Irán 2016/2017

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Irán 2016/2017

Las autoridades reprimían con dureza el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica y de creencias, y detenían y encarcelaban a quienes expresaban críticas de manera pacífica, así como a otras personas, tras juicios manifiestamente injustos ante tribunales revolucionarios. La tortura y otros malos tratos bajo custodia seguían siendo práctica habitual y generalizada, cometida con impunidad. Continuaban aplicándose penas crueles, como flagelación y amputación. Las minorías religiosas y étnicas sufrían discriminación y persecución. Las mujeres y las niñas padecían violencia y discriminación generalizadas. Las autoridades utilizaron ampliamente la pena de muerte y llevaron a cabo cientos de ejecuciones, algunas de ellas en público. Fueron ejecutados al menos dos hombres por delitos cometidos cuando eran menores de edad.

Información general

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó en marzo el mandato del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán. El gobierno continuó negando la entrada en el país a éste y otros expertos de derechos humanos de la ONU.

El gobierno y la UE estudiaron la posibilidad de entablar de nuevo un diálogo bilateral sobre los derechos humanos.

Escrutinio internacional

El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, llevó a cabo su tercer y cuarto exámenes periódicos de Irán y criticó la persistencia de las ejecuciones de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad y el impacto de las ejecuciones públicas en la salud mental de los niños y niñas que las presenciaban. El Comité criticó también que se siguiera discriminando a las niñas, a los niños y niñas pertenecientes a minorías religiosas y étnicas y a las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) menores de edad, y censuró la corta edad a la que estaba establecida la responsabilidad penal, especialmente en el caso de las niñas.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades reprimieron aún más el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, deteniendo arbitrariamente y encarcelando por cargos imprecisos relacionados con la seguridad nacional a quienes expresaban críticas de forma pacífica. Entre las personas objeto de la represión había defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, profesionales del derecho, blogueros y blogueras, estudiantes, sindicalistas, cineastas, artistas musicales, poetas, activistas de los derechos de las mujeres, activistas de los derechos de las minorías étnicas y religiosas, ecologistas y activistas contra la pena de muerte.

Al concluir el año, muchos presos y presas de conciencia se declararon en huelga de hambre para protestar por su encarcelamiento injusto, poniendo de manifiesto la naturaleza abusiva del sistema de justicia penal de Irán.

Las autoridades intensificaron la represión de los defensores y defensoras de los derechos humanos, a quienes imponían largas penas de prisión por sus actividades pacíficas. Los tribunales utilizaron de forma creciente como prueba de activismo “delictivo”, considerado una amenaza para la seguridad nacional, las críticas al historial de derechos humanos de Irán en las redes sociales, y la comunicación con mecanismos internacionales de derechos humanos, especialmente con el relator especial de la ONU sobre Irán, y con organizaciones de derechos humanos radicadas en el extranjero, como Amnistía Internacional.

Las autoridades también restringieron la expresión musical, llegando a interrumpir y a obligar a cancelar actuaciones, algunas de ellas autorizadas por el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica; y reprimieron actividades como fiestas privadas mixtas, que consideraban “socialmente perversas” o “no islámicas”, deteniendo a centenares de personas e imponiendo a muchas penas de flagelación.

Los líderes de la oposición Mehdi Karroubi y Mir Hossein Mousavi, y la esposa de éste, Zahra Rahnavard, llevaban sometidos a arresto domiciliario sin cargos desde febrero de 2011; sufrían frecuentes injerencias extremas en su vida privada y no tenían acceso suficiente a servicios médicos.

Las autoridades, que continuaban censurando todos los medios de comunicación, interfirieron emisiones de canales extranjeros de televisión por satélite; cerraron o suspendieron periódicos, como Bahar y Ghanoun, y obligaron a suspender la publicación de la revista de los derechos de las mujeres Zanan-e Emrooz.

