Afganistán 2016/2017

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Afganistán 2016/2017

La intensificación del conflicto se tradujo en violaciones y abusos generalizados contra los derechos humanos. A causa de la violencia, miles de civiles perdieron la vida, sufrieron lesiones o tuvieron que desplazarse, y la constante inseguridad limitó su acceso a la educación, la salud y otros servicios. Aunque la mayoría de las víctimas civiles fueron responsabilidad de grupos armados insurgentes, las fuerzas progubernamentales también mataron e hirieron a civiles. Tanto las fuerzas contrarias al gobierno como las progubernamentales siguieron utilizando a niños y niñas como combatientes. El número de personas internamente desplazadas llegó a los 1,4 millones —más del doble que en 2013—, y unos 2,6 millones de refugiados y refugiadas afganos vivían fuera del país, muchas veces en pésimas condiciones. Persistía la violencia contra las mujeres y las niñas y, según las noticias recibidas, aumentó el número de mujeres a las que los grupos armados castigaron en público, ejecutándolas o flagelándolas. Tanto los agentes estatales como los no estatales siguieron amenazando a los defensores y defensoras de los derechos humanos y obstaculizando su trabajo, y hubo actos de violencia y censura contra periodistas. El gobierno siguió consumando ejecuciones, a menudo tras juicios injustos.

Información general

En enero, representantes de Afganistán, Pakistán, China y Estados Unidos se reunieron con el fin de diseñar una hoja de ruta para alcanzar la paz con los talibanes. Sin embargo, en una conferencia celebrada también en enero en Doha (Qatar), a la que asistieron 55 personalidades internacionales de distintas procedencias, incluidos los talibanes, una delegación de la comisión política talibán con sede en Doha reiteró que el proceso formal de paz no podría empezar mientras no salieran del país las tropas extranjeras, además de exigir otras condiciones previas, como la retirada de los nombres de los líderes talibanes de la lista de sanciones de la ONU.

En febrero, el presidente Ghani nombró fiscal general al destacado abogado de derechos humanos Mohammad Farid Hamidi, y designó ministro del Interior al general Taj Mohammad Jahid. Asimismo, abrió un fondo de ayuda a mujeres sobrevivientes de la violencia de género, al que los miembros del Consejo de Ministros destinaron el 15% de sus salarios del mes de febrero.

En marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó por un año el mandato de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA); el secretario general de la ONU nombró a Tadamichi Yamamoto representante especial para Afganistán y jefe de la UNAMA.

Tras años de negociaciones de paz entre el gobierno y Hezb e Islami —segundo grupo insurgente del país—, el 29 de septiembre el presidente Ghani firmó un acuerdo de paz con el líder de ese grupo, Gulbuddin Hekmatyar, por el que tanto él como sus combatientes quedaban exentos de responsabilidad penal por los presuntos delitos de derecho internacional cometidos, y determinados presos del grupo quedaban en libertad.

La inestabilidad política se intensificó, con desavenencias cada vez mayores en el seno del gobierno de unidad nacional entre los simpatizantes del presidente Ghani y los del jefe del ejecutivo, Abdulá Abdulá. En octubre, la UE celebró una conferencia internacional de donantes de ayuda para recabar compromisos de ayuda a Afganistán a lo largo de los siguientes cuatro años. La comunidad internacional se comprometió a destinar unos 15.200 millones de dólares estadounidenses a áreas como la seguridad y el desarrollo sostenible en Afganistán. Poco antes de la conferencia, la UE y Afganistán habían firmado un acuerdo que permitía a la primera deportar a Afganistán a un número ilimitado de solicitantes de asilo afganos rechazados, pese al empeoramiento de la situación de seguridad en el país.

Preocupaba gravemente la creciente crisis económica, al haber disminuido la presencia internacional en el país y aumentado el desempleo.

En septiembre y octubre hubo un repentino repunte de ataques talibanes y de intentos de éstos por conquistar grandes provincias y ciudades. En octubre, los talibanes conquistaron Kunduz, operación durante la cual se interrumpió el suministro de electricidad y de agua en la ciudad, los hospitales se quedaron sin medicamentos, y el número de víctimas civiles aumentó. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU comunicó que en una semana se habían desplazado unas 25.000 personas de Kunduz, que habían huido a la capital, Kabul, y a países vecinos.

