La represión de la disidencia, en particular contra miembros y simpatizantes de la oposición, se intensificó durante el periodo electoral. Las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza ilícita y letal contra manifestantes: mataron a centenares de personas e hirieron a miles. La comisión de investigación sobre los homicidios no publicó ninguna conclusión. Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de las personas críticas o presuntamente críticas con el gobierno se vieron seriamente menoscabados. Se sometió a desaparición forzada a miembros tanto de partidos de la oposición como del partido en el poder, mientras que el líder opositor Tundu Lissu fue acusado de traición. Dos activistas extranjeros (un hombre y una mujer) fueron sometidos a tortura y otros malos tratos. Las autoridades demolieron ilegalmente propiedades pertenecientes al pueblo indígena masái en la Zona de Conservación de Ngorongoro. Seguía pendiente la decisión de la Corte de Justicia de África Oriental sobre un recurso presentado por varias ONG regionales que impugnaba la legalidad del proyecto del Oleoducto de Crudo de África Oriental.
Leer másRetiene la pena de muerte en la legislación pero no ha llevado a cabo ejecuciones en al menos 10 años
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
Informes, documentos informativos, declaraciones, contribuciones escritas para OIG y otros recursos de los equipos de investigación de Amnistía.