En febrero, una orden judicial añadió WhatsApp, Line y Tango a la lista de redes sociales bloqueadas, en la que ya figuraban Facebook y Twitter. La Unidad de Ciberdelitos de la Guardia Revolucionaria bloqueó o cerró centenares de cuentas de Telegram e Instagram, y detuvo o citó para interrogarlos a los administradores de más de 450 grupos y canales de Telegram, WhatsApp e Instagram —entre los que había centenares de personas dedicadas al diseño de moda y empleadas en tiendas de ropa— en el contexto de una campaña de represión masiva de actividades en las redes sociales consideradas una “amenaza para la seguridad moral”.

La suspendida Asociación de Periodistas Iraníes escribió una carta abierta al presidente Ruhaní instándolo, infructuosamente, a levantarle la suspensión, como había prometido en la campaña electoral de 2013, mientras que 92 grupos estudiantiles le pidieron que liberase a las universidades del temor y la represión. Las autoridades no permitieron que la Asociación Profesional de Docentes de Irán renovase su licencia y condenaron a varios de sus miembros a largas penas de prisión por “pertenencia a un grupo ilegal”, entre otros cargos.

Las autoridades continuaron reprimiendo protestas pacíficas y sometiendo a los manifestantes a palizas y detención arbitraria. Había gran número de personas declaradas culpables de “concentración y colusión contra la seguridad nacional” por asistir a protestas pacíficas.

En enero se aprobó una nueva Ley de Delitos Políticos que entró en vigor en junio y que penalizaba toda manifestación considerada “contraria a la gestión del país y sus instituciones políticas y a las políticas nacionales y exteriores” y hecha “con intención de reformar los asuntos del país sin pretender dañar las bases del sistema”.

Tortura y otros malos tratos

Seguían siendo frecuentes la tortura y otros malos tratos de personas privadas de libertad, especialmente durante el interrogatorio, y se usaban sobre todo para obligarlas a “confesar”. Era habitual que las personas bajo custodia del Ministerio de Inteligencia y la Guardia Revolucionaria fueran objeto de reclusión prolongada en régimen de aislamiento, lo que constituía tortura.

Las autoridades se abstenían por sistema de investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos, y a veces amenazaban con someter a los denunciantes a nuevas torturas y penas severas. Los jueces seguían admitiendo “confesiones” obtenidas mediante tortura como prueba inculpatoria, a pesar de que el Código de Procedimiento Penal de 2015 las excluía. El Código no establecía el procedimiento que debían seguir jueces y fiscales para investigar las denuncias de tortura y asegurarse de que las confesiones eran voluntarias. Otras disposiciones contenidas en él, como la que garantizaba el derecho de la persona detenida a asistencia letrada desde el momento de la detención y durante la fase de investigación, eran ignoradas con frecuencia en la práctica, lo que facilitaba la tortura.

Las autoridades judiciales, especialmente la fiscalía, y las autoridades penitenciarias negaban a menudo a las personas encarceladas por motivos políticos, presos y presas de conciencia incluidos, el acceso a la atención médica adecuada, en muchas ocasiones para castigarlas u obligarlas a hacer “confesiones”.

En junio, Nader Dastanpour murió bajo custodia a consecuencia de lesiones sufridas, según su familia, durante su tortura en una comisaría de policía de Teherán. No se tuvo constancia de ninguna investigación independiente.

Penas crueles, inhumanas o degradantes

Las autoridades judiciales continuaron imponiendo y aplicando penas crueles, inhumanas o degradantes, que constituían tortura, como flagelación, ceguera y amputación. A veces se ejecutaba la pena en público.

En abril, el fiscal de Golpayegan, provincia de Isfahán, anunció que un hombre y una mujer declarados culpables de “tener una relación ilegítima” habían sido condenados a recibir 100 latigazos cada uno.

En mayo, el fiscal de la provincia de Qazvin anunció que las autoridades habían detenido a 35 jóvenes de ambos sexos que estaban “bailando y confraternizando en una fiesta de graduación [...] semidesnudos mientras consumían alcohol” y que en 24 horas los habían declarado culpables de realizar actos “incompatibles con la castidad, que alteraban a la opinión pública”. Las autoridades ejecutaron las penas de 99 latigazos a que habían sido condenados en una vista judicial especial celebrada el mismo día.