Conflicto armado

Durante los nueve primeros meses de 2016, la UNAMA documentó 8.397 víctimas civiles relacionadas con el conflicto (2.562 personas muertas y 5.835 heridas). Según la UNAMA, casi el 23% de estas víctimas civiles fueron causadas por las fuerzas progubernamentales, lo que incluía a las fuerzas de seguridad afganas, la policía local afgana, los grupos armados favorables al gobierno y las fuerzas militares internacionales.

Asimismo, durante la primera mitad de 2016, la UNAMA documentó, como mínimo, 15 casos en los que las fuerzas progubernamentales habían registrado hospitales y clínicas, retrasado u obstaculizado el suministro de material médico, o utilizado centros de salud para fines militares. La cifra suponía un drástico incremento con respecto al año anterior.

El 18 de febrero, hombres vestidos con el uniforme del ejército nacional afgano entraron en una clínica de Tangi Saidan (localidad de la provincia de Wardak, controlada por los talibanes) y, según palabras de la organización de ayuda sueca que dirigía la clínica, golpearon al personal y mataron a dos pacientes y a un cuidador de 15 años. La OTAN abrió una investigación sobre los hechos, pero al concluir el año no se habían dado a conocer novedades.

No se presentaron cargos penales contra los responsables del ataque aéreo lanzado por las fuerzas estadounidenses contra un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, en octubre de 2015, que se saldó con al menos 42 víctimas —parte de ellas, mortales—, entre personal y pacientes. No obstante, se impusieron sanciones disciplinarias a unos 12 militares estadounidenses, y en marzo de 2016 el nuevo jefe de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán pidió perdón a las familias de las víctimas.

Abusos cometidos por grupos armados

Según la UNAMA, los talibanes y otros grupos insurgentes armados causaron la mayoría de las víctimas civiles, aproximadamente el 60%.

El 3 de febrero, los talibanes mataron a tiros a un niño de 10 años que se dirigía a la escuela en Tirin Kot (sur de la provincia de Uruzgan). Al parecer le dispararon porque, previamente, había luchado contra los talibanes junto a su tío, ex jefe talibán, que había cambiado de bando y se había convertido en uno de los mandos de la policía local.

El 19 de abril, combatientes talibanes atentaron en Kabul contra un equipo de seguridad que protegía a altos funcionarios del gobierno, a consecuencia de lo cual murieron al menos 64 personas y 347 resultaron heridas. Fue el mayor atentado talibán en una zona urbana desde 2001.

El 31 de mayo, combatientes talibanes se hicieron pasar por funcionarios del gobierno y secuestraron a aproximadamente 220 civiles en un falso control de seguridad colocado en un punto de la autopista de Kunduz a Tajar cercano a la localidad de Arzaq Angor Bagh (provincia de Kunduz). Mataron a 17, y a los demás los secuestraron o los dejaron en libertad. El 8 de junio, al menos 40 personas más fueron secuestradas, y otras fueron víctimas de homicidio, en la misma zona.

El 23 de julio, durante una manifestación pacífica de la minoría hazara en Kabul, un ataque suicida —cuya autoría reivindicó el grupo armado Estado Islámico— se cobró la vida de al menos 80 personas e hirió a más de 230.

En agosto, tres hombres armados lanzaron un ataque contra la Universidad Americana de Kabul, que se saldó con 12 personas muertas y casi 40 heridas, en su mayoría estudiantes y personal docente. Nadie reivindicó su autoría.

El 11 de octubre, el Estado Islámico lanzó un ataque coordinado contra una multitud de fieles congregados para conmemorar la Ashura en una mezquita chií de Kabul. Los agresores utilizaron material explosivo y, según informes, tras irrumpir en la mezquita, tomaron como rehenes a cientos de fieles. A consecuencia de los disparos murieron al menos 18 personas y más de 40 resultaron heridas, entre ellas mujeres y niños.

