Irlanda 2020
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Irlanda 2020

La respuesta del gobierno a la COVID-19 suscitó preocupación en materia de derechos humanos, incluido el derecho a la salud, y en relación con la promulgación de legislación de emergencia sin supervisión parlamentaria y con la colocación por parte de la policía de capuchas antiescupitajos. Aumentó la cifra de personas que accedieron a servicios de aborto en virtud de la ley de 2018, pero seguía habiendo lagunas. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura se mostró crítico con el apoyo disponible para los presos y presas con problemas de salud mental. El gobierno se comprometió a reemplazar el sistema de provisión directa de alojamiento compartido para quienes buscaban protección internacional y a celebrar un referéndum constitucional sobre vivienda.

Derecho a la salud

Un comité parlamentario establecido para revisar la gestión gubernamental inicial de la pandemia (el Comité Especial sobre la Respuesta a la COVID-19) concluyó que era “totalmente desproporcionado” que el 56% de todas las muertes por COVID-19 hubieran tenido lugar en residencias de personas mayores. El comité recomendó que se llevara a cabo una investigación pública y señaló la excesiva dependencia del Estado en la atención institucional para las personas de edad avanzada.

También señaló las dificultades de quienes solicitaban protección internacional y vivían en alojamientos compartidos pertenecientes al sistema de provisión directa, incluidas las relacionadas con el distanciamiento físico y el autoaislamiento, así como las sufridas por el personal sanitario que vivía en este sistema.

Asimismo, recomendó realizar una investigación sobre las plantas de procesamiento de carne, origen de varios brotes, donde preocupaba la protección de los trabajadores frente al contagio. Señaló que los trabajadores de ese sector eran particularmente vulnerables debido a las precarias condiciones laborales, que podían exacerbar los riesgos de contraer la COVID-19.

Capuchas antiescupitajos

Suscitó preocupación la colocación por parte de la policía irlandesa de capuchas antiescupitajos para protegerse de posibles contagios de COVID-19. Estos dispositivos se utilizaban a pesar de los indicios de que no impedían la transmisión por aerosoles, lo que podía agravar el riesgo para la policía y para la población en general.1 Preocupaba especialmente su uso en menores de edad y personas con problemas de salud mental.

Extralimitaciones del Estado

El Comité Especial sobre la Respuesta a la COVID-19 criticó la legislación de emergencia que permitía al gobierno dictar normas sin la supervisión ni la aprobación del Parlamento. También recomendó que todas las medidas de emergencia propuestas se ajustaran a los derechos humanos.

Derechos sexuales y reproductivos

En junio, el primer informe anual sobre la legislación de 2018 que ampliaba el acceso legal a los servicios de aborto mostró que 6.666 mujeres embarazadas habían accedido a ellos en 2019, frente a las 32 de 2018. Según estadísticas del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Reino Unido publicadas en junio, 375 mujeres viajaron en 2019 de Irlanda a Inglaterra y Gales para acceder a servicios de aborto, lo que ponía de relieve la persistencia de lagunas y obstáculos, como la falta de acceso legítimo en casos de grave malformación del feto.

Escrutinio internacional

En noviembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura publicó el informe de su visita periódica a Irlanda de 2019. En él aplaudía la reciente abolición de la reclusión en régimen de aislamiento, pero recomendaba medidas para garantizar que se abordara la reclusión en régimen de aislamiento de facto. Entre sus motivos de preocupación figuraba la continuación de la inadecuada reclusión en prisión junto con presos preventivos y presos condenados de personas inmigrantes detenidas que, en algunos casos, eran objeto de abusos e intimidación. Aunque el Comité concluyó que el acceso a la atención médica era muy bueno, también señaló las precarias condiciones y el inadecuado tratamiento en las unidades de apoyo especial para presos con problemas de salud mental. Otro motivo de preocupación importante era la creciente cifra de personas sin hogar con graves problemas de salud mental que acaban en prisión. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura también concluyó que el sistema de presentación de quejas a disposición de la población reclusa no cumplía su función.

Derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo

Teniendo en cuenta los motivos de preocupación existentes desde hacía tiempo en cuanto a las precarias condiciones de vida, las repercusiones en la salud mental, el aislamiento y la falta de dignidad y privacidad en el marco del sistema de provisión directa de alojamiento para personas en busca de protección internacional, el nuevo gobierno se comprometió en junio a sustituir este sistema por otro modelo de alojamiento más coherente con los derechos humanos. En octubre, un grupo asesor designado por el gobierno formuló recomendaciones para dar un enfoque a largo plazo que ofreciera alojamiento y apoyo, así como mejoras en el proceso de protección internacional. El gobierno se comprometió a publicar un documento de política que esbozara sus planes de reforma.

Derecho a la vivienda

El nuevo gobierno se comprometió a celebrar un referéndum constitucional sobre vivienda. Sin embargo, no estaba claro si en el referéndum se propondría consagrar el derecho a la vivienda, tal y como había recomendado la asamblea constituyente establecida por el gobierno en 2014.

Derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales

Un estudio publicado por HIV Ireland en septiembre concluyó que la ley de 2017 que penalizaba la compra de servicios sexuales tenía un impacto negativo en la seguridad, la salud y el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores sexuales.

En septiembre, el gobierno encargó a un experto independiente examinar el funcionamiento de dicha ley. La ley también mantenía el delito de ‘‘regentar un burdel’’, cargo que continuaba afectando a los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Estaba previsto que el informe del examen independiente se publicara en 2021.


  1. Gardai’s use of spit hoods may increase risk of spread of COVID-19 (noticia, 25 de junio)

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional