de derechos humanos. El Comité condenó la discriminación y violencia del Estado contra las personas con discapacidad física e intelectual, la escasa implementación de normas de accesibilidad y la falta de ajustes razonables en los lugares de trabajo. Además, expresó alarma ante los informes sobre internamiento forzado de personas con discapacidad y sobre tratamientos médicos no consentidos a personas a las que se suponía una discapacidad, en particular por motivos de identidad de género y orientación sexual. En diciembre, el Parlamento aprobó una propuesta de ley sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad que, de aplicarse plenamente, les reportaría una mejora de la accesibilidad y del acceso a la educación, la vivienda, la atención médica y el empleo.

En agosto, el Ministerio de Educación adoptó unos criterios discriminatorios para rechazar candidaturas a puestos docentes, entre los que figuraban motivos como tener enfermedades, estrabismo, lunares en la cara, corta estatura o mucho peso. Ante la indignación pública, el Ministerio prometió revisarlos, aunque declaró que las personas que vivían con el VIH seguirían estando excluidas por carecer de “condiciones morales”.

Pena de muerte

Las autoridades siguieron llevando a cabo centenares de ejecuciones tras juicios injustos, algunas de ellas en público.

Las autoridades continuaban considerando “contrarias al islam” las actividades pacíficas de campaña contra la pena de muerte y hostigaban y encarcelaban a quienes participaban en ellas.

La mayoría de las ejecuciones fueron por delitos de drogas sin consecuencia de muerte. Una nueva ley aprobada en octubre aumentó la cantidad de drogas necesaria para imponer la pena de muerte, aunque mantuvo su imposición preceptiva para una amplia variedad de delitos de drogas. Pese a que la nueva ley preveía su aplicación retroactiva, no estaba claro aún cómo iban a implementarla las autoridades para conmutar las condenas a muerte ya impuestas.

Se pudo confirmar la ejecución de cuatro personas por delitos cometidos siendo menores de 18 años y la presencia de otras 92 también menores en el momento del delito entre las que se hallaban condenadas muerte, aunque era probable que las cifras reales fueran muy superiores. Se programaron varias ejecuciones que se aplazaron en el último momento debido a campañas públicas. Los nuevos juicios de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, celebrados en virtud del artículo 91 del Código Penal Islámico de 2013, seguían desembocando en nuevas condenas a muerte debido a evaluaciones arbitrarias de su “madurez” en el momento del delito.

Se mantuvo la pena de muerte para delitos imprecisos como “insultar al Profeta”, “enemistad con Dios” y “propagar la corrupción en la tierra”.

En agosto, el maestro espiritual y preso de conciencia Mohammad Ali Taheri fue condenado a muerte por segunda vez por “propagar la corrupción en la tierra” mediante el establecimiento del grupo espiritual Erfan e Halgheh; en octubre, el Tribunal Supremo anuló la condena. Taheri seguía recluido en régimen de aislamiento.

La presa de conciencia Marjan Davari fue condenada a muerte en marzo por “propagar la corrupción en la tierra” en relación con su pertenencia al grupo religioso Eckenkar y por traducir sus materiales. El Tribunal Supremo anuló posteriormente la condena a muerte y devolvió la causa al Tribunal Revolucionario de Teherán para que celebrara un nuevo juicio.

El Código Penal Islámico continuaba contemplando la ejecución por lapidación.

Algunas conductas homosexuales mantenidas de mutuo acuerdo seguían siendo punibles con la muerte.

Descarga el Informe 2017/18 de Amnistía Internacional