Violencia contra mujeres y niñas

La judicatura afgana afirmó que había registrado más de 3.700 casos de violencia contra las mujeres y las niñas en los primeros ocho meses de 2016. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán también informó de miles de actos de violencia —entre ellos, palizas, homicidios y ataques con ácido— perpetrados por todo el país contra mujeres y niñas durante la primera mitad del año.

En enero, un hombre cercenó la nariz de su esposa, de 22 años, en Faryab. El acto recibió la condena de todo el país, incluida la de un portavoz talibán.

En julio, el esposo y los suegros de una niña de 14 años embarazada, la quemaron viva para castigar a su padre por fugarse con una prima del marido. La niña murió cinco días más tarde en un hospital de Kabul.

Hubo ataques de grupos armados a mujeres que trabajaban de cara al público, incluidas agentes de policía. Asimismo, en las zonas bajo su control, restringieron la libertad de circulación de las mujeres y las niñas, limitando su acceso a la educación y a la atención médica.

La UNAMA informó de un incremento en el número de mujeres que habían sido castigadas en público, en aplicación de la ley islámica, por los talibanes y por otros grupos armados. Entre el 1 de enero y el 30 de junio, la UNAMA documentó seis casos de mujeres acusadas de los llamados delitos “morales”, que habían sido castigadas en virtud de sistemas de justicia paralelos: dos de ellas fueron ejecutadas, mientras que las otras cuatro fueron flageladas.

Personas refugiadas e internamente desplazadas

Según el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, había unos 2,6 millones de personas refugiadas afganas viviendo repartidas entre más de 70 países, y constituían la segunda población refugiada más numerosa del mundo. En torno al 95% residían en sólo dos países, Irán y Pakistán, donde sufrían discriminación y agresiones racistas, carecían de servicios básicos y corrían peligro de ser expulsados en masa.

Aproximadamente 1,4 millones de personas refugiadas que vivían en Pakistán corrían peligro de ser expulsadas en masa del país, ya que al concluir el año su inscripción en el registro podría dejar de tener validez legal. Además, el ACNUR calculaba que en Pakistán residían un millón más de refugiados afganos indocumentados. Según esta agencia, a lo largo del año Pakistán había devuelto a más de 500.000 refugiados afganos (documentados e indocumentados), lo que representaba la cifra más alta desde 2002. Funcionarios del ACNUR afirmaron que, durante los cuatro primeros días de octubre, el número de personas devueltas a Afganistán había llegado a 5.000 al día. La situación se agravó con la firma de un acuerdo entre el gobierno afgano y la UE, el 5 de octubre, que permitía a los Estados miembros de la UE devolver a un número ilimitado de refugiados afganos.

Personas internamente desplazadas

En septiembre de 2016 se calculaba que el número de personas internamente desplazadas ascendía a 1,4 millones. Muchas de ellas seguían viviendo en condiciones de miseria, sin acceso a condiciones adecuadas de vivienda, alimentación, agua, atención a la salud, educación u oportunidades de trabajo.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, del 1 de enero al 11 de diciembre 530.000 personas se desplazaron internamente sobre todo a causa del conflicto.

A lo largo de los últimos años, la situación de las personas internamente desplazadas había empeorado. La Política Nacional de Personas Desplazadas Internas, que había comenzado a aplicarse en 2014, se vio empañada por la corrupción, por la falta de capacidad del gobierno y por la disminución del interés internacional.

Junto con otros grupos, las personas internamente desplazadas experimentaban considerables dificultades a la hora de acceder a atención médica. Los servicios públicos seguían completamente desbordados, y los campos y asentamientos de personas internamente desplazadas carecían a menudo de clínicas para ellas. La mayoría de las personas internamente desplazadas no podían pagar las medicinas ni costearse clínicas privadas, y preocupaba en particular la falta de atención adecuada a la salud materna y reproductiva.

Asimismo, tanto el gobierno como agentes privados amenazaban reiteradamente con desalojos forzosos a las personas internamente desplazadas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los grupos armados siguieron atacando y amenazando a defensores y defensoras de los derechos humanos. En concreto, en el caso de las defensoras, tanto ellas mismas como sus familias fueron amenazadas de muerte.

A principios de 2016, los talibanes amenazaron de muerte, a través de Facebook, a un destacado defensor de los derechos humanos y a nueve personas más. Cuando estos 10 activistas informaron a las autoridades de la amenaza, la Dirección Nacional de Seguridad (servicio de inteligencia afgano), detuvo a dos personas presuntamente vinculadas a los talibanes, pero posteriormente no facilitó más información a los denunciantes. Continuaron las amenazas contra activistas que, en consecuencia, autocensuraron su trabajo de derechos humanos.

En agosto, individuos no identificados secuestraron, torturaron y, posteriormente, mataron al hermano de una activista local de derechos de las mujeres en una provincia del sur. Los agresores utilizaron el teléfono de la víctima para intimidar a la activista y a su familia, amenazándola con consecuencias irreparables si no abandonaba su trabajo de derechos humanos. Al final del año no se había detenido a nadie en relación con este secuestro y homicidio.

Libertad de expresión y de reunión

La libertad de expresión, fortalecida tras la caída de los talibanes en 2001, venía debilitándose cada vez más debido a las agresiones, intimidaciones y homicidios que sufrían los profesionales del periodismo.

Nai —organismo de vigilancia de la libertad de prensa— informó de más de 100 agresiones contra periodistas, personal de medios de comunicación y oficinas de esos medios entre enero y noviembre de 2016. Las agresiones, perpetradas por agentes tanto estatales como no estatales, consistieron en homicidios, palizas, reclusión, incendios, amenazas y otras formas de violencia.

El 20 de enero, un atentado suicida contra un autobús en el que viajaba personal de Moby Group (empresa propietaria de Tolo TV, principal canal privado de televisión del país) se saldó con la muerte de siete trabajadores y trabajadoras, y 27 personas heridas. Los talibanes, que habían amenazado previamente al canal de televisión, reivindicaron el atentado.

El 29 de enero, hombres armados no identificados acabaron con la vida del periodista Zubair Khaksar, conocido por su trabajo en la televisión pública de la provincia de Nangarhar, cuando viajaba de la ciudad de Jalalabad al distrito de Surkhrood.

El 19 de abril, un policía de Kabul golpeó a dos trabajadores de Ariana TV que se encontraban informando.

Activistas de varias provincias de fuera de Kabul afirmaron ser cada vez más reticentes a manifestarse, por temor a represalias de funcionarios del gobierno.

Tortura y otros malos tratos

Grupos armados, incluidos los talibanes, continuaron perpetrando homicidios, tortura y otros abusos contra los derechos humanos en castigo por actos que consideraban delitos o crímenes. Las estructuras de justicia paralelas eran ilegales.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio, la UNAMA documentó 26 casos —homicidios sumarios, azotes con látigo, palizas y detenciones ilegales— de castigos impuestos por presuntas violaciones de la ley islámica, espionaje o colaboración con las fuerzas de seguridad. La mayoría ocurrieron en el oeste del país, sobre todo en las provincias de Farah y Badghis.

El 14 de febrero, la policía local afgana del distrito de Khak e Safid (provincia de Farah) presuntamente detuvo, torturó y mató a un pastor por su supuesta implicación en la colocación de un explosivo improvisado y accionado por control remoto, que había acabado con la vida de dos agentes de policía. La UNAMA comunicó que, aunque la fiscalía de la policía nacional afgana tenía noticia de los hechos, no había abierto ninguna investigación ni había efectuado detenciones.

Pena de muerte

El 8 de mayo, seis presos fueron ejecutados en la horca en la prisión de Pol e Charkhi, en Kabul. Estas ejecuciones se produjeron al hilo de un discurso pronunciado por el presidente Ghani, el 25 de abril —poco después del atentado talibán a gran escala del 19 de abril—, en el que prometió aplicar mano dura, incluida la pena capital, para hacer justicia.

Se temía que, posteriormente, pudiera haber más ejecuciones. Había unas 600 personas condenadas a muerte, muchas de ellas por delitos tales como asesinato. Un buen número de estas personas no habían sido juzgadas con las debidas garantías. A lo largo del año se condenó a muerte a unas 100 personas por delitos como asesinato, violación y terrorismo con resultado de homicidios en masa.

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