Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza ilegítima para reprimir manifestaciones mayoritariamente pacíficas en la República de Karakalpakistán, y 22 personas acusadas de organizarlas fueron sometidas a un juicio injusto por cargos de motivación política. Las reformas legislativas alentaron una mayor participación de la sociedad civil en los debates políticos públicos, aunque los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica continuaron sometidos a un estricto control. Los estereotipos de género discriminatorios impedían el acceso de las mujeres, las niñas y las personas LGBTI a la justicia y a protección frente a la violencia. Las relaciones sexuales consentidas entre varones seguían estando penalizadas.
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