Las enérgicas medidas tomadas contra la disidencia tanto dentro como fuera de Internet hicieron temer una nueva oleada de represión contra la sociedad civil. Se arrestó y acusó en aplicación de leyes represivas a periodistas independientes, activistas, practicantes de distintas religiones y otras personas críticas con el gobierno. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron hostigamiento generalizado, vigilancia digital, detenciones arbitrarias y enjuiciamientos por motivos políticos. Los informes de casos de tortura y otros malos tratos continuaron a un ritmo alarmante.
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