Las fuerzas de seguridad seguían gozando de impunidad por ejecuciones extrajudiciales, homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas. Se violaba el derecho de reunión pacífica; las autoridades mataron al menos a 57 manifestantes en un intento de reprimir la disidencia. Las autoridades no tomaron medidas para proteger el derecho a la vida. Se aplazaron en repetidas ocasiones los juicios de agentes de policía acusados de homicidios ilegítimos. Los derechos de las personas LGBTI estaban amenazados por un proyecto de ley homófobo. Las reformas fiscales de carácter radical y el alza del costo de la vida amenazaban la capacidad de la población keniana para subsistir. La propuesta de aumento de las contribuciones individuales al seguro sanitario menoscababa el derecho a la salud de quienes no podían costearlas. Un total de 5 millones de personas estaban en riesgo de inseguridad alimentaria debido a la prolongada sequía. El gobierno no propició el derecho a la privacidad de miles de ciudadanos y ciudadanas kenianos que, sin ser conscientes de ello, habían vendido información privada a la empresa WorldCoin. El Parlamento dio pasos para abolir la pena de muerte.
Leer másRetiene la pena de muerte en la legislación pero no ha llevado a cabo ejecuciones en al menos 10 años
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
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