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VIETNAM 2020

Aumentaron de manera considerable las detenciones arbitrarias y los procesamientos judiciales de defensores y defensoras de los derechos humanos, y se documentó una cifra récord de personas presas por motivos de conciencia. Se atacó especialmente a quienes se expresaban en Internet. Activistas en favor de la democracia, periodistas independientes, autores o autoras y personal de editoriales sufrieron constantemente acoso, agresiones físicas, procesamientos arbitrarios y torturas y otros malos tratos bajo custodia policial. Las autoridades dictaron condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones. Persistía la violencia contra las mujeres, que seguía siendo generalizada. Vietnam recibió elogios por su respuesta a la COVID-19, que consiguió contener de manera efectiva la propagación del virus. Sin embargo, las sanciones impuestas por las autoridades a quienes “desinformaban” sobre la pandemia constituían, a menudo, una restricción arbitraria del derecho a la libertad de expresión.

Información general

Antes del decimotercer Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, previsto para enero de 2021, el gobierno inició una importante campaña de represión contra toda forma de disidencia, mientras figuras políticas y facciones rivales del partido competían por hacerse con puestos de poder. En junio, Vietnam ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam, que obligaba al país a respetar las normas internacionales de derechos humanos y laborales.

Libertad de expresión

Las autoridades pusieron en marcha una amplia campaña de represión de la libertad de expresión, dirigida particularmente contra las personas que se expresaban en Internet. Se reforzó notablemente la censura de la expresión online, a la vez que aumentaron de manera considerable las detenciones, reclusiones y procesamientos arbitrarios relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión tanto dentro como fuera de Internet. También sufrieron ataques periodistas y autores, con una serie de detenciones y encausamientos dirigidos hacia la editorial Nhà Xuất Bản Tự Do (Editorial Liberal) y la Asociación de Periodistas Independientes de Vietnam. Dos personas de la editorial Nhà Xuất Bản Tự Do —editorial vietnamita independiente cuyos libros eran considerados material delicado por el gobierno— fueron torturadas bajo custodia por la policía en Ciudad Ho Chi Minh.1

En abril, Facebook anunció su decisión de plegarse mucho más a las exigencias de las autoridades con respecto a la censura de contenido considerado “contrario al Estado”. Esta decisión equivalía, en numerosos casos, a censurar la libertad de expresión legítima contraviniendo el derecho internacional de los derechos humanos.2 Según informes, Facebook había tomado esa determinación en respuesta a la presión ejercida por la autoridades que, con ese fin, habían ralentizado sus servicios en el país.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos y demás activistas hicieron sonar las alarmas ante las restricciones de contenido impuestas por Facebook y YouTube a instancia de las autoridades, tales como el geobloqueo generalizado de contenido delicado, el bloqueo de perfiles y la suspensión de cuentas. Estas medidas se tradujeron en un importante deterioro del espacio de la libertad de expresión en el país.3

El 3 de febrero, las autoridades aprobaron el Decreto 15/2020/ND-CP (“Decreto 15”) sobre sanciones por violaciones administrativas de las normativas de servicios postales, telecomunicaciones, radiofrecuencias, tecnologías de la información y transacciones electrónicas, lo que vino a sumarse a un marco jurídico que ya de por sí desvirtuaba gravemente el derecho a la libertad de expresión. El Decreto 15 recogía un amplio abanico de infracciones administrativas —cometidas tanto por usuarios como por proveedores de servicios de Internet— para las que establecía toda una serie de rigurosas sanciones que amenazaban la libertad de expresión y el acceso a la información. Si una empresa de tecnología violaba el Decreto, su licencia de actividad podía quedar suspendida hasta dos años. Además, el Decreto 15 especificaba sanciones para quienes publicaran o compartieran “noticias falsas” en las redes sociales, que se podían sumar a otras sanciones civiles o penales.

“Tropas cibernéticas“ y “formadores de opinión pública” patrocinados por el gobierno atacaban en Internet a personas que lo criticaban insultándolas, acosándolas, troleando y llevando a cabo campañas masivas de denuncia que, a menudo, desembocaban en la imposición de restricciones a las cuentas y los contenidos de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Asimismo, quienes defendían los derechos humanos se enfrentaban a agresiones físicas y a otras formas de amenaza y violencia fuera de Internet a causa de su activismo online.

Presos y presas de conciencia

A fecha de diciembre, se tenía constancia de la existencia de al menos 173 presos y presas de conciencia en Vietnam, la cifra más alta registrada desde que Amnistía Internacional comenzó a publicar ese dato en 1996. De ellos, 72 se encontraban recluidos por haber expresado sus opiniones online, una cifra muy superior a la de años anteriores. De las 30 personas que fueron recluidas por motivos de conciencia a lo largo del año, 24 (el 80%) lo fueron por haber ejercido la libertad de expresión en Internet. A mayoría se les aplicó el artículo 331 del Código Penal, que prohibía el “abuso de las libertades democráticas para menoscabar los intereses del Estado” y establecía penas de hasta 7 años de prisión, o el artículo 117, que penalizaba “la elaboración, el almacenamiento o la difusión de información, materiales o artículos con el fin de enfrentarse al Estado de la República Socialista de Vietnam” y disponía penas de hasta 20 años de cárcel.

Las condiciones de reclusión seguían siendo duras en general, pero los presos y presas de conciencia sufrían particularmente discriminación, hostigamiento y malos tratos. Familiares de estos presos denunciaron actos de tortura y malos tratos perpetrados contra ellos en detención, como en los casos de Nguyen Van Hoa, Nguyen Van Tuc, Huynh Truong Ca, Nguyen Ngoc Anh y Le Dinh Luong.

Pena de muerte

A lo largo del año, los tribunales continuaron imponiendo condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones. El gobierno mantuvo su política de tratar como secreto de Estado la información relacionada con la pena de muerte. Por lo tanto, no se podían conocer los datos concretos de las personas condenadas a muerte, como su género, su edad y su etnia, ni los delitos por los que habían sido condenadas. En diciembre, Vietnam se abstuvo en la votación de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria en el uso de la pena capital.

Derechos de las mujeres

Persistía la violencia contra las mujeres, que seguía siendo generalizada. Según un estudio conjunto del gobierno y la ONU, casi dos de cada tres mujeres casadas habían experimentado a lo largo de su vida violencia (física, sexual, emocional o económica) y conductas de control por parte de su esposo. Casi un tercio afirmó haber sufrido ese tipo de trato en los 12 meses precedentes. El porcentaje de denuncias de violencia de género o malos tratos en el ámbito familiar seguía siendo extremadamente bajo, y eran muy pocas las mujeres que pedían ayuda a las autoridades o a proveedores de servicios.

Las defensoras de los derechos humanos seguían siendo víctimas de hostigamiento, discriminación y violencia de género. Pham Doan Trang, prestigiosa autora y defensora de los derechos humanos, fue arbitrariamente detenida el 6 de octubre y acusada en aplicación del artículo 117 del Código Penal. Amnistía Internacional la reconoció como presa de conciencia.4 De ser declarada culpable, podría ser condenada hasta a 20 años de cárcel.

Derechos económicos, sociales y culturales

Según las estadísticas oficiales, en 2020 el porcentaje de familias que vivían en la pobreza cayó hasta el 2,75%, una reducción considerable en comparación con el 9,88% de 2015, lo que reflejaba una tendencia al alza en el número de personas que podían hacer efectivo su derecho a un nivel de vida adecuado. Sin embargo, el aumento de las desigualdades económicas amenazaba el desarrollo sostenible del país.

Derecho a la salud

Vietnam informó de su primer caso de COVID-19 el 23 de enero, tras lo cual las autoridades tomaron medidas estrictas para contener la propagación del virus. Al concluir el año, se habían comunicado 1.465 casos de COVID-19 y 35 muertes. Aunque algunas de las medidas de contención del virus consiguieron en gran medida proteger el derecho a la salud, en numerosos casos las autoridades aprovecharon la situación para reprimir el derecho a la libertad de expresión. Al menos dos mujeres —Dinh Thi Thu Thuy y Ma Phung Ngoc Phu— fueron detenidas y acusadas de manera arbitraria por haber manifestado su opinión sobre la respuesta del gobierno a la COVID-19, y cientos de personas más fueron multadas por haber expresado su punto de vista acerca de esa misma cuestión en las redes sociales.


  1. Vietnam: Libreros independientes, torturados por la policía (ASA 41/2325/2020)
  2. Viet Nam: Facebook must cease complicity with government censorship (noticia, 22 de abril)
  3. Viet Nam: Let us breathe! Censorship and criminalization of online expression in Viet Nam (ASA 41/3243/2020)
  4. Vietnam: Defensora de los derechos humanos detenida y en grave riesgo de tortura (noticia, 7 de octubre)

VIET NAM 2020

Arbitrary arrests and prosecutions of human rights defenders significantly increased, with a record number of prisoners of conscience documented. Individuals who expressed themselves online were particularly targeted. Pro-democracy activists, independent journalists, authors and publishers faced sustained harassment, physical assault, arbitrary prosecution and torture and other ill-treatment in police custody. Authorities issued death sentences and executions were carried out. Violence against women remained a persistent and widespread concern. Viet Nam won praise for its COVID-19 response, effectively containing the spread of the virus. However, the authorities’ punishment for distributing “disinformation” on the pandemic often amounted to arbitrary restrictions on the right to freedom of expression.

Background

Ahead of the 13th National Congress of the Communist Party of Viet Nam (CPV), scheduled for January 2021, the government initiated a major crackdown on all forms of dissent as rival politicians and factions within the CPV competed for positions of power. Viet Nam ratified the EU-Viet Nam Free Trade Agreement in June, which included obligations to abide by international human rights and labour standards.

