El gobierno acordó aplicar la mayoría de las recomendaciones de la Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparación, incluido el enjuiciamiento del expresidente Yahya Jammeh por violaciones de derechos humanos cometidas durante su mandato. La libertad de expresión de quienes criticaban al gobierno estaba amenazada. La policía usó fuerza excesiva contra manifestantes. Las mujeres seguían estando infrarrepresentadas en el ámbito político y en los medios de comunicación. Las prisiones seguían teniendo una ocupación muy superior a su capacidad, y las personas permanecían periodos excesivamente prolongados recluidas en espera de juicio. Al menos cinco hombres fueron condenados a muerte.
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