Resumen

A pesar de que el gobierno adoptó medidas positivas para colaborar con mecanismos internacionales de derechos humanos, la situación sobre el terreno no mostró avances reales. Hasta 120.000 personas seguían recluidas arbitrariamente en campos penitenciarios para presos y presas políticos, donde las condiciones distaban mucho de cumplir las normas internacionales. Seguía habiendo fuertes restricciones del derecho a la libertad de expresión y de circulación. Las personas enviadas a trabajar al extranjero sufrían duras condiciones.

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