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México 2015/2016

Persistía la impunidad por violaciones graves de derechos humanos, como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Más de 27.000 personas permanecían desaparecidas o en paradero desconocido. Continuaban las amenazas, el acoso y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. La cifra de detenciones, expulsiones y denuncias de abusos contra personas migrantes en situación irregular a manos de las autoridades aumentó considerablemente. La violencia contra las mujeres seguía siendo generalizada. Se llevaban a cabo proyectos de desarrollo en gran escala y proyectos de explotación de los recursos naturales sin contar con un marco jurídico sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas. La Suprema Corte de Justicia confirmó el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar niños o niñas.

Información general

En 2015 el presidente Peña Nieto alcanzó la mitad de su mandato de seis años. El Partido Revolucionario Institucional, en el poder, mantuvo la mayoría en las elecciones celebradas para renovar la cámara baja del Congreso; varios estados eligieron gobernadores y otros representantes locales.

En mayo se promulgó una nueva Ley General de Transparencia que reforzaba la protección del derecho de acceso a la información.

El gobierno defendió sus reformas educativas frente a las protestas masivas de sindicatos de docentes y movimientos sociales. Procesó a integrantes de sindicatos de docentes en casos que parecían obedecer a motivos políticos, y en octubre transfirió a cuatro acusados a un centro penitenciario de máxima seguridad.

El plan de seguridad de 10 puntos, anunciado por el presidente Peña Nieto en noviembre de 2014 tras la celebración de manifestaciones multitudinarias contra la desaparición forzada de 43 estudiantes, dio lugar a que varios gobiernos estatales asumieran el control de la policía municipal; además, el Congreso estaba tramitando un proyecto de ley para crear zonas económicas especiales en el empobrecido sur. Seguían pendientes de aplicación otras medidas del paquete, como una nueva legislación sobre la tortura y sobre las desapariciones forzadas.

El porcentaje de personas que vivían por debajo del umbral de pobreza aumentó del 45,5 al 46,2 % entre 2012 y 2014, según datos oficiales publicados en julio. La cifra de personas en situación de extrema pobreza se redujo del 9,8 al 9,5 % durante el mismo periodo.

En abril, la Suprema Corte de Justicia resolvió que la detención preventiva sin cargos (arraigo) durante 40 días —práctica condenada por varios órganos de vigilancia de los tratados— era constitucional en casos de delitos graves.

Policía y fuerzas de seguridad

La violencia relacionada con la delincuencia organizada seguía siendo motivo de honda preocupación. A pesar de que las cifras oficiales informaban de un ligero incremento en el número de homicidios, que pasó de 35.930 entre enero y diciembre de 2014 a 33.017 entre enero y noviembre de 2015, dichas cifras combinaban los homicidios no premeditados y los asesinatos, obviando el hecho de que la cifra media mensual de asesinatos había aumentado. Aunque se desplegaron menos soldados en operaciones destinadas a hacer cumplir la ley, se siguieron atribuyendo numerosas violaciones de derechos humanos a las fuerzas armadas. Había planes para incrementar la presencia de elementos de la Marina que desempeñaran funciones de mantenimiento del orden público.

Las violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas armadas y la policía seguían siendo habituales, especialmente en los estados de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, donde se llevaban a cabo grandes operaciones de seguridad.

En abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la reforma del Código de Justicia Militar de 2014 no cumplía plenamente varias de sus sentencias anteriores, ya que no excluía de la jurisdicción militar las violaciones de derechos humanos cometidas contra miembros de las fuerzas armadas. El Congreso no introdujo en el Código reformas adicionales para ajustarlo a las sentencias de la Corte.

Ejecuciones extrajudiciales

Los autores de ejecuciones extrajudiciales seguían gozando de una impunidad casi absoluta. Por segundo año consecutivo, las autoridades no publicaron estadísticas sobre la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada.

Según información publicada por periodistas, 16 personas desarmadas murieron a manos de agentes de la policía federal y otras fuerzas de seguridad en Apatzingán, Michoacán, en enero. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordenó una investigación sobre estas muertes. Más de 40 personas murieron en mayo en una operación policial en Tanhuato, Michoacán. Las investigaciones sobre esos delitos no se hicieron públicas, y al finalizar el año no se había procesado a nadie.

En junio, la ONG Centro Prodh desveló que la orden militar de “abatir delincuentes” (cuyo significado en ese contexto era “matar”) fue fundamental en las operaciones llevadas a cabo en 2014 en Tlatlaya, estado de México, en las que el ejército mató a 22 presuntos miembros de una banda. Las autoridades afirmaron que se había tratado de un tiroteo con hombres armados, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una comisión especial de investigación del Congreso concluyeron por separado que la mayoría de los fallecidos habían sido abatidos cuando ya no representaban una amenaza. Siete soldados fueron arrestados, pero sólo tres seguían encarcelados en espera de juicio al concluir el año. La Procuraduría General de la República no investigó a ningún oficial del ejército ni a otras personas con responsabilidad de mando que no habían impedido ni detenido dichos delitos.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados en el desempeño de los agentes de investigación y los encargados de hacer cumplir la ley, y apenas se avanzó en su erradicación. Las autoridades negaban la magnitud del problema, mientras persistían las denuncias de tortura tanto en el ámbito federal como estatal. El gobierno no pudo proporcionar información en relación con cargos presentados o condenas impuestas en el ámbito federal. En abril, tres policías fueron acusados de tortura en el estado de Baja California; los cargos fueron sobreseídos por un juez, y el Ministerio Público apeló contra ese sobreseimiento.

Se anunciaron novedades legislativas y políticas para hacer frente a la tortura, entre ellas la publicación de unas directrices de la Procuraduría General de la República para la investigación interna de la tortura. El 10 de diciembre, el presidente Peña Nieto presentó al Congreso una iniciativa de Ley General contra la Tortura, consecuencia de una reforma constitucional que permitía al Congreso legislar sobre la tortura y las desapariciones en los ámbitos tanto federal como estatal.

Como en años anteriores, en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses especializados de la Procuraduría General de la República para supuestos de posible tortura; había más de 1.600 peticiones pendientes de tramitación.1 En general, los funcionarios no aplicaban el procedimiento dispuesto en los principios del Protocolo de Estambul. En muchos casos, sin un dictamen médico oficial, las investigaciones de los casos de tortura y otros malos tratos no avanzaban. Los expertos médicos independientes seguían encontrando obstáculos para desempeñar su trabajo y para que sus dictámenes fueran admitidos como prueba en procesos penales.

En septiembre, en su primera resolución relativa a México, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura concluyó que, en 2009, la tortura a manos de soldados de cuatro hombres, que habían sido acusados de delitos entre los que figuraba el secuestro, había violado la Convención de la ONU contra la Tortura. Tras la resolución, los cuatro hombres fueron absueltos de todos los cargos; sin embargo, al concluir el año los soldados no habían sido acusados formalmente.

Desapariciones forzadas

Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo una práctica generalizada. Al terminar el año, el gobierno informó de que 27.638 personas (20.203 hombres y 7.435 mujeres) se hallaban en paradero desconocido, pero no especificó cuántas de ellas habían sido sometidas a desaparición forzada. Por lo general, las pocas investigaciones criminales sobre esos casos presentaban deficiencias, y las autoridades no buscaban a las víctimas. La impunidad por esos crímenes seguía siendo casi absoluta. En octubre, la procuradora general de la República creó una Fiscalía Especializada para que se encargara de los casos de personas desaparecidas o en paradero desconocido.

Varios grupos de víctimas y familiares, junto con organizaciones de derechos humanos, abrieron un debate nacional y presentaron una serie de propuestas para su inclusión en la Ley General sobre Desapariciones Forzadas. El 10 de diciembre, el presidente Peña Nieto envió al Congreso un proyecto de ley que no cumplía las normas internacionales.

En enero, el entonces procurador general de la República volvió a afirmar que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero, que habían sido sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 y seguían en paradero desconocido, habían sido asesinados, incinerados y arrojados a un río. Se identificaron los restos mortales de un estudiante, pero el paradero de los otros 42 seguía sin revelarse. En septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determinó que la investigación presentaba graves deficiencias y que las condiciones del lugar hacían imposible que se hubieran podido incinerar los cadáveres del modo descrito por las autoridades. El GIEI confirmó que unos agentes de inteligencia militar vestidos de civil habían seguido y vigilado a los estudiantes durante los ataques y las detenciones, y que las autoridades municipales, estatales y federales habían estado al corriente de dichos ataques. Al concluir el año, un centenar de personas habían sido arrestadas y estaban siendo juzgadas, pero no se había acusado a ninguna de ellas de desaparición forzada.

Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos

Los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron siendo víctimas de amenazas, hostigamiento, agresiones y asesinatos. Las personas que defendían el medio ambiente y los derechos a la tierra continuaban corriendo especial peligro. Varios periodistas que trabajaban en temas relacionados con el estado de Veracruz fueron asesinados. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (mecanismo federal) carecía de recursos y coordinación, lo que daba lugar a que los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas no recibieran protección adecuada. Tres años después de la creación del Mecanismo se estableció la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis. La cifra de peticiones de protección en virtud del Mecanismo se mantuvo constante, y aproximadamente el 90 % de las peticiones eran aceptadas. Persistía la impunidad por amenazas y agresiones.

En junio, el periodista maya Pedro Canche fue puesto en libertad tras pasar nueve meses detenido en espera de juicio por cargos infundados de sabotaje, presentados contra él como represalia por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Otros periodistas continuaron sufriendo el hostigamiento de las autoridades, y algunos de ellos huyeron de sus lugares de residencia o abandonaron su trabajo por temor a las represalias. En julio, el reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Dominique Vera Pérez y tres mujeres más aparecieron sin vida en un apartamento de Ciudad de México. Tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera habían abandonado el estado de Veracruz meses antes a causa de amenazas.

Libertad de reunión

La Suprema Corte de Justicia seguía analizando la impugnación de la Ley de Movilidad de Ciudad de México de 2014. Dicha ley amenazaba la libertad de reunión pacífica por medios tales como un régimen de autorización previa para la celebración de manifestaciones, la falta de disposiciones sobre manifestaciones espontáneas y la facultad del gobierno de prohibir la celebración de protestas en lugares específicos. Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales presentaron ante la Corte un informe conjunto de amicus curiae en el que alegaban que algunas disposiciones de la ley violaban las normas del derecho internacional.

Violencia contra las mujeres y las niñas

La violencia contra las mujeres y las niñas seguía siendo endémica, e incluía homicidios, secuestros y violencia sexual. El Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres anunció por primera vez la activación de un mecanismo de “Alerta de Género” en el estado de Morelos y en áreas del estado de México. La “Alerta de Género” estaba concebida para movilizar a las autoridades en la lucha contra la extendida violencia de género y obtener de ellas una respuesta oficial eficaz frente a los casos de violencia.

En julio, cinco hombres fueron condenados a cadenas perpetuas múltiples por el secuestro, la explotación sexual y el homicidio en Ciudad Juárez —localidad fronteriza con Estados Unidos— de 11 mujeres cuyos restos mortales fueron hallados en 2012 en el desierto que rodea la ciudad. La sentencia del tribunal reconocía el carácter endémico de la violencia de género en la zona, y ordenaba nuevas investigaciones para determinar la implicación de otras personas en esos delitos.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las personas migrantes y solicitantes de asilo que atravesaban México continuaban siendo víctimas de secuestros colectivos, extorsión, desapariciones y otros abusos a manos de grupos de delincuencia organizada, que a menudo actuaban en connivencia con agentes estatales. La mayoría de los secuestros de los que se tuvo noticia tuvieron lugar en el estado de Tamaulipas. Persistían los ataques masivos de grupos delictivos contra personas migrantes en todo el país sin que se emprendiera ninguna investigación adecuada, y sin que las víctimas tuvieran acceso a la justicia y la reparación. En junio, varios hombres armados atacaron a un grupo de aproximadamente 120 personas migrantes centroamericanas en el estado de Sonora; al terminar el año no se había llevado a cabo ninguna investigación. Una comisión de expertos forenses creada en 2013 para identificar los restos mortales de las personas migrantes masacradas en San Fernando, Tamaulipas, y municipios cercanos informó sobre la identificación de las víctimas a sus familiares en Centroamérica. Las autoridades siguieron obstaculizando el trabajo de la Comisión reteniendo información y complicando la entrega de los restos mortales a las familias.

El flujo de personas refugiadas y migrantes desde Centroamérica continuó aumentando; muchas de ellas abandonaban sus países huyendo de la violencia.

La aplicación del Plan Frontera Sur dio lugar a un incremento de las expulsiones y detenciones de personas migrantes que entraban en el país. Hasta noviembre, 178.254 personas migrantes en situación irregular habían sido capturadas y detenidas por el Instituto Nacional de Migración, frente a las 127.149 de 2014; sin embargo, este aumento no se vio reflejado en un incremento proporcional del número de solicitudes de asilo concedidas. México superó a Estados Unidos en expulsiones de personas migrantes provenientes de Centroamérica. Se registraron denuncias de que las autoridades de migración, la policía y el ejército llevaban a cabo operaciones conjuntas de mano dura a lo largo de toda la frontera sur de México.

Derechos de los pueblos indígenas

El país seguía sin contar con un marco jurídico sobre el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado respecto a los proyectos de infraestructura que afectaran a sus tierras y a su modo de vida tradicional. Dos líderes indígenas yaquis que habían sido encarcelados por protestar contra la construcción de un acueducto fueron puestos en libertad por falta de pruebas. No obstante, el acueducto siguió funcionando aun después de que una autoridad antropológica nacional concluyera que amenazaba la supervivencia de la comunidad indígena.

Escrutinio internacional

El gobierno reaccionó con dureza ante las críticas internacionales sobre su historial de derechos humanos. En marzo se cuestionó públicamente al relator especial de la ONU sobre la tortura después de que publicara un informe que describía la tortura como una práctica generalizada en el país. El gobierno declaró que el informe sobre México del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada “no aporta[ba] elementos adicionales” para abordar el problema.

En mayo, la Suprema Corte de Justicia resolvió que el país no tenía obligación de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con las restricciones de los derechos humanos contenidas en la Constitución. El fallo contravenía el derecho internacional y amenazaba con perpetuar violaciones de derechos humanos como el arraigo.

En septiembre, por primera vez desde 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó México para evaluar la situación de los derechos humanos. En sus observaciones preliminares, la Comisión subrayó, entre otras cosas, los problemas relativos a la tortura, las desapariciones forzadas, la violencia contra las mujeres y las ejecuciones extrajudiciales, y expresó preocupación por la impunidad de esos delitos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos visitó el país con un propósito similar y declaró que había “un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México”.

  1. Promesas en el papel, impunidad diaria. La epidemia de tortura en México continúa (AMR 41/2676/2015)

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