En la provincia de Azerbaiyán Occidental, las autoridades ejecutaron las penas de flagelación de entre 30 y 100 latigazos impuestas a 17 mineros que habían participado en una protesta contra las condiciones laborales y los despidos en la mina de oro de Agh Darreh en 2014. En junio, un tribunal penal de la provincia de Yazd impuso a 9 mineros penas de flagelación de entre 30 y 50 latigazos.

En julio, un tribunal de apelación condenó al periodista y bloguero Mohammad Reza Fathi a recibir 459 latigazos por los cargos de “publicar mentiras” y “crear inquietud en la opinión pública” con sus textos.

En noviembre se cegó de ambos ojos a un hombre en Teherán como castigo por haber dejado ciega a una niña de cuatro años en junio de 2009. Varios presos más, como Mojtaba Yasaveli y Hossein Zareyian, seguían corriendo peligro de ser cegados. Médicos pertenecientes a la Organización de Medicina Legal de Irán, de carácter oficial, asesoraron como “expertos” al Tribunal Supremo sobre la forma médicamente factible de aplicar las penas de ceguera, acto contrario a la deontología médica.

En abril, las autoridades judiciales de la Prisión Central de Mashhad amputaron cuatro dedos de la mano derecha y los dedos del pie izquierdo a un hombre que había sido declarado culpable de robo a mano armada. En mayo, las mismas autoridades amputaron los dedos de la mano a otro hombre declarado culpable de robo. En agosto, un funcionario judicial de Teherán anunció que varios hombres habían recurrido contra su condena de amputación de cuatro dedos de una mano. En diciembre, las autoridades judiciales de la Prisión Central de Urmía amputaron cuatro dedos de la mano derecha a dos hermanos declarados culpables de robo a mano armada.

Juicios injustos

Los juicios, incluidos aquellos en los que se imponían condenas a muerte, eran generalmente injustos. El poder judicial no era independiente. El Tribunal Especial para el Clero y los tribunales revolucionarios continuaban siendo especialmente propensos a recibir presión de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia para que dictasen sentencias condenatorias e impusieran penas severas.

Las autoridades que ejercían facultades judiciales, en especial las del Ministerio de Inteligencia y la Guardia Revolucionaria, violaban sistemáticamente las disposiciones sobre el debido proceso contenidas en el Código de Procedimiento Penal de 2015, como las que protegían el derecho a asistencia letrada desde el momento de la detención y durante la investigación y el derecho a guardar silencio. Con frecuencia se negaba a los abogados defensores el acceso pleno al sumario y se les impedía reunirse con las personas a las que representaban hasta poco antes del juicio. Los presos preventivos eran sometidos a menudo a reclusión prolongada en régimen de aislamiento, con poco o ningún acceso a sus familias y abogados. Se utilizaban “confesiones” obtenidas mediante tortura como prueba en los juicios. Era frecuente que los jueces dictaran sentencias sin fundamentar, y el poder judicial no daba a conocer públicamente las resoluciones de los tribunales.

La fiscalía aplicaba el artículo 48 del Código de Procedimiento Penal para impedir que los detenidos tuvieran acceso a un abogado de su elección, alegando que éste no estaba en la lista de letrados aprobados por el presidente de la Magistratura, a pesar de que no se había publicado ninguna lista oficial.

Varias personas de nacionalidad extranjera e iraníes de doble nacionalidad estaban recluidas en la prisión de Evin de Teherán con poco o ningún acceso a sus familias, a abogados y a funcionarios consulares. Todas ellas habían sido condenadas a largas penas de cárcel por cargos imprecisos como “colaborar con un gobierno hostil” en juicios manifiestamente injustos ante los tribunales revolucionarios. Las autoridades las habían acusado de estar implicadas en un “proyecto de infiltración” orquestado en el extranjero, encaminado al “derrocamiento blando” del gobierno de Irán, aunque, en realidad, las sentencias condenatorias parecían derivarse del ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de asociación.

Libertad de religión o de creencias

Los miembros de minorías religiosas —como las comunidades bahaí, sufí y yaresaní (Ahl e Haq), las personas conversas al cristianismo y los musulmanes suníes— sufrían discriminación en la legislación y en la práctica en aspectos como la educación, el empleo y la herencia, y eran perseguidos por practicar su fe.

Las autoridades hicieron un discurso de odio y permitieron la comisión con impunidad de crímenes de odio contra la minoría bahaí, además de enjuiciar y encarcelar a decenas de personas pertenecientes a ella acusándolas de cargos falsos, relacionados con la seguridad nacional, por practicar pacíficamente sus creencias religiosas. No se investigaron las denuncias de tortura de 24 bahaíes en la provincia de Golestán. Las autoridades clausuraron por la fuerza decenas de negocios de propiedad bahaí y detuvieron a estudiantes bahaíes que las habían criticado públicamente por negarles el acceso a la educación superior.

Las autoridades detuvieron a decenas de personas conversas al cristianismo tras allanar casas iglesia donde se reunían pacíficamente para celebrar servicios religiosos. Hombres presuntamente relacionados con las fuerzas de seguridad destruyeron lugares considerados sagrados por bahaíes, musulmanes suníes y yaresaníes.

El maestro espiritual Mohammad Ali Taheri seguía recluido en régimen de aislamiento en la Sección 2A de la prisión de Evin a pesar de que había terminado de cumplir en febrero una condena de cinco años de prisión impuesta por “insultar a santidades islámicas”, cargo formulado contra él por haber fundado una doctrina y un grupo espirituales llamados Erfan e Halgheh. Se seguía deteniendo arbitrariamente a sus seguidores.

Discriminación: minorías étnicas

Las minorías étnicas desfavorecidas de Irán, como las comunidades árabe ahwazí, turca azerbaiyana, baluchi, kurda y turcomana, continuaban sufriendo una discriminación arraigada, que restringía su acceso al empleo, a una vivienda adecuada, a los cargos políticos y al ejercicio de los derechos culturales, civiles y políticos. El ininterrumpido abandono económico al que las autoridades estatales sometían a las regiones pobladas por minorías consolidaba aún más su pobreza y marginación.

Los miembros de minorías que denunciaban violaciones de sus derechos políticos, culturales y lingüísticos estaban expuestos a sufrir detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, juicio manifiestamente injusto, prisión y, en algunos casos, pena de muerte.

Según se tuvo noticia, decenas de kurdos fueron detenidos sin orden judicial por su afiliación, real o presunta, al Partido Democrático Kurdo de Irán después de que éste reanudara la oposición armada a las autoridades iraníes en marzo. Decenas de kurdos cumplían penas de prisión o estaban condenados a muerte por pertenecer a grupos kurdos de oposición proscritos o simpatizar con ellos.

Los miembros de la comunidad árabe ahwazí eran encarcelados y sometidos a tortura y otras violaciones de derechos humanos; denunciaban que las autoridades reprimían las expresiones de cultura árabe, como la vestimenta y la poesía.

Las fuerzas de seguridad continuaban reprimiendo las protestas de minorías étnicas. En julio y agosto detuvieron a varios miembros del grupo étnico turco azerbaiyano tras la celebración en varias ciudades de manifestaciones en gran medida pacíficas, desencadenadas por una información publicada por el diario Tarheh No que esta minoría consideró ofensiva. La policía también golpeó a los manifestantes.

Las autoridades continuaban prohibiendo a las minorías étnicas el uso de su propia lengua en la educación primaria. En junio, el gobierno anunció que se iban a ofrecer cursos optativos en lengua turca y kurda en escuelas de dos provincias, Kurdistán y Azerbaiyán Occidental, aunque aún no estaba claro cómo se aplicaría esta medida. Miembros de la minoría turcomana pidieron públicamente al presidente Ruhaní una exención similar.

Derechos de las mujeres

Las autoridades persistieron en la represión de las defensoras de los derechos humanos y comenzaron a equiparar cada vez más las iniciativas colectivas relacionadas con el feminismo y los derechos de las mujeres con actividades delictivas. La Guardia Revolucionaria sometió a activistas de los derechos de las mujeres que habían hecho campaña a favor de una mayor representación de éstas en las elecciones parlamentarias de febrero a interrogatorios prolongados y opresivos y a amenazas de prisión por cargos relacionados con la seguridad nacional.

Las mujeres seguían sufriendo discriminación generalizada tanto en la legislación como en la práctica en aspectos como el acceso al divorcio, el trabajo, la herencia en condiciones de igualdad y los cargos políticos, así como en el ámbito del derecho penal.

Seguían pendientes de tramitación varios anteproyectos de ley que erosionaban aún más el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva. Las mujeres continuaban teniendo acceso limitado a métodos anticonceptivos modernos y asequibles, puesto que las autoridades no habían restituido el presupuesto del programa estatal de planificación familiar, recortado en 2012.

En septiembre, el líder supremo Alí Jamenei promulgó unas políticas nacionales sobre la familia que promovían el matrimonio a edad temprana, la maternidad reiterada, la reducción de los índices de divorcio y un mayor cumplimiento de los papeles “tradicionales” de la mujer como esposa, y del hombre como sostén económico. Estas medidas hacían temer que las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar sufrieran una mayor marginación y presión para que se “reconciliaran” con su maltratador y siguieran soportando relaciones conyugales abusivas.

Las mujeres y las niñas continuaban careciendo de protección adecuada contra la violencia sexual y otros tipos de violencia de género, incluido el matrimonio temprano y forzado. Las autoridades no adoptaron legislación que penalizara estos y otros abusos, como la violación conyugal y la violencia en el ámbito familiar, a pesar de que la vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y la Familia había presionado a favor de un anteproyecto de ley que estaba pendiente desde 2012.

Las leyes sobre el uso obligatorio del velo (hijab), que violaban los derechos de las mujeres a la igualdad, la intimidad y la libertad de expresión, creencias y religión, continuaban facultando a la policía y a las fuerzas paramilitares para someter a las mujeres a hostigamiento, violencia y encarcelamiento.

Pena de muerte

Las autoridades continuaron haciendo amplio uso de la pena de muerte, incluso contra personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Se llevaron a cabo centenares de ejecuciones tras juicios injustos, algunas de ellas en público.

La mayoría de las personas ejecutadas habían sido condenadas por delitos de drogas, que no cumplían el criterio de los “más graves delitos” establecido por el derecho internacional de los derechos humanos. El Tribunal Supremo resolvió que las personas condenadas por delitos de drogas antes de la aprobación del Código de Procedimiento Penal de 2015 tenían derecho a recurrir, pero muchas de las que habían sido condenadas a muerte desconocían esta novedad. Otras habían sido condenadas por asesinato o por delitos imprecisos como “enemistad con Dios”.

Tras la ejecución masiva de 25 hombres suníes en agosto, las autoridades emitieron vídeos de “confesiones” forzadas, aparentemente para demonizarlos y desviar la atención de los juicios llenos de irregularidades en que habían sido condenados a muerte. Al menos dos hombres declarados culpables de “insultar al Profeta” fueron condenados a muerte, lo que violaba su derecho a la vida y a la libertad de creencias, religión y expresión.

Había al menos 78 personas condenadas a muerte por presuntos delitos cometidos cuando eran menores de edad, entre ellas 15 condenadas por primera vez en aplicación de las directrices revisadas sobre la imposición de condenas a personas menores de edad en el momento del delito del Código Penal Islámico de 2013 y varias condenadas otra vez a muerte tras haber sido juzgadas de nuevo.

Amnistía Internacional pudo confirmar la ejecución de dos personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, entre ellas Hassan Afshar, aunque el número total podía ser mucho mayor.

El Código Penal Islámico continuaba contemplando la ejecución por lapidación; al menos una mujer, Fariba Khaleghi, estaba condenada a muerte por este método.

Algunas conductas homosexuales consentidas seguían siendo punibles con la muerte.

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