Freedom of expression

The authorities engaged in a wide-ranging crackdown on freedom of expression, particularly targeting individuals who expressed themselves online. There was a major increase in censorship of online speech, in addition to a significant rise in arbitrary arrests, detentions and prosecutions of individuals in connection with their right to exercise freedom of expression both online and offline. Journalists and authors were also targeted, with a string of arrests and prosecutions targeting the Liberal Publishing House and the Viet Nam Independent Journalists Association. Two members of the Liberal Publishing House  ̶  a local independent publisher selling books considered sensitive by the government  ̶  were tortured by police in detention in Ho Chi Minh City.1

In April, Facebook announced its decision to significantly increase its compliance with the authorities’ demands for the censorship of so-called “anti-state” content on its platform, which often amounted to censorship of legitimate expression in violation of international human rights law.2 Facebook’s decision reportedly came after the authorities pressured the company by slowing down its services in the country.

Human rights defenders and other activists raised alarm at the content restrictions they faced from both Facebook and YouTube at the behest of the authorities, including widespread geo-blocking of sensitive content, profile blocking and account suspensions. These measures marked a significant deterioration in the space for freedom of expression in the country.3

On 3 February, the authorities introduced Decree 15/2020/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on postal services, telecommunications, radio frequencies, information technology and electronic transactions (“Decree 15”), further adding to a legal framework that severely undermined the right to freedom of expression. Decree 15 provides for a wide range of administrative offences for both internet users and internet service providers and contains a range of severe penalties which threaten freedom of expression and access to information. Technology companies that violate the decree can have their operating licences suspended for up to two years. Decree 15 also introduced penalties for users who post or share “fake news” on social networks, which can be imposed in addition to any civil or criminal punishments.

Government-sponsored “cyber-troops” and “public opinion shapers” targeted government critics with online abuse, harassment, trolling and mass reporting campaigns, often leading to restrictions on the accounts and content of human rights defenders. Human rights defenders also faced physical attacks and other forms of offline threats and violence in relation to their online activism.

Prisoners of conscience

As of December, at least 173 known prisoners of conscience were imprisoned in Viet Nam, the highest recorded number since Amnesty International began publishing these figures in 1996. Among those, 72 were held for expressing their opinions online, a marked increase on previous years. Of the 30 prisoners of conscience newly detained during the year, 24 (80%) were detained for online expression. Most were held under either Article 331 of the Criminal Code, which prohibits “abusing democratic freedoms to infringe the interests of the State”, carrying penalties of up to seven years’ imprisonment, or Article 117, which criminalizes “making, storing or spreading information, materials or items for the purpose of opposing the State of the Socialist Republic of Viet Nam” and carries a sentence of up to 20 years’ imprisonment.

Prison conditions remained generally harsh, but prisoners of conscience in particular were subjected to discrimination, harassment and ill-treatment. Family members reported incidents of prisoners of conscience being subjected to torture or other ill-treatment in detention, including Nguyen Van Hoa, Nguyen Van Tuc, Huynh Truong Ca, Nguyen Ngoc Anh and Le Dinh Luong.

Death penalty

The courts continued to impose death sentences and executions were carried out during the year. The government continued the policy of classifying information related to the death penalty as a state secret. Details about those sentenced to death remained unavailable, including their gender, age, ethnicity or the types of crime for which they were sentenced. In December, Viet Nam abstained in a vote at the UN General Assembly calling for a moratorium on the use of the death penalty.

Women’s rights

Violence against women remained a widespread and persistent problem. A joint study by the government and the UN revealed that nearly two in three married women experienced physical, sexual, emotional or economic violence and controlling behaviours by their husbands in their lifetime, and almost one-third reported such treatment in the preceding 12 months. Reporting of domestic violence or mistreatment remained extremely low, with very few women seeking support from the authorities or service providers.

Women human rights defenders continued to face harassment, discrimination and gender-based violence. Pham Doan Trang, a celebrated author and human rights defender, was arbitrarily arrested on 6 October and charged under Article 117 of the Criminal Code. Amnesty International recognizes her as a prisoner of conscience.4 If convicted, she could be imprisoned for up to 20 years.

Economic, social and cultural rights

According to government statistics, the percentage of households living in poverty had dropped to 2.75% in 2020, a significant decrease from 9.88% in 2015, reflecting a trend whereby growing numbers of the population realized their right to an adequate standard of living. However, rising economic inequality threatened the country’s sustainable development.

Right to health

Viet Nam reported its first COVID-19 case on 23 January and the authorities applied strict measures to contain the spread of the virus. They reported a total of 1,465 cases of COVID-19 and 35 deaths at year’s end. While some virus suppression measures were largely successful at protecting the right to health, there were multiple instances when the authorities repressed the right to freedom of expression as part of their response. At least two women  ̶  Dinh Thi Thu Thuy and Ma Phung Ngoc Phu – were arbitrarily arrested and charged for expressing their views on the government’s COVID-19 response, and hundreds more people were fined for expressing their opinion on the COVID-19 response on social media.


  1. Viet Nam: Independent booksellers tortured by police (ASA 41/2325/2020)
  2. Viet Nam: Facebook must cease complicity with government censorship (News story, 22 April)
  3. Viet Nam: Let us breathe! Censorship and criminalization of online expression in Viet Nam (ASA 41/3243/2020)
  4. Viet Nam: Human rights champion arrested, at grave risk of torture (News story, 